Bañuls sitúa a personal civil sin contrato en la Policía

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Bañuls sitúa a personal civil sin contrato en la Policía
El edil argumenta que era "lo más ágil" para poner en marcha el control de accesos al centro urbano


Dos agentes vigilan las pantallas de la central de Benidorm,
que ahora también ven civiles. LUCÍA BURBANO

R. PAGÉS El concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm, José Bañuls, ha delegado en personal civil y sin relación contractual con el Ayuntamiento el control de la central de cámaras de seguridad y vigilancia de la Policía Local. El grupo municipal del PP denunció ayer los hechos al considerar que este caso, además de "incumplir claramente la Ley de Contratos" podría suponer también una "presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos". De hecho, según desveló ayer el edil del PP José Ramón González de Zárate y reconoció posteriormente el propio Bañuls, este personal está empleado en una empresa concesionaria del Ayuntamiento, Sice, pero carece de cualquier contrato específico con el Consistorio para llevar a cabo dicha labor, a pesar de que en esta sala se observan imágenes de numerosos puntos de la ciudad a través de cerca de una treintena de cámaras y, además, se puede acceder a las bases de datos protegidos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La central de cámaras de la Policía Local dispone de numerosas pantallas para controlar cualquier tipo de incidencia de seguridad o de tráfico que pudiera ocasionarse en cualquier punto de la ciudad y que es vigilada a través de las cámaras instaladas en el centro urbano y en las principales vías y avenidas de la ciudad. También en esta sala se gestionan las llamadas de los ciudadanos a la Policía Local para solicitar su intervención en cualquier accidente, problema o altercado. Y, por último, tras la firma de un protocolo de colaboración con el Ministerio del Interior, los ordenadores de este espacio tienen acceso a las bases de datos de Policía Nacional y Guardia Civil y, por tanto, en ellos puede consultarse los antecedentes penales o policiales, sanciones de tráfico, o cualquier otro hecho por el que un ciudadano haya podido ser investigado.
La vigilancia de las pantallas de esta central se efectuaba anteriormente por agentes del Cuerpo Local destinados a dicho servicio, concretamente dos policías y un supervisor, funcionarios que por su cargo llevan implícita la obligatoriedad de guardar un compromiso de confidencialidad. José Ramón González expresó que el nuevo personal destinado ahora a la central de cámaras para reforzar el servicio policial "ni es funcionario ni ha firmado ningún tipo de compromiso de confidencialidad", un hecho que calificó como "extremadamente grave", al entender que se podrían estar "vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos" por la relevancia de los datos a los que pueden tener acceso trabajando en esta sala.
Desde el grupo de la oposición cifraron el número de civiles que se encargan de dicha sala "entre uno y tres en cada turno" y aseguraron que llevan ejerciendo estas funciones desde finales de 2009 sin disponer de ningún tipo de contrato municipal. Asimismo, revelaron que existen "varios partes" de agentes de la Policía Local que trabajan junto a estos civiles y que indican que "no quieren hacerse responsables de cualquier tipo de filtración o irregularidad que pudiera producirse durante el turno" en el que coinciden con personal ajeno al Ayuntamiento.
Por todo ello, desde el PP exigieron ayer al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, que ponga fin a la presencia de este personal en la sala "de inmediato" y avanzaron su intención de poner los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, para que investigue los hechos y por si "tiene que tomar alguna medida".

Sin encargo ni concurso
Junto con la falta de garantías de confidencialidad del personal civil destinado a la sala de control, el portavoz popular en temas de Urbanismo y Seguridad destacó también el hecho de que el Ayuntamiento no ha firmado ningún tipo de contrato ni concesión a la empresa Sice para que se encargue de la gestión de estas cámaras, sino únicamente para su instalación y para el control de la red semafórica. Por tanto, desde el PP indicaron que para externalizar el servicio se debería haber realizado un concurso público, con un pliego de condiciones y estableciendo "un protocolo de actuación que permitiera sancionar" a los trabajadores ante cualquier "irregularidad o filtración" de datos protegidos y agregaron que "no se ha hecho nada".