Siete años de inhabilitación al secretario de la Dirección Insular por archivar multas a Aena y Puerto Calero

Ambas entidades podían haber sido sancionadas con 35.000 euros


Siete años de inhabilitación al secretario de la Dirección Insular por archivar multas a Aena y Puerto Calero




El Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife ha condenado a siete años de inhabilitación al que fue secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, Fernando Rodríguez, por un delito de prevaricación al haber archivado de forma irregular y sin motivación alguna cinco sanciones contra Aena y Puerto Calero.
M. Riveiro
[Miércoles, 9 de junio de 2010] [20.10]



La sentencia del Juzgado de lo Penal considera probado que el funcionario, que era el instructor de los expedientes de infracción en materia de seguridad privada, acordó el archivo de las actuaciones abiertas a instancias de la Policía Nacional “a sabiendas de la injusticia y arbitrariedad” que cometía.

Además, la sentencia deja claro que el archivo de los expedientes sancionadores, que en total podían haber su puesto multas de casi 35.000 euros, los llevó a cabo el entonces secretario de la Dirección Insular sin tener “competencia alguna” para ello y sin notificar a la Policía Nacional para ni siquiera ratificar las denuncias.

Uno de los expedientes (todos fueron incoados el 18 de marzo de 2004), se inició por una denuncia de la Policía contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) “por tener contratado personal para el desempeño del servicio de seguridad” del aeropuerto de Lanzarote sin estar “habilitado” para ejercer esa función. Se pedía una multa de 900 euros.

Los otros cuatro expedientes –uno de los cuales se extravió- iban dirigidos contra Puerto Calero SL por infracciones en materia de seguridad privada. En concreto, porque la sociedad realizaba el servicio de vigilancia en el puerto deportivo sin estar autorizada “como empresa de seguridad por la Dirección General de Policía” y tenía personal sin la “titulación reglamentaria”.

La sentencia destaca que “casualmente” en los archivos irregulares de los expedientes sancionadores iniciados contra Puerto Calero figuraba no sólo la firma del ex secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado sino también el visto bueno del entonces director insular, Juan Prats Melero, “tío carnal del administrador de la entidad sancionada”.

Condena

Para la jueza María Jesús Hernández Elvira, el funcionario cometió un delito de prevaricación administrativa, lo que acarrea una condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público. Aunque la sentencia se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, Fernando Rodríguez tiene ya 70 años y ha concluido su trayectoria profesional en la administración pública.

Más detalles

ESPALDAS. La sentencia señala que el hecho de que en los expedientes archivados de forma irregular a Puerto Calero se hiciera constar también la firma del director insular, “familiar directo de las personas físicas que forman la mencionada mercantil”, sólo tenía como efecto “guardarse las espaldas”.

PRESUNCIÓN. Esta precaución, supone la sentencia, la hizo el funcionario “dado que presumiblemente la petición de que dichos expedientes se archivaran procedía del director insular, al que si bien inicialmente se le tomó declaración en calidad de acusado, no se siguió finalmente acusación contra él”.

CORTESÍA. El funcionario reconoció que “metió la pata en su afán de justicia” y manifestó que “las denuncias se tramitaban a boleo, que trataba de quitarse papel”. Reconoció que “en los expedientes de Puerto Calero lo tramitó con rapidez por cortesía con el señor director” insular.

REPRESIVAS. Añadió que “en los expedientes en cuestión sí le dio traslado a los afectados para alegaciones pero consideró que eran medidas represivas las que quería el agente” de la Policía con la propuesta de sanción, “porque quería cerrarles el establecimiento”. Se preguntó “cómo se iba a cerrar Puerto Calero”.

DENUNCIA. La condena al ex secretario de la Dirección Insular, que desempeñó el puesto entre junio de 1999 y marzo de 2006, cuando fue cesado por el Ministerio de Administraciones Públicas, tiene su origen en una denuncia del subinspector de la Policía encargado de vigilar a la seguridad privada.



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