Segur Ibérica figura como la única sociedad española que opera en Somalia. Los vigilantes no están “cualificados” para manejar armas pesadas. “Hace falta personal más preparado”, según los expertos.
Segur Ibérica, la única empresa de seguridad que opera en los atuneros españoles que pescan en aguas del océano Índico, también se ocupa de la vigilancia de la sede del PSOE situada en la calle Ferraz de Madrid.
Así lo aseguran a LA GACETA expertos en seguridad y fuentes de otras empresas de vigilancia. Según explican, la citada compañía ha conseguido cuantiosos contratos con el Gobierno en los últimos años. Por ejemplo, se ocupa desde hace algún tiempo de vigilar el Museo Reina Sofía.
“Cuando el Ejecutivo propuso llevar la seguridad privada a los atuneros que son atacados por los piratas somalíes, se abrió una especie de concurso”, narran las citadas fuentes. “Y el Gobierno sólo puso encima de la mesa la oferta de Segur Ibérica, apartando las ofertas de otras empresas”, aseguran. Las entidades perjudicadas serían Prosegur, Eulen, Hombus y UPM.
Además, el proyecto de Segur Ibérica fue presentado al correspondiente concurso por un miembro de la Armada, siempre según la versión de estas fuentes. “Incluso, la normativa se ha ido modificando para que otras empresas no puedan acudir a los concursos, aunque es cierto que eso fundamentalmente se ha hecho para que no concursen empresas extranjeras”, afirman.
El pasado martes la ministra de Defensa, Carme Chacón, ponía fin a la visita oficial realizada por Seychelles, Yibuti y Uganda. Uno de sus últimos tours como ministra y un capítulo más en su particular manera de entender la mercadotecnia política. El objetivo del viaje era precisamente visitar a las tropas destinadas dentro de la operación Atalanta de lucha contra la piratería y buscar acuerdos de colaboración con los Gobiernos de aquellos países africanos, especialmente con Seychelles, para profundizar y mejorar en la particular lucha que se mantiene en aguas del océano Índico.
Precisamente, en su primera parada en Seychelles, Chacón anunció que ambos países crearán una comisión bilateral para estudiar el embarque de armas de mayor calibre en los pesqueros que faenan en la zona para darles mayor protección frente a los piratas. Es esta una vieja reivindicación de los armadores, que Defensa ha hecho propia, convencidos, como están, de que con armas pesadas y mayor potencia y distancia de tiro se puede hacer frente con mayores garantías a los posibles ataques de los piratas, que, no se puede olvidar, ya han secuestrado varios atuneros españoles.
El Gobierno de Seychelles siempre se ha opuesto a que los pesqueros españoles lleven ese tipo de armamento. Y se ha opuesto porque los peligros son muchos y las ventajas cuestionables. ¿Qué pasaría si este tipo de armas cayese en manos de los piratas? Se trata de ametralladoras pesadas Browning M2 calibre 50 y que, en primera instancia, Defensa ofertó a los armadores por un precio que superaba los 12.000 euros cada una de ellas.
Es cierto que desde la irrupción de los vigilantes privados en los atuneros los ataques se han reducido, aunque las cifras, como reconoce la propia titular de Defensa, son todavía terribles y esconden la verdadera realidad de un escenario peligroso.
Innecesarias
Expertos en temas de vigilancia y responsables de una prestigiosa empresa de seguridad en España, una de las ignoradas por el Ejecutivo en el proceso de concurso, reconocen a este periódico que la irrupción de las armas pesadas en los barcos no mejorará las cosas. “No hacen falta”, afirman, “porque lo más importantes es tener personal cualificado y bien preparado”, puesto que, efectivamente, por mucho que se empeñen el propio ministerio, los armadores y, curiosamente, Segur Ibérica (incluso presta servicio en buques de bandera no española), mucha parte de los vigilantes carece de las mínimas aptitudes para manejar este tipo de armas.
“Se buscan ex militares jóvenes, que desconocen lo que allí se pueden encontrar; algunos, incluso, sin la licencia de vigilante C y sin la correspondiente habilitación”, denuncian las mismas fuentes, que ponen el dedo en la llaga y señalan que la formación que obtienen los vigilantes es mínima. Incluso ahora que se ocupa Defensa de ello, “algunos instructores no estaban homologados ni por la Guardia Civil. Las prisas de cara a la opinión pública y por cerrar el negocio han hecho el resto".
Segur Ibérica, la única empresa de seguridad que opera en los atuneros españoles que pescan en aguas del océano Índico, también se ocupa de la vigilancia de la sede del PSOE situada en la calle Ferraz de Madrid.
Así lo aseguran a LA GACETA expertos en seguridad y fuentes de otras empresas de vigilancia. Según explican, la citada compañía ha conseguido cuantiosos contratos con el Gobierno en los últimos años. Por ejemplo, se ocupa desde hace algún tiempo de vigilar el Museo Reina Sofía.
“Cuando el Ejecutivo propuso llevar la seguridad privada a los atuneros que son atacados por los piratas somalíes, se abrió una especie de concurso”, narran las citadas fuentes. “Y el Gobierno sólo puso encima de la mesa la oferta de Segur Ibérica, apartando las ofertas de otras empresas”, aseguran. Las entidades perjudicadas serían Prosegur, Eulen, Hombus y UPM.
Además, el proyecto de Segur Ibérica fue presentado al correspondiente concurso por un miembro de la Armada, siempre según la versión de estas fuentes. “Incluso, la normativa se ha ido modificando para que otras empresas no puedan acudir a los concursos, aunque es cierto que eso fundamentalmente se ha hecho para que no concursen empresas extranjeras”, afirman.
El pasado martes la ministra de Defensa, Carme Chacón, ponía fin a la visita oficial realizada por Seychelles, Yibuti y Uganda. Uno de sus últimos tours como ministra y un capítulo más en su particular manera de entender la mercadotecnia política. El objetivo del viaje era precisamente visitar a las tropas destinadas dentro de la operación Atalanta de lucha contra la piratería y buscar acuerdos de colaboración con los Gobiernos de aquellos países africanos, especialmente con Seychelles, para profundizar y mejorar en la particular lucha que se mantiene en aguas del océano Índico.
Precisamente, en su primera parada en Seychelles, Chacón anunció que ambos países crearán una comisión bilateral para estudiar el embarque de armas de mayor calibre en los pesqueros que faenan en la zona para darles mayor protección frente a los piratas. Es esta una vieja reivindicación de los armadores, que Defensa ha hecho propia, convencidos, como están, de que con armas pesadas y mayor potencia y distancia de tiro se puede hacer frente con mayores garantías a los posibles ataques de los piratas, que, no se puede olvidar, ya han secuestrado varios atuneros españoles.
El Gobierno de Seychelles siempre se ha opuesto a que los pesqueros españoles lleven ese tipo de armamento. Y se ha opuesto porque los peligros son muchos y las ventajas cuestionables. ¿Qué pasaría si este tipo de armas cayese en manos de los piratas? Se trata de ametralladoras pesadas Browning M2 calibre 50 y que, en primera instancia, Defensa ofertó a los armadores por un precio que superaba los 12.000 euros cada una de ellas.
Es cierto que desde la irrupción de los vigilantes privados en los atuneros los ataques se han reducido, aunque las cifras, como reconoce la propia titular de Defensa, son todavía terribles y esconden la verdadera realidad de un escenario peligroso.
Innecesarias
Expertos en temas de vigilancia y responsables de una prestigiosa empresa de seguridad en España, una de las ignoradas por el Ejecutivo en el proceso de concurso, reconocen a este periódico que la irrupción de las armas pesadas en los barcos no mejorará las cosas. “No hacen falta”, afirman, “porque lo más importantes es tener personal cualificado y bien preparado”, puesto que, efectivamente, por mucho que se empeñen el propio ministerio, los armadores y, curiosamente, Segur Ibérica (incluso presta servicio en buques de bandera no española), mucha parte de los vigilantes carece de las mínimas aptitudes para manejar este tipo de armas.
“Se buscan ex militares jóvenes, que desconocen lo que allí se pueden encontrar; algunos, incluso, sin la licencia de vigilante C y sin la correspondiente habilitación”, denuncian las mismas fuentes, que ponen el dedo en la llaga y señalan que la formación que obtienen los vigilantes es mínima. Incluso ahora que se ocupa Defensa de ello, “algunos instructores no estaban homologados ni por la Guardia Civil. Las prisas de cara a la opinión pública y por cerrar el negocio han hecho el resto".
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