MARCOS QUINTAS - PONTEVEDRA La provincia de Pontevedra cerró el pasado año con un aumento en la contratación de servicios de seguridad privada. La situación responde a la mayor demanda existente por parte de particulares y pequeños empresarios, según constataron ayer el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, y el comisario provincial de la Policía, José Manuel Salgado. Una subida que relacionaron con la circunstancial concentración de robos durante diferentes etapas del año. Pero ambos recordaron que en los establecimientos “de riesgo”, tales como bancos o joyerías, estos sucesos disminuyeron un 6% en 2010 con respecto al año anterior.
“Hay menos robos con fuerza y atracos”, insistió Fernández ayer tras la comisión mixta de seguridad privada, en la que se hizo un repaso a la situación de los últimos 12 meses. No obstante, dijo que “bienvenidos sean los sistemas de protección”, dado que, como apostilló el comisario “el delincuente va allí donde lo tiene más fácil”. El alza en la contratación de protección coincide con una disminución de los robos, algo que podría explicarse, según relató el subdelegado, en la concentración de “robos en cierta medida espectaculares” que se produjeron “durante los últimos meses”.
Más empresas
El aumento de los servicios contratados generó un positivo año para el sector. De hecho, en la provincia se pasó de las 51 empresas de seguridad privada que había en 2009 a las 53 de 2010. El número de empleados subió prácticamente en medio centenar, al pasar de los 1.159 a 1.193. De esta última cantidad, la inmensa mayoría de los asalariados se corresponden con la figura de vigilante, en total 1.048. Datos, todos ellos, que complementan a los cuerpos de seguridad del Estado, que entre efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional son 2.500 en toda la provincia. Las policías locales aportan otros 800 agentes.
La colaboración entre las distintas partes estaría detrás de la progresiva reducción del número de robos en las empresas obligadas a contar con sistemas de vigilancia. Así lo apuntó Delfín Fernández, confirmando que 2010 siguió la misma tónica de la tendencia iniciada hace un decenio, disminuyendo año a año este tipo de delitos. De ahí que vincule la creciente utilización de los sistemas privados a “más concienciación” por parte de los ciudadanos y a la repercusión que han causado ciertos sucesos que se produjeron recientemente. “A veces hay un puntual repunte, pero en lo que hay que fijarse es en la tendencia que llevamos desde hace ya diez años”, reiteró.
Por otra parte, entre las comisarías de Vigo y Pontevedra la Policía se reparte la función de inspección y colaboración con la vigilancia privada y los 2.048 establecimientos de todo el territorio provincial que están obligados a disponer de medidas de seguridad. En esas labores trabajan siete agentes.
El tipo de negocios que concentra la mayor parte de esos más de dos millares de negocios son entidades financieras, con 908 locales. Le siguen las farmacias (413), joyerías (375) y estaciones de servicio (190). Pero además, también deben recurrir a la contratación de vigilancia privada determinadas galerías de arte, administraciones de lotería y establecimientos de juego, entre otros. En total, las fuerzas estatales completaron 510 expedientes de auxilio, colaboración o asesoramiento con estos negocios a lo largo de 2010.
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“Hay menos robos con fuerza y atracos”, insistió Fernández ayer tras la comisión mixta de seguridad privada, en la que se hizo un repaso a la situación de los últimos 12 meses. No obstante, dijo que “bienvenidos sean los sistemas de protección”, dado que, como apostilló el comisario “el delincuente va allí donde lo tiene más fácil”. El alza en la contratación de protección coincide con una disminución de los robos, algo que podría explicarse, según relató el subdelegado, en la concentración de “robos en cierta medida espectaculares” que se produjeron “durante los últimos meses”.
Más empresas
El aumento de los servicios contratados generó un positivo año para el sector. De hecho, en la provincia se pasó de las 51 empresas de seguridad privada que había en 2009 a las 53 de 2010. El número de empleados subió prácticamente en medio centenar, al pasar de los 1.159 a 1.193. De esta última cantidad, la inmensa mayoría de los asalariados se corresponden con la figura de vigilante, en total 1.048. Datos, todos ellos, que complementan a los cuerpos de seguridad del Estado, que entre efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional son 2.500 en toda la provincia. Las policías locales aportan otros 800 agentes.
La colaboración entre las distintas partes estaría detrás de la progresiva reducción del número de robos en las empresas obligadas a contar con sistemas de vigilancia. Así lo apuntó Delfín Fernández, confirmando que 2010 siguió la misma tónica de la tendencia iniciada hace un decenio, disminuyendo año a año este tipo de delitos. De ahí que vincule la creciente utilización de los sistemas privados a “más concienciación” por parte de los ciudadanos y a la repercusión que han causado ciertos sucesos que se produjeron recientemente. “A veces hay un puntual repunte, pero en lo que hay que fijarse es en la tendencia que llevamos desde hace ya diez años”, reiteró.
Por otra parte, entre las comisarías de Vigo y Pontevedra la Policía se reparte la función de inspección y colaboración con la vigilancia privada y los 2.048 establecimientos de todo el territorio provincial que están obligados a disponer de medidas de seguridad. En esas labores trabajan siete agentes.
El tipo de negocios que concentra la mayor parte de esos más de dos millares de negocios son entidades financieras, con 908 locales. Le siguen las farmacias (413), joyerías (375) y estaciones de servicio (190). Pero además, también deben recurrir a la contratación de vigilancia privada determinadas galerías de arte, administraciones de lotería y establecimientos de juego, entre otros. En total, las fuerzas estatales completaron 510 expedientes de auxilio, colaboración o asesoramiento con estos negocios a lo largo de 2010.
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