SOFÍA LÓPEZ - OURENSE El subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo Ocampo, presidió en la mañana de ayer la Comisión Mixta Provincial de Coordinación de Seguridad Privada. El funcionamiento de este organismo está regulado por la Orden de 26 de junio de 1995 que define como sus funciones la coordinación entre administración, fuerzas de seguridad y colectivos de trabajadores de seguridad privada y empresas obligadas a medidas de seguridad.
Dentro de este marco legislativo y de actuación, la reunión de ayer tuvo como finalidad el intercambio de experiencias entre los sectores implicados y la revisión de los criterios de coordinación. En este sentido, la Comisión acordó avanzar en una mayor colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad, y empresas de seguridad privada.
Avances técnicos
En el encuentro también se acordó exigir un mayor control de los criterios de calidad y las exigencias legales en el asesoramiento para las instalaciones de seguridad privada, ya que según explican desde la Subdelegación, este órgano tiene entre sus funciones conocer e informar sobre los avances técnicos en medidas de seguridad.
Cabe destacar así, que el Consejo de Ministros del 26 de febrero aprobó la actualización del Reglamento de Seguridad Privada por el que se fija que sólo estarán sujetas a la normativa de seguridad privdada las empresas que se dediquen a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que se hallen conectados a centrales de alarma, puesto que dicha actividad está íntimamente ligada al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mantenimiento de la seguridad pública, que constituye el objeto esencial de la seguridad privada.
Según explicaban en la reunión de ayer, dicha actividad sólo podrá seguir siendo realizada por las empresas de seguridad que estén debidamente autorizadas. Asimismo, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas (y estarán sometidos, por lo tanto, a la legislación de seguridad privada) los denominados “centros de control o de vídeo vigilancia”.
En este sentido, en la reunión de ayer recordaban que se entiende por dichos centros los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento. Además, suelen estar instalados en lugares públicos y deben estar controlados obligatoriamente por personal de seguridad privada.
Durante la reunión de ayer, según explicaron al término de la misma, se revisaron además las exigencias legales impuestas por el cambio de Reglamento de Explosivos sobre todo en materia de almacenaje y transporte. El artículo 211 en su apartado 4 de dicho Real Decreto, define la protección de explosivos a través de un servicio de vigilantes de seguridad, aspecto que fue visto por la Comisión.
Integrantes de la Comisión
La Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada está constituida por el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Barrera, acompañado por los jefes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y del Grupo Provincial de Seguridad Privada; el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, José Francisco Martínez García, acompañado por los responsables de explosivos y Policía Judicial; el representante de trabajadores (vigilantes) de empresas de seguridad, Enrique Rial Gonzáles.
Al encuentro de ayer acudieron también el representante de la Fegamp, Avelino de Francisco; el representante de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Francisco Javier Cid Quintas, y el director de seguridad de Caixanova, Antonio Hermida García.
En representación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y de los trabajadores de entidades obligadas a medidas de seguridad, acudieron Antonio López y Javier Castro, respectivamente, así como el vicepresidente de la Federación Provincial de Caza, Xosé Castro, y el representante de los joyeros, Francisco Blanco.
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Dentro de este marco legislativo y de actuación, la reunión de ayer tuvo como finalidad el intercambio de experiencias entre los sectores implicados y la revisión de los criterios de coordinación. En este sentido, la Comisión acordó avanzar en una mayor colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad, y empresas de seguridad privada.
Avances técnicos
En el encuentro también se acordó exigir un mayor control de los criterios de calidad y las exigencias legales en el asesoramiento para las instalaciones de seguridad privada, ya que según explican desde la Subdelegación, este órgano tiene entre sus funciones conocer e informar sobre los avances técnicos en medidas de seguridad.
Cabe destacar así, que el Consejo de Ministros del 26 de febrero aprobó la actualización del Reglamento de Seguridad Privada por el que se fija que sólo estarán sujetas a la normativa de seguridad privdada las empresas que se dediquen a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que se hallen conectados a centrales de alarma, puesto que dicha actividad está íntimamente ligada al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mantenimiento de la seguridad pública, que constituye el objeto esencial de la seguridad privada.
Según explicaban en la reunión de ayer, dicha actividad sólo podrá seguir siendo realizada por las empresas de seguridad que estén debidamente autorizadas. Asimismo, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas (y estarán sometidos, por lo tanto, a la legislación de seguridad privada) los denominados “centros de control o de vídeo vigilancia”.
En este sentido, en la reunión de ayer recordaban que se entiende por dichos centros los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento. Además, suelen estar instalados en lugares públicos y deben estar controlados obligatoriamente por personal de seguridad privada.
Durante la reunión de ayer, según explicaron al término de la misma, se revisaron además las exigencias legales impuestas por el cambio de Reglamento de Explosivos sobre todo en materia de almacenaje y transporte. El artículo 211 en su apartado 4 de dicho Real Decreto, define la protección de explosivos a través de un servicio de vigilantes de seguridad, aspecto que fue visto por la Comisión.
Integrantes de la Comisión
La Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada está constituida por el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Barrera, acompañado por los jefes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y del Grupo Provincial de Seguridad Privada; el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, José Francisco Martínez García, acompañado por los responsables de explosivos y Policía Judicial; el representante de trabajadores (vigilantes) de empresas de seguridad, Enrique Rial Gonzáles.
Al encuentro de ayer acudieron también el representante de la Fegamp, Avelino de Francisco; el representante de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Francisco Javier Cid Quintas, y el director de seguridad de Caixanova, Antonio Hermida García.
En representación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y de los trabajadores de entidades obligadas a medidas de seguridad, acudieron Antonio López y Javier Castro, respectivamente, así como el vicepresidente de la Federación Provincial de Caza, Xosé Castro, y el representante de los joyeros, Francisco Blanco.
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