Vigilantes V.S.
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Creí que había un problema con Correos y, por eso, los expedientes que remitíamos a la Dirección Insular desde la Comisaría Nacional de Policía de Arrecife con las propuestas sancionadoras a las empresas que incumplían el reglamento de Seguridad Privada no llegaban a esa administración, motivo por el que no veíamos el final del procedimiento ni tampoco teníamos la posibilidad de ratificarnos en el proceso que habíamos iniciado en contra de las entidades denunciadas, cosa que ocurría durante algún tiempo y comenté a mis superiores".
Esas manifestaciones son parte de la declaración que efectuó ayer, mediante videoconferencia y en calidad de testigo, ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, el funcionario policial que denunció en 2005 el archivo irregular por parte del ex secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, Fernando Rodríguez, de cinco denuncias tramitadas por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría de Arrecife contra Aena y la entidad mercantil Puerto Calero S.L. Ambas entidades habían contratado, supuestamente, personal no habilitado para ejercer la seguridad privada.
Este viernes se celebró la segunda y última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, en el que se procesó a Rodríguez, que está acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa.
El demandante, que era subinspector del Grupo Operativo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en el momento que ocurrieron los hechos (2004), aseguró que optó "por llevar en mano los expedientes hasta la Dirección Insular para que quedara claro que llegaban a esa administración, donde me sellaban las copias de lo que llevaba".
El denunciante discrepó de la versión dada por el ex secretario el miércoles, que se excusó en el exceso de carga de trabajo que tenía la Dirección Insular entre 2004 y 2006 (periodo que coincidió con el boom de la inmigración irregular) para dar archivo a los expedientes.
El abogado de la defensa, Marcial Francisco Hernández, solicitó la absolución para su cliente argumentando que "no hay responsabilidad penal" en la forma de proceder de su defendido al archivar las denuncias.
"¿Dónde está la resolución? El documento no dice que ésa sea una resolución definitiva. Se ha interpretado así, pero no existe. Mi cliente no ha actuado de mala fe. Lo que sí ha habido en su actuación ha sido un defecto de forma nulo de pleno derecho, que se debió haber corregido con un acto administrativo, vía que no se había agotado aún".
La fiscal elevó a definitivas sus calificaciones de solicitar para el acusado (jubilado el pasado 22 de abril de su vida laboral tras cincuenta años como funcionario público) una pena de nueve años de inhabilitación, toda vez que quedó demostrado que adoptó una decisión sin tener competencias para ello, "algo que es realmente escandaloso".
Esas manifestaciones son parte de la declaración que efectuó ayer, mediante videoconferencia y en calidad de testigo, ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, el funcionario policial que denunció en 2005 el archivo irregular por parte del ex secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, Fernando Rodríguez, de cinco denuncias tramitadas por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría de Arrecife contra Aena y la entidad mercantil Puerto Calero S.L. Ambas entidades habían contratado, supuestamente, personal no habilitado para ejercer la seguridad privada.
Este viernes se celebró la segunda y última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, en el que se procesó a Rodríguez, que está acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa.
El demandante, que era subinspector del Grupo Operativo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en el momento que ocurrieron los hechos (2004), aseguró que optó "por llevar en mano los expedientes hasta la Dirección Insular para que quedara claro que llegaban a esa administración, donde me sellaban las copias de lo que llevaba".
El denunciante discrepó de la versión dada por el ex secretario el miércoles, que se excusó en el exceso de carga de trabajo que tenía la Dirección Insular entre 2004 y 2006 (periodo que coincidió con el boom de la inmigración irregular) para dar archivo a los expedientes.
El abogado de la defensa, Marcial Francisco Hernández, solicitó la absolución para su cliente argumentando que "no hay responsabilidad penal" en la forma de proceder de su defendido al archivar las denuncias.
"¿Dónde está la resolución? El documento no dice que ésa sea una resolución definitiva. Se ha interpretado así, pero no existe. Mi cliente no ha actuado de mala fe. Lo que sí ha habido en su actuación ha sido un defecto de forma nulo de pleno derecho, que se debió haber corregido con un acto administrativo, vía que no se había agotado aún".
La fiscal elevó a definitivas sus calificaciones de solicitar para el acusado (jubilado el pasado 22 de abril de su vida laboral tras cincuenta años como funcionario público) una pena de nueve años de inhabilitación, toda vez que quedó demostrado que adoptó una decisión sin tener competencias para ello, "algo que es realmente escandaloso".
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