Un plan contra el paro juvenil y un foro de política energética permiten el pacto, que debe ser ratificado hoy por los órganos de dirección de los agentes sociales
El pacto social ya es una realidad. Al filo de la medianoche, el Gobierno, los sindicatos y los empresarios han cerrado definitivamente el acuerdo que todos tocaban con los dedos desde que la semana pasada hubo fumata blanca sobre la reforma de pensiones y la negociación colectiva. Cerraban así en una reunión de seis horas un mes de reuniones maratonianas. Anoche se aunaron posturas en políticas activas de empleo y se afinaron las declaraciones que aspiran a marcar el diseño futuro de la política industrial y la energética. Tomaba cuerpo así un pacto entre Gobierno y agentes sociales, que aspira ahora a contar con el respaldo de todo el arco parlamentario. Con él, los protagonistas de esta entente quieren lanzar un mensaje de unión contra la crisis a los mercados y al exterior.El parto definitivo del acuerdo se hizo de rogar. El desacuerdo entre Gobierno y sindicatos por el plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración, que forma parte del paquete de políticas activas de empleo, lo retrasó. El Ministerio de Trabajo quería bonificar los contratos a tiempo parcial fijos y temporales; los sindicatos se negaban a subvencionar estos últimos. Al final se limaron las diferencias y se logró el acuerdo definitivo que vuelve a dar sentido al diálogo social, que durante esta legislatura no había dado ningún fruto cuando más falta hacía, en medio de la mayor crisis del último siglo.
Para ello fue necesaria la presencia en la cita en el Ministerio de Trabajo del responsable del departamento, Valeriano Gómez; de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y del presidente de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado. También estuvo presente en algún momento el ministro de Industria, Miguel Sebastián. No en vano, se cerraron los aspectos que atañen a su cartera.
Entre todos cerraron un pacto anunciado en un comunicado de apenas cinco líneas que llegó sobre la bocina. Hoy sindicatos y patronal tienen convocados a sus máximos órganos de dirección para ratificar el acuerdo y para ello era imprescindible el documento definitivo. Será el penúltimo acto, el paso necesario y previo a la puesta en escena que le espera al pacto social mañana en La Moncloa, cuando las tres partes estamparán su firma en el documento.
El texto pactado consta de casi 40 páginas, apuntaba anoche uno de los negociadores, y se divide en cuatro partes. En la primera habría una declaración de principios. Esta daría paso a otra en la que se desarrollan los puntos más concretos del acuerdo y los que han estado a punto de dar al traste con las conversaciones en más de una ocasión: pensiones, negociación colectiva y reforma de las políticas activas de empleo.
El tercer punto del texto supone un guiño a los funcionarios, un colectivo que sufrió el pasado mayo, con el plan de ajuste presupuestario, un recorte medio de los salarios del 5%. En él se recoge el compromiso del Gobierno de recuperar la mesa de la función pública (el órgano de diálogo entre Ejecutivo y empleados de la Administración) y desarrollar el Estatuto de la Función Pública.
La última parte del documento es la que contiene las declaraciones sobre política industrial y energética. En ellas se señalan las directrices pendientes de desarrollar en los próximos meses. Por lo que respecta a la política energética, lo más concreto sería la creación de un foro de trabajo en el que se tratarían aspectos como el mix energético (las fuentes energéticas a utilizar), los precios o las "ineficiencias del mercado".
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El pacto social ya es una realidad. Al filo de la medianoche, el Gobierno, los sindicatos y los empresarios han cerrado definitivamente el acuerdo que todos tocaban con los dedos desde que la semana pasada hubo fumata blanca sobre la reforma de pensiones y la negociación colectiva. Cerraban así en una reunión de seis horas un mes de reuniones maratonianas. Anoche se aunaron posturas en políticas activas de empleo y se afinaron las declaraciones que aspiran a marcar el diseño futuro de la política industrial y la energética. Tomaba cuerpo así un pacto entre Gobierno y agentes sociales, que aspira ahora a contar con el respaldo de todo el arco parlamentario. Con él, los protagonistas de esta entente quieren lanzar un mensaje de unión contra la crisis a los mercados y al exterior.El parto definitivo del acuerdo se hizo de rogar. El desacuerdo entre Gobierno y sindicatos por el plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración, que forma parte del paquete de políticas activas de empleo, lo retrasó. El Ministerio de Trabajo quería bonificar los contratos a tiempo parcial fijos y temporales; los sindicatos se negaban a subvencionar estos últimos. Al final se limaron las diferencias y se logró el acuerdo definitivo que vuelve a dar sentido al diálogo social, que durante esta legislatura no había dado ningún fruto cuando más falta hacía, en medio de la mayor crisis del último siglo.
Para ello fue necesaria la presencia en la cita en el Ministerio de Trabajo del responsable del departamento, Valeriano Gómez; de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y del presidente de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado. También estuvo presente en algún momento el ministro de Industria, Miguel Sebastián. No en vano, se cerraron los aspectos que atañen a su cartera.
Entre todos cerraron un pacto anunciado en un comunicado de apenas cinco líneas que llegó sobre la bocina. Hoy sindicatos y patronal tienen convocados a sus máximos órganos de dirección para ratificar el acuerdo y para ello era imprescindible el documento definitivo. Será el penúltimo acto, el paso necesario y previo a la puesta en escena que le espera al pacto social mañana en La Moncloa, cuando las tres partes estamparán su firma en el documento.
El texto pactado consta de casi 40 páginas, apuntaba anoche uno de los negociadores, y se divide en cuatro partes. En la primera habría una declaración de principios. Esta daría paso a otra en la que se desarrollan los puntos más concretos del acuerdo y los que han estado a punto de dar al traste con las conversaciones en más de una ocasión: pensiones, negociación colectiva y reforma de las políticas activas de empleo.
El tercer punto del texto supone un guiño a los funcionarios, un colectivo que sufrió el pasado mayo, con el plan de ajuste presupuestario, un recorte medio de los salarios del 5%. En él se recoge el compromiso del Gobierno de recuperar la mesa de la función pública (el órgano de diálogo entre Ejecutivo y empleados de la Administración) y desarrollar el Estatuto de la Función Pública.
La última parte del documento es la que contiene las declaraciones sobre política industrial y energética. En ellas se señalan las directrices pendientes de desarrollar en los próximos meses. Por lo que respecta a la política energética, lo más concreto sería la creación de un foro de trabajo en el que se tratarían aspectos como el mix energético (las fuentes energéticas a utilizar), los precios o las "ineficiencias del mercado".
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