Los parques se quedan sin vigilancia privada

La vigilancia privada en los parques vallados de Las Palmas de Gran Canaria se quedará en el limbo a partir de abril cuando entre en vigor el nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, en fase de licitación, que ya no recoge, como hasta ahora, la obligación por parte de las adjudicatarias de contratar guardias jurados.

Las dos adjudicatarias actuales de este contrato de zonas verdes, Santana Cazorla y FCC, reciben cada año del Ayuntamiento 1,8 millones de euros exclusivamente para pagar la vigilancia privada que está encomendada a Seguridad Integral Canaria.

La concejala de Parques y Jardines, Inmaculada Medina, aseguró ayer que los vigilantes seguirán en los parques pese a todo. "La vigilancia se saca del contrato de mantenimiento de los parques y jardines porque se va a incluir en otro contrato específico para la seguridad en todos los inmuebles y espacios municipales", afirmó la edil. Sin embargo, Medina no supo aclarar quién se encargará de la vigilancia entre abril, cuando los nuevos adjudicatarios se hagan cargo de los parques, y hasta que se falle ese concurso exclusivo para la vigilancia cuyas bases siquiera se han redactado aún.

"No se va a quitar la seguridad privada de los parques, eso lo garantizo", manifestó Medina. Sin embargo, desde Seguridad Integral Canaria no se ocultan sus dudas. "A nosotros nos han dicho lo mismo, que va a haber seguridad después de abril, pero yo no tengo conocimiento de que haya convocado ningún concurso específico para vigilancia privada", señaló Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa. Seguridad Integral sí confirmó que retirará a sus 50 vigilantes de la decena de parques vallados que ahora controla una vez deje de percibir el pago por este servicio, situación que puede producirse en abril.

Desde el grupo municipal del PP se censuró esta actuación del gobierno socialista. "En abril los parques se quedan sin vigilantes porque al cesar el contrato actual y no estar en vigor ese nuevo contrato de seguridad, no hay forma de pagar un servicio de más de un millón de euros anuales, primero porque no hay fondos en el presupuesto, y segundo porque, por Ley, habría que convocar un concurso nuevo, aunque sea temporal, trámites que durarían varios meses, ¿y quién vigilaría los parques en esos meses?", pregunta el viceportavoz del PP, Felipe Afonso.

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Los parques cerrados con vallas y vigilados por guardias privados fueron muy criticados hace años cuando otro gobierno municipal extendió esta práctica a una decena de zonas verdes del municipio. Sin embargo, más de una década después, los usuarios de estos parques no sólo se han acostumbrado a estas restricciones, sino que las demandan como medida de seguridad para disfrutar con tranquilidad de los espacios comunes de la ciudad.

"Si quitan a los securitas es un error porque esto volverá a llenarse de indigentes y toxicómanos y no vamos a poder venir con nuestros nietos a pasear", asegura José Araña, un jubilado de La Isleta que cada mañana se toma un cortado en la terraza del parque del Castillo de La Luz. "Sin vigilantes esto será un caos", dice el encargado de la misma terraza, Adonis Vázquez, "para el negocio sería terrible porque mesas, sillas y varias máquinas se quedan toda la noche al aire libre".

"Si quitan la vigilancia sería una maldad que nos hacen a las madres porque yo, sin guardas, no traigo a los niños a este parque sabiendo la gente rara que se mueve por la zona", dice Carmen, otra usuaria de los jardines del Castillo de La Luz.

Otro motivo de preocupación es el de los propios vigilantes, medio centenar de trabajadores que se quedarán en la calle cuando entre en vigor el nuevo contrato de parques y jardines, ya que su empresa no tiene dónde ubicarlos al perder este servicio. Por ello, muchos guardas recogen firmas entre los vecinos estos días y ya tienen varios miles recolectados.

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