Ya son nueve los vigilantes de seguridad arrestados en el marco de la nueva fase de la llamada operación Bachiller, según desvelaron ayer fuentes del Sindicato Unificado de Policías (SUP) mediante un comunicado remitido a la agencia Efe.
Los sindicalistas detallan que los nueve trabajadores, que habrían falsificado documentos públicos para cumplir con los requisitos que se exigen a la profesión, pertenecen a la empresa de seguridad Dialse Seguridad, y dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados.
Como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, los detenidos prestan sus servicios en el centro de menores con medidas judiciales sito en Valle Tabares (La Laguna). Los compañeros de los detenidos detallaron a este periódico que los detenidos eran ocho, siete de los cuales habrían sido arrestados tras ser convocados en el centro por su jefe para una reunión de trabajo. Sin embargo, las fuentes del SUP apuntan que solo se arrestó a cinco en el centro, mientras que los otro cuatro habrían sido detenidos en Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Al parecer, los detenidos habrían falsificado títulos académicos y diplomas de formación para presentarse a las pruebas de vigilantes, directores de seguridad y escoltas privados.
La policía continúa las investigaciones y no descartan nuevas detenciones, añade el SUP, que indica que las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la brigada operativa de empresas de la unidad central de Seguridad Privada en Madrid.
En las investigaciones también colaboraron policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada y de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Tenerife, aunque la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía declinó realizar comentario oficial alguno sobre los arrestos.
Se da la circunstancia de que los actuales vigilantes de seguridad de Valle Tabares fueron subrogados a la actual empresa desde una anterior relacionada con la primera fase de la operación Bachiller, que en mayo del año pasado desmanteló una red que se dedicaba a la falsificación de este tipo de documentación para vigilantes.
Desproporción
Las circunstancias que rodearon a las detenciones practicadas ayer en Valle Tabares siguen causando cierto estupor. Más allá de que los trabajadores fueron al lugar engañados por su jefe, que los citó para una reunión de trabajo, el hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía desplazase hasta tres furgonetas al centro de trabajo de unos acusados por el delito de falsificación de documento público se antoja desproporcionado. "Evidentemente, que te arresten en tu puesto de trabajo ya es por sí un castigo, en tanto que daña claramente tu imagen", razonaba ayer un abogado consultado por este periódico, que añadió que "habrá que esperar al comunicado oficial de las detenciones por si tal procedimiento se justifica o no".
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Los sindicalistas detallan que los nueve trabajadores, que habrían falsificado documentos públicos para cumplir con los requisitos que se exigen a la profesión, pertenecen a la empresa de seguridad Dialse Seguridad, y dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados.
Como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, los detenidos prestan sus servicios en el centro de menores con medidas judiciales sito en Valle Tabares (La Laguna). Los compañeros de los detenidos detallaron a este periódico que los detenidos eran ocho, siete de los cuales habrían sido arrestados tras ser convocados en el centro por su jefe para una reunión de trabajo. Sin embargo, las fuentes del SUP apuntan que solo se arrestó a cinco en el centro, mientras que los otro cuatro habrían sido detenidos en Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Al parecer, los detenidos habrían falsificado títulos académicos y diplomas de formación para presentarse a las pruebas de vigilantes, directores de seguridad y escoltas privados.
La policía continúa las investigaciones y no descartan nuevas detenciones, añade el SUP, que indica que las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la brigada operativa de empresas de la unidad central de Seguridad Privada en Madrid.
En las investigaciones también colaboraron policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada y de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Tenerife, aunque la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía declinó realizar comentario oficial alguno sobre los arrestos.
Se da la circunstancia de que los actuales vigilantes de seguridad de Valle Tabares fueron subrogados a la actual empresa desde una anterior relacionada con la primera fase de la operación Bachiller, que en mayo del año pasado desmanteló una red que se dedicaba a la falsificación de este tipo de documentación para vigilantes.
Desproporción
Las circunstancias que rodearon a las detenciones practicadas ayer en Valle Tabares siguen causando cierto estupor. Más allá de que los trabajadores fueron al lugar engañados por su jefe, que los citó para una reunión de trabajo, el hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía desplazase hasta tres furgonetas al centro de trabajo de unos acusados por el delito de falsificación de documento público se antoja desproporcionado. "Evidentemente, que te arresten en tu puesto de trabajo ya es por sí un castigo, en tanto que daña claramente tu imagen", razonaba ayer un abogado consultado por este periódico, que añadió que "habrá que esperar al comunicado oficial de las detenciones por si tal procedimiento se justifica o no".
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