Las nuevas medidas con las que el Gobierno quiere ahorrar 15.000 millones

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy en el Congreso que va a reducir el sueldo de los funcionarios una media del 5% este año y que no los subirá en 2011; congelará las pensiones el próximo ejercicio y suprimirá la ayuda de 2.500 euros por nacimiento, el conocido como el cheque-bebé, desde el 1 de enero. Con este conjunto de nueve medidas, que se completan con otra bajada de sueldo del 15% entre los miembros del Gobierno, cambios en las prestaciones de la Dependencia o recortes en la inversión pública y la ayuda al desarrollo, entre otras, el Ejecutivo calcula que será capaz de cumplir el nuevo objetivo de reducción del déficit en cinco puntos del PIB de aquí al próximo diciembre. Además, junto a este conjunto de actuaciones, ha dejado la puerta abierta a subir los impuestos a las rentas más altas.

1 Sector público: 4.000 millones Se reduce la retribución del personal del sector público de media un 5% en 2010 y se congela para 2011, año en el que se consolidará esta rebaja. Es decir, que la reducción también se aplicará a la partida total del próximo ejercicio para pagar a los funcionarios, policías, bomberos, personal sanitario y todo el personal dependiente de las Administraciones Públicas, ya sean del Estado o las comunidades. Eso sí, no será igual para todos. Según ha explicado Zapatero, la medida será proporcional a los ingresos, por lo que afectará más a los salarios más altos. El Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%. En total, calcula que este tijeretazo le permitirá ahorrar 2.400 millones este año, cifra que ascendería a 3.000 millones si el Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos, que tienen potestad para decidir los sueldos de sus empleados, al igual que el Poder Judicial, toman ejemplo de esta medida. A lo largo de la aplicación de la medida, 2010 y 2011, el total de dinero que se dejaría de gastar asciende a unos 4.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones.
La decisión, sin embargo, pone en duda el pacto firmado entre este colectivo, que agrupa a 2,5 millones de trabajadores, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y que permitió subir un 0,3% los sueldos a principios de este año con la condición de mantenerlos sin cambios el próximo y abonar la inflación con carácter de retroactividad a partir de 2012. Estas medidas se suman a la reducción de la tasa de reposición prevista en el plan presentado hace unos meses y que fija que por cada 10 funcionarios que se jubilen solo será sustituido uno.
Del total de 2,6 millones de trabajadores públicos, 1.345.577 corresponden a la administración de las comunidades autónomas, 627.092 a la local, 583.447 a la estatal y 102.894 a las universidades.
2 Pensiones: 1.500 millones Se suspende para 2011 la revalorización de pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas. La actualización de las prestaciones por jubilación en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo ha estado garantizada por ley durante los últimos 25 años. Del total de beneficiarios, 8,6 millones de españoles, un 30% cobra las pensiones mínimas, con lo que los que se verán afectados por la medida son unos 6 millones de personas. No equiparar las prestaciones con la evolución de los precios permitirá ahorrar el próximo año 1.500 millones de euros, pero también supone una pérdida de poder adquisitivo. Las proyecciones sobre la inflación, que fija Bruselas, recuperan el aumento oficial del 2% de los precios para 2011.
3 Jubilación: Se elimina el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Hace dos años se endureció la normativa sobre las personas que pueden reducir su jornada antes de jubilarse a los 65 años y completar sus ingresos con cargo a las arcas de la Seguridad Social. No obstante, su aplicación, como es habitual en todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social, se fijó de forma gradual. Ahora, no obstante, se elimina, con lo que las condiciones aprobadas en 2007 -tener más de 61 años, reducción máxima de la jornada al 75%, antigüedad mínima de seis años en la empresa o mínimo de 30 años de cotización, entre otras- entrarán en vigor y serán de obligado cumplimiento.
4 Cheque-bebé: 1.500 millones Se elimina la prestación de 2500 euros por nacimiento, conocido como el cheque-bebé, desde el 1 de enero 2011. Hasta ahora, el Gobierno había mantenido su apuesta por esta ayuda, que se aplica de forma discreccional independientemente de las rentas de los beneficiados, pese a la situación de las finanzas públicas. Según recuerdan, fue puesta en marcha en un momento en el que se quería impulsar el aumento de la población y había un elevado superávit fiscal. El año pasado, esta prestación tuvo un coste de unos 1.500 millones de euros, similar al de 2008, y medio millón de beneficiarios.
5 Medicamentos: Con vistas a reducir aún más el gasto farmacéutico, se adecuará el número de unidades en los envases a la duración de los tratamientos. También será posible la dispensación de medicamentos en unidosis mediante fraccionamiento de envases para que el paciente pueda comprar así la cantidad exacta que precise.
6 Dependencia: Dentro de la Ley de Dependencia, uno de los baluartes del Gabinete de Zapatero, se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación. No obstante, el Gobierno se compromete al mismo tiempo a que todas las solicitudes se resuelvan en un plazo de seis meses para minimizar el impacto económico de esta medida. Además, los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años. Hasta ahora, cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud. Ahora, el Ejecutivo defiende que "no tendrá sentido" esta retroactividad, porque no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones.
7 Ayuda oficial al desarrollo: 600 millones El Gobierno reducirá en 600 millones de euros entre 2010 y 2011 la ayuda oficial al desarrollo. Esta partida ya se ha visto reducida en un 1% en 2009 con 4.836,95 millones de euros. Pese a ello, España siendo el sexto país donante, por detrás de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, y Japón.
8 Inversión pública: 6.045 millones Reducción de 6.045 millones en inversión pública estatal durante los dos próximos años que se suman al recorte de 5.000 millones para 2010 ya incluido en el Plan de Austeridad. Según ha admitido José Blanco, el titular del Ministerio de Fomento, el departamento más afectado por esta decisión y que ya había tenido que ajustar sus cuentas con el primer objetivo de recorte del déficit, la reducción en la inversión supondrá un retraso en las obras acordadas de un máximo de un año y una media de seis meses. No obstante, aquellas infraestructuras cuya ejecución se encuentra muy avanzada, como es el caso de la línea de AVE Madrid-Valencia, que está prevista que entre en funcionamiento a finales de año, no parece que vayan a sufrir demora.
9 Comunidades autónomas y ayuntamientos: 1.500 millones Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, que deciden sobre el 36% de los gastos del Estado, tendrán que apretarse aún más el cinturón. Si en enero ya se les asignaba un ahorro de 10.000 millones, ahora esta cifra aumenta en 1.200 millones. Por otra parte, también deberán reducir el sueldo a sus funcionarios una vez que el Gobierno apruebe el decreto ley que autoriza el recorte en un 5% de media de esta partida de gasto. Si bien en caso de subida los Gobiernos autonómicos pueden aporta algún complemento que mejore las retribuciones, en el sentido inversor, una bajada les obliga por ley a aceptarla.
10 Subir los impuestos a las rentas altas: Dentro del capítulo de anuncios, Zapatero ha dejado la puerta abierta a nuevas medidas fiscales, que podrían incluir más subidas de impuestos. El presidente ha asegurado que el Gobierno es "plenamente sensible" en el reparto de los esfuerzos y que los que más capacidad tienen deben hacer un esfuerzo "mayor", lo que apunta a que las modificaciones irían centradas en las rentas altas o en los impuestos al capital. El Ejecutivo, ha añadido, hablará con los grupos políticos sobre esta posibilidad, aunque ha reconocido que este diálogo será más fácil "con unos que con otros".
Según ha adelantado Zapatero, el próximo viernes, el Gobierno aprobará todas estas medidas para su entrada en vigor inmediata. Asimismo, también dará su visto bueno al Techo de Gasto para los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Por culpa de estos recortes del gasto público, el Ejecutivo ha reconocido que el crecimiento del año que viene será menor del que había previsto hasta la fecha, del 1,8%. Además, sin la revisión, esta proyección ya era mucho más optimista que la de organismos como el FMI, el Banco de España o la Comisión Europea, que calculan un alza de entre el 0,8% y el 0,9%.
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Los sindicatos han criticado duramente las medidas para reducir el déficit anunciadas esta mañana por el Gobierno, que entienden como "un recorte social" que se ceba con los sectores más débiles. Las dos mayores centrales, UGT y CC OO, no han puesto fecha a las movilizaciones, pero sí han subrayado que las consideran "muy probables". Quien sí ha llamado a la movilización ha sido IU, que ha recordado que "ya no tienen excusas" para mantener su idilio con el Gobierno. De producirse una huelga general, sería la primera en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. La última protesta masiva se produjo el 20 de junio de 2002 contra la propuesta de reforma del desempleo de José María Aznar.

El líder de UGT, Cándido Méndez, en una primera valoración en la cadena SER, ha dicho que "se confirma el propósito del Gobierno de imponer un ajuste duro" que afectará a miles de familias españolas. El anuncio de la reducción del sueldo de los funcionarios en 2010 y su congelación en 2011, la supresión del cheque bebé, la reducción del gasto social y de la ayuda al desarrollo supone, para este sindicato, "una quiebra del discurso político" de José Luis Rodríguez Zapatero, y "un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales". En todo caso, Méndez espera que el diálogo social no se vea afectado, pero lo ve "muy difícil" por "el conflicto social" que este plan provocará.
Preguntado por la actitud que adoptará el sindicato, Méndez no ha querido avanzar si tomarán medidas de presión como huelgas generales porque deben evaluar la situación "con mucho detenimiento", pero sí ha apuntado que en el ámbito de la función pública "es indiscutible que estas medidas son muy duras" y suponen "el incumplimiento de un acuerdo en vigor" al reducir el 5% sus salarios. También ha destacado por su gravedad la suspensión de la revalorización de las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas. Posteriormente, en un acto público, ha declarado a los periodistas que "con toda probabilidad" habrá movilizaciones en las próximas semanas en contra del "recorte social" del Gobierno.
USO llama a una contestación conjunta
El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha tildado de "injusto" y "antieconómico" el plan del Gobierno. En una rueda de prensa, Toxo ha afirmado que el presidente del Gobierno conoce el rechazo frontal de su sindicato y le ha dicho que tiene tiempo para rectificar hasta el viernes, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar estas medidas en el Consejo de Ministros, porque hay otras alternativas a lo que propone. De no ser así, habrá protestas, ya que las medidas merecen una contestación "masiva" de los trabajadores, aunque no ha querido concretar de momento en qué forma o momento se producirá esta respuesta.
Mucho más claramente y con más contundencia se ha pronunciado IU. Para el líder de la coalición, Cayo Lara, habrá movilizaciones porque "Zapatero ha traspasado una raya roja" con unas medidas que son "de ajuste duro" e "impropias de un Gobierno que se llama socialista". Su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, que ha dicho que la propuesta de ajuste es "un golpe de los mercados financieros al estado de bienestar europeo" y un "ajuste antisocial que se ceba con los más débiles y que requiere una fuerte contestación social". En declaraciones en los pasillos del Congreso, Llamazares ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haya "renunciado a una salida de la crisis desde la izquierda", apostando por recortar en gasto social y por una estrategia que, desde su punto de vista, "va también contra la democracia europea". El coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, ha añadido que los sindicatos "ya no tienen excusas" para promover una gran movilización y ha llamado a la "rebeldía, a la huelga general" contra el "robo de Zapatero" a los más débiles.
Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha rechazado las medidas, ya que implican que los ciudadanos paguen la crisis de las cuentas públicas que han causado los gobernantes, y ha emplazado a CC OO y a UGT a dar de forma unitaria una "respuesta contundente" en la calle. En un comunicado, afirma que "el ajuste se produce siempre por la parte más débil". "La actuación del Gobierno pone de manifiesto la falta de un programa en el corto y medio plazo, su falta de credibilidad ante las instituciones comunitarias y cómo han venido negando lo que todos preveíamos y veníamos denunciando", añade. La USO considera además que el ajuste debería comenzar por eliminar de La Moncloa "a los cerca de 700 asesores que no han asesorado nada y que han errado en todos los diagnósticos"; por educir el número de ministerios; y por aplicar una reforma fiscal en profundidad y por la lucha contra el fraude fiscal.
El sindicato CSI-CSIF también estudiará llevar a cabo medidas "legales" y movilizaciones. Su presidente considera que la reducción de los salarios a los sindicatos es "muy grave", "injusta" e "ineficaz". Frente al torrente de críticas, el PSOE confía en que la ciudadanía entienda la necesidad de aplicar el recorte y no teme que los sindicatos convoquen una huelga general ni tampoco que los recortes se traduzcan en un castigo electoral. Así lo han comentado varios diputados socialistas y miembros del partido como el diputado Antonio Hernando, que considera que se trata de una decisión "valiente" y "responsable", unas medidas "difíciles y duras para un Gobierno socialista" pero que son "absolutamente necesarias". Por su parte, el PP vaticina que se iniciará una etapa de contestación social e inestabilidad parlamentaria que puede provocar un cierre anticipado de la legislatura.
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