P. CERRADA
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante realizaron hace una semana una batida policial contra el intrusismo laboral de vigilantes de seguridad privada que prestan servicio de forma irregular en urbanizaciones y centros comerciales de Torrevieja y Orihuela Costa y localizaron trece trabajadores de dos empresas que carecen de la autorización del Ministerio del Interior para dicho trabajo.
La Policía Nacional tendrá que elaborar ahora las propuestas de sanción que elevará a la Subdelegación del Gobierno, institución encargada de imponer las multas, que oscilan entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
El operativo contra el intrusismo laboral fue organizado por la Unidad de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y contó con el apoyo de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR). Agentes de paisano y uniformados se desplegaron en los diferentes puntos de Torrevieja y Orihuela Costa donde se había detectado previamente la presencia de vigilantes ilegales.
Los vigilantes identificados la semana pasada por la Policía para elaborar la correspondiente propuesta de sanción pertenecen a dos empresas.
Las dos empresas están formada por ciudadanos británicos y una de ellas ya había sido sancionada anteriormente por hechos similares.
Los vigilantes estaban realizando tanto servicios de vigilancia estática como patrullando por urbanizaciones, trabajo para el que no estaban facultados por ley.
Algunos de los vigilantes identificados cobraban sólo tres euros por hora, según explicaron algunos afectados a la Policía Nacional.
Inspecciones periódicas
La Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial realiza de forma periódica inspecciones a diversas empresas para combatir el intrusismo laboral.
Durante los cinco primeros meses de este año los agentes de la Unidad de Seguridad Privada realizaron 365 inspecciones por toda la provincia y denunciaron a 16 empresas de seguridad privada por infracciones calificadas como muy graves.
Las empresas sancionadas estaban situadas en Alicante (9), Elche (3), Dénia (1), Alcoy (1), Benidorm (1) y Dolores (1).
http://www.diarioinformacion.com
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante realizaron hace una semana una batida policial contra el intrusismo laboral de vigilantes de seguridad privada que prestan servicio de forma irregular en urbanizaciones y centros comerciales de Torrevieja y Orihuela Costa y localizaron trece trabajadores de dos empresas que carecen de la autorización del Ministerio del Interior para dicho trabajo.
La Policía Nacional tendrá que elaborar ahora las propuestas de sanción que elevará a la Subdelegación del Gobierno, institución encargada de imponer las multas, que oscilan entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
El operativo contra el intrusismo laboral fue organizado por la Unidad de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y contó con el apoyo de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR). Agentes de paisano y uniformados se desplegaron en los diferentes puntos de Torrevieja y Orihuela Costa donde se había detectado previamente la presencia de vigilantes ilegales.
Los vigilantes identificados la semana pasada por la Policía para elaborar la correspondiente propuesta de sanción pertenecen a dos empresas.
Las dos empresas están formada por ciudadanos británicos y una de ellas ya había sido sancionada anteriormente por hechos similares.
Los vigilantes estaban realizando tanto servicios de vigilancia estática como patrullando por urbanizaciones, trabajo para el que no estaban facultados por ley.
Algunos de los vigilantes identificados cobraban sólo tres euros por hora, según explicaron algunos afectados a la Policía Nacional.
Inspecciones periódicas
La Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial realiza de forma periódica inspecciones a diversas empresas para combatir el intrusismo laboral.
Durante los cinco primeros meses de este año los agentes de la Unidad de Seguridad Privada realizaron 365 inspecciones por toda la provincia y denunciaron a 16 empresas de seguridad privada por infracciones calificadas como muy graves.
Las empresas sancionadas estaban situadas en Alicante (9), Elche (3), Dénia (1), Alcoy (1), Benidorm (1) y Dolores (1).
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