El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a concurso público el servicio de vigilancia y mantenimiento de alarmas de los 18 de los 32 colegios públicos de la ciudad que cuentan con este sistema para la prevención de robos y actos vandálicos.
El presupuesto base de licitación es de 90.000 euros anuales, incluido el IVA, y el contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros. Esto supone que el gasto previsto para este servicio durante los próximos 4 años sea como máximo de 360.000 euros.
La concejala de Colegios, María José Solana, explicó ayer que actualmente la empresa Segurex, encargada del servicio durante los últimos cuatro años y cuyo contrato cumplió el 24 de julio, realiza estas tareas en situación de prórroga, para cubrir el tiempo hasta que se resuelva la adjudicación. Hasta ahora, el gasto anual en vigilancia era de 63.720,90 euros al año, lo que representaba 3.540 euros por centro. Esta cantidad sube hasta los 5.000 euros por año y centro en el nuevo contrato, porque se mejora el servicio que se presta y porque se le aplica el nuevo IVA (un 18%).
Teniendo en cuenta que el número de colegios con sistema de alarmas se ha incrementado a más del doble en 4 años, pasando de los 8 a los 18 colegios --lo que obligó a algunas modificaciones contractuales con la anterior adjudicataria--, se ha aprovechado el fin del contrato para elaborar un nuevo pliego de condiciones, que amplía los servicios.
Así, la nueva adjudicataria deberá inspeccionar los centros mediante vigilantes de seguridad para poner en conocimiento de la policía cualquier incidente relacionado con la seguridad. También se encargará del mantenimiento anual y reparación de las alarmas, así como de realizar la conexión con la central, la policía y los vigilantes de seguridad, para que se personen cuando se activen.
El servicio de vigilancia se realizará todos los días del año, entre las 21.00 y las 7.00 horas, con dos visitas diarias de 20 minutos cada una a los colegios que se indiquen desde la consejería. En la primera ronda se comprobará que las alarmas estén conectadas y en la segunda, se desconectarán si la dirección lo solicita.
Los colegios donde se prestarán estos servicios son: San Pedro de Alcántara; Enrique Iglesias; Juan Vázquez, Leopoldo Pastor Sito; Lope de Vega; Los Glacis; San Fernando; San José de Calasanz; Cerro de Reyes; Juventud; Luis Vives; Manuel Pacheco; Nuestra Señora de Bótoa; De Gabriel; Santa Engracia; Santa Marina; General Navarro; y Nuestra Señora de Fátima. El resto de centros cuenta con conserjes.
Solana señaló que su intención es que todos los colegios públicos cuenten progresivamente con alarma, pues se ha constatado que es el sistema más eficaz para prevenir robos y actos vandálicos. No obstante, reconoció que en algunos edificios resulta más complicado y costoso, ya que por sus dimensiones requieren una cantidad considerable de aparatos para que sean efectivas. En este sentido, apuntó que se han ido colocando primero en los que se han detectado mayores problemas.
La concejala afirmó que aunque los colegios sufren actos vandálicos y robos, es una situación que "nos ocupa, pero no nos preocupa".
Las empresas interesadas en presentar ofertas para el servicio de vigilancia tienen de plazo hasta el 29 de noviembre.
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El presupuesto base de licitación es de 90.000 euros anuales, incluido el IVA, y el contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros. Esto supone que el gasto previsto para este servicio durante los próximos 4 años sea como máximo de 360.000 euros.
La concejala de Colegios, María José Solana, explicó ayer que actualmente la empresa Segurex, encargada del servicio durante los últimos cuatro años y cuyo contrato cumplió el 24 de julio, realiza estas tareas en situación de prórroga, para cubrir el tiempo hasta que se resuelva la adjudicación. Hasta ahora, el gasto anual en vigilancia era de 63.720,90 euros al año, lo que representaba 3.540 euros por centro. Esta cantidad sube hasta los 5.000 euros por año y centro en el nuevo contrato, porque se mejora el servicio que se presta y porque se le aplica el nuevo IVA (un 18%).
Teniendo en cuenta que el número de colegios con sistema de alarmas se ha incrementado a más del doble en 4 años, pasando de los 8 a los 18 colegios --lo que obligó a algunas modificaciones contractuales con la anterior adjudicataria--, se ha aprovechado el fin del contrato para elaborar un nuevo pliego de condiciones, que amplía los servicios.
Así, la nueva adjudicataria deberá inspeccionar los centros mediante vigilantes de seguridad para poner en conocimiento de la policía cualquier incidente relacionado con la seguridad. También se encargará del mantenimiento anual y reparación de las alarmas, así como de realizar la conexión con la central, la policía y los vigilantes de seguridad, para que se personen cuando se activen.
El servicio de vigilancia se realizará todos los días del año, entre las 21.00 y las 7.00 horas, con dos visitas diarias de 20 minutos cada una a los colegios que se indiquen desde la consejería. En la primera ronda se comprobará que las alarmas estén conectadas y en la segunda, se desconectarán si la dirección lo solicita.
Los colegios donde se prestarán estos servicios son: San Pedro de Alcántara; Enrique Iglesias; Juan Vázquez, Leopoldo Pastor Sito; Lope de Vega; Los Glacis; San Fernando; San José de Calasanz; Cerro de Reyes; Juventud; Luis Vives; Manuel Pacheco; Nuestra Señora de Bótoa; De Gabriel; Santa Engracia; Santa Marina; General Navarro; y Nuestra Señora de Fátima. El resto de centros cuenta con conserjes.
Solana señaló que su intención es que todos los colegios públicos cuenten progresivamente con alarma, pues se ha constatado que es el sistema más eficaz para prevenir robos y actos vandálicos. No obstante, reconoció que en algunos edificios resulta más complicado y costoso, ya que por sus dimensiones requieren una cantidad considerable de aparatos para que sean efectivas. En este sentido, apuntó que se han ido colocando primero en los que se han detectado mayores problemas.
La concejala afirmó que aunque los colegios sufren actos vandálicos y robos, es una situación que "nos ocupa, pero no nos preocupa".
Las empresas interesadas en presentar ofertas para el servicio de vigilancia tienen de plazo hasta el 29 de noviembre.
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