El Ministerio del Interior ha establecido que el 100% de los escoltas tendrá que trabajar en la jornada de huelga para garantizar la vigilancia y protección de personas

LLAMAN A LA MOVILIZACIóN CONTINUA
Aralar, EA, Alternatiba y la izquierda abertzale muestran su apoyo al 29-J
El Ministerio del Interior ha establecido que el 100% de los escoltas tendrá que trabajar en la jornada de huelga para garantizar la vigilancia y protección de personas
26.06.10 - 15:07 - VASCO PRESS | BILBAO

Aralar, EA, Alternatiba y la izquierda abertzale han mostrado su "total" adhesión a la huelga general del próximo 29 de junio y han incidido en la necesidad de entrar en una "etapa de movilización continua" hasta abrir un nuevo modelo vasco de diálogo que de respuesta a la crisis. En un acto celebrado en San Sebastián, Ainhoa Beola (Aralar), Eva Aranguren (EA), Ander Rodríguez (Alternatiba) y Niko Moreno (izquierda abertzale) han dado lectura a un comunicado, en euskera y castellano, a través del que han manifestado su apoyo a la "plenamente justificada" convocatoria de huelga para exigir la retirada de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que supondrá el "retroceso" de las condiciones laborales de los trabajadores.
Ante unas medidas que "aprovechan" la situación de crisis de un modelo de desarrollo y económico "agotado", que hacen recaer las consecuencias sobre los sectores "más débiles, menos responsables y más afectados por ella", en referencia a jóvenes, inmigrantes y mujeres, los presentes han abogado por el impulso de medidas basadas en la justicia social y en una política de izquierdas que priorice el cambio de las políticas fiscales. "Esta reforma supedita al mercado laboral unilateralmente a las necesidades de los grandes intereses empresariales, que dispondrán a partir de ahora de un despido libre y además subvencionado", han asegurado, "acercándonos al modelo de Norteamérica y alejándonos definitivamente de los referentes históricos de la izquierda europea".
Así, han destacado que la actual reforma y las medidas anteriores de recortes en el sector público, incluidos sectores "esenciales" como la sanidad y la educación, junto a los recortes de los derechos sociales y laborales de funcionarios y pensionistas, suponen "una agresión frontal a nuestra soberanía y la negación de facto de ese marco propio de relaciones laborales que proclamamos".
Por todo ello, los representantes de las cuatro fuerzas políticas han exigido la apertura de un nuevo modelo de diálogo que permita abordar entre las fuerzas políticas y sindicales vascas las medidas "más efectivas" para dar respuesta a la crisis "desde el respeto al ámbito vasco de relaciones laborales y de protección social", y han instado asimismo a las instituciones a respetar la representatividad de la mayoría sindical vasca. "No sólo es necesario una gran respuesta del conjunto de la ciudadanía a la convocatoria de huelga general sino que además necesitamos entrar en una etapa de movilización continua", han insistido, "movilización en sentido amplio, no solo saliendo a la calle sino también haciendo una labor pedagógica, disputando la hegemonía a los valores dominantes, cambiando el discurso único y globalizador.
En este sentido han destacado la necesidad de crear una alternativa al actual modelo económico y social "depredador" y han apostado por otro que "ponga como centro el desarrollo integral del ser humano desde el respeto al medio ambiente, la igualdad de género y una visión que partiendo de lo local tome como referencia la situación mundial de la mayoría de los habitantes de este planeta".
El 100% de los escoltas tendrá que trabajar
Todos los escoltas del País Vasco y Navarra tendrán que prestar sus servicios el próximo 29 de junio a pesar de la huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, y a la que se ha sumado CC OO, en contra de la reforma laboral. El Ministerio del Interior ha establecido los servicios mínimos para el sector de la seguridad privada con motivo de la jornada de huelga y ha establecido que tendrá que trabajar el 100% del personal que preste servicios de protección de personas, según la orden del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"Si la sociedad en general es víctima del terrorismo, no cabe duda, pues así lo demuestran los atentados perpetrados que diversos colectivos (representantes de formaciones políticas, muiembros de la judicatura y del Ministerio Fiscal, organizaciones de expresión popular) son más vulnerables a sufrir esta lacra", se advierte.
Los servicios mínimos afectarán además al 85% del personal que preste servicios de seguridad, que engloba las actividades de depósito, recuento y clasificación de monedas y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución. La medida afectará también a los bancos, cajas de ahorro, entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto con carácter obligatorio.
Interior ha establecido también servicios mínimos del 75% del personal encargado de la seguridad en fábricas de armas de fuego, explosivos y sus almacenamientos; centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles y actividades relacionadas con materias inflamables. Los mismos servicios se han establecido para quienes presten en servicios de suministro y distribución de aguas, gas y electricidad, los transportes públicos -puertos, aeropuertos y ferrocarriles- y en los centros de telecomunicación y en centros y sedes de medios de comunicación social ya que la seguridad de estas infraestructuras se considera "esencial para el normal desarrollo de la convivencia social".
Por último, se ha establecido el 25% del personal de seguridad privada en hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de la administración pública. Todos los porcentajes comprenderán en todo caso, como mínimo, un vigilante de seguridad. Con todas estas medidas, el Ministerio del interior pretende garantizar la vigilancia y protección sin menoscabar el derecho a la huelga de los trabajadores.

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