Son legión, pero se sienten desamparados. En España, hay alrededor de 200.000 vigilantes de seguridad privada, una profesión que, según quienes la ejercen, «está desprestigiada». Sólo en Asturias, suman 2.185 hombres y mujeres en una proporción de 86 a 14, una cifra que supera a la de efectivos de la Guardia Civil (1.800) y la Policía Nacional (1.400) desplegados en la región, y acaban de constituirse en la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (AVISPA) para defenderse. Esta vez, ellos mismos.
Con una edad media de 39 años, un sueldo base que no llega a 900 euros (125 más si portan un arma de fuego) y agrupados en 19 empresas radicadas en el Principado (aunque el sector está copado por cinco gigantes de la seguridad), AVISPA ya ha formulado su primera denuncia: a la empresa Seguridad y Comunicaciones Pedro Rico y al Parque Empresarial de Argame por considerar que incumplen la Ley de Seguridad Privada, la misma que rige su trabajo cotidiano.
En el informe presentado en la Delegación del Gobierno de Asturias, aseguran que los servicios prestados por la empresa en el polígono morciniego «son desarrollados por personal sin cualificación ni habilitación como vigilantes de seguridad». Y, que en lugar de ejercer su trabajo «en pareja y con un coche de la empresa, como marca la ley, una única persona se dedicaba a las tareas de vigilancia de todo el polígono en su coche particular, que es una cosa que a nadie le entra en la cabeza», añade el secretario de AVISPA, Jorge Fernández Cuesta.
Acostumbrados a irse a dormir cuando los demás despiertan, muchos de los vigilantes asturianos han vivido situaciones similares. Al límite. Como la que relata Jenny Ruiz de los Mozos, 38 años, ocho de ellos de servicio en el País Vasco, que, una madrugada, se vio vigilando una obra en un descampado en medio de la nada. «Sin teléfono. Sin alarma. Sin arma. Sin cámaras. Sin nada». O como la que cuenta Valentín Pardo, que, una noche, mientras vigilaba las obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, tuvo «buena estrella» y decidió «hacer la ronda al revés». Eso le salvó: «Unos ladrones de cobre me estaban esperando». Él los vio antes.
88 millones de euros al año
Ninguno tiene miedo. O, al menos, es lo que sostiene Úrsula Fernández, que asegura que «eso queda claro desde el curso para obtener la habilitación». 180 horas de formación a una media de 600 euros por cabeza. Y, finalmente, dos pruebas orquestadas por la Policía que realizan en Santander o León: una teórica con 80 preguntas de test y otra, física, «muy asequible».
Lo dice Enrique Javier Álvarez, cinturón negro de tai-jitsu y 43 años, que se quedó en el paro después de 22 años en el sector de la construcción.
Pero lo que se prometía una reconversión feliz -porque «con la crisis aumentan los delitos y supuestamente también debería aumentar la seguridad»- acabó chocando con la realidad. Y «la realidad es que lo primero en lo que recortan las empresas es en servicios como la seguridad y la limpieza», subraya Raúl Cienfuegos, presidente de AVISPA, en camino de convertirse en policía y reservista del Ejército que precisa que la facturación total del sector de la seguridad privada en Asturias asciende a 88 millones de euros al año y que sus bestias negras, «por peligrosidad, son las obras y polígonos, mientras que los conflictos con la gente surgen, sobre todo, en centros comerciales o de salud».
También Raúl Ruiz Lanza, vigilante en un edificio de la Administración, proviene de las filas caquis, como atestigua su misión en Bosnia. Aunque, en su nueva labor, tiene vedada toda arma «excepto la defensa y los grilletes». La porra y las esposas. Porque el revólver está limitado a quienes no obtengan la famosa «licencia C» y sólo puede ser llevado en servicios como los que se prestan en entidades bancarias, líneas de caja de supermercados o joyerías, al igual que la escopeta 12.70, reservada para el transporte de fondos. El mítico furgón blindado.
«Una noche, vigilando el HUCA, hice la ronda al revés. Me esperaban dos ladrones de cobre»
«No tengo miedo. Eso ya queda claro desde el curso para obtener la habilitación»
«A nadie le entra en la cabeza que haya una sola persona vigilando un polígono en su coche particular»
Con una edad media de 39 años, un sueldo base que no llega a 900 euros (125 más si portan un arma de fuego) y agrupados en 19 empresas radicadas en el Principado (aunque el sector está copado por cinco gigantes de la seguridad), AVISPA ya ha formulado su primera denuncia: a la empresa Seguridad y Comunicaciones Pedro Rico y al Parque Empresarial de Argame por considerar que incumplen la Ley de Seguridad Privada, la misma que rige su trabajo cotidiano.
En el informe presentado en la Delegación del Gobierno de Asturias, aseguran que los servicios prestados por la empresa en el polígono morciniego «son desarrollados por personal sin cualificación ni habilitación como vigilantes de seguridad». Y, que en lugar de ejercer su trabajo «en pareja y con un coche de la empresa, como marca la ley, una única persona se dedicaba a las tareas de vigilancia de todo el polígono en su coche particular, que es una cosa que a nadie le entra en la cabeza», añade el secretario de AVISPA, Jorge Fernández Cuesta.
Acostumbrados a irse a dormir cuando los demás despiertan, muchos de los vigilantes asturianos han vivido situaciones similares. Al límite. Como la que relata Jenny Ruiz de los Mozos, 38 años, ocho de ellos de servicio en el País Vasco, que, una madrugada, se vio vigilando una obra en un descampado en medio de la nada. «Sin teléfono. Sin alarma. Sin arma. Sin cámaras. Sin nada». O como la que cuenta Valentín Pardo, que, una noche, mientras vigilaba las obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, tuvo «buena estrella» y decidió «hacer la ronda al revés». Eso le salvó: «Unos ladrones de cobre me estaban esperando». Él los vio antes.
88 millones de euros al año
Ninguno tiene miedo. O, al menos, es lo que sostiene Úrsula Fernández, que asegura que «eso queda claro desde el curso para obtener la habilitación». 180 horas de formación a una media de 600 euros por cabeza. Y, finalmente, dos pruebas orquestadas por la Policía que realizan en Santander o León: una teórica con 80 preguntas de test y otra, física, «muy asequible».
Lo dice Enrique Javier Álvarez, cinturón negro de tai-jitsu y 43 años, que se quedó en el paro después de 22 años en el sector de la construcción.
Pero lo que se prometía una reconversión feliz -porque «con la crisis aumentan los delitos y supuestamente también debería aumentar la seguridad»- acabó chocando con la realidad. Y «la realidad es que lo primero en lo que recortan las empresas es en servicios como la seguridad y la limpieza», subraya Raúl Cienfuegos, presidente de AVISPA, en camino de convertirse en policía y reservista del Ejército que precisa que la facturación total del sector de la seguridad privada en Asturias asciende a 88 millones de euros al año y que sus bestias negras, «por peligrosidad, son las obras y polígonos, mientras que los conflictos con la gente surgen, sobre todo, en centros comerciales o de salud».
También Raúl Ruiz Lanza, vigilante en un edificio de la Administración, proviene de las filas caquis, como atestigua su misión en Bosnia. Aunque, en su nueva labor, tiene vedada toda arma «excepto la defensa y los grilletes». La porra y las esposas. Porque el revólver está limitado a quienes no obtengan la famosa «licencia C» y sólo puede ser llevado en servicios como los que se prestan en entidades bancarias, líneas de caja de supermercados o joyerías, al igual que la escopeta 12.70, reservada para el transporte de fondos. El mítico furgón blindado.
«Una noche, vigilando el HUCA, hice la ronda al revés. Me esperaban dos ladrones de cobre»
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