Empleados de seguridad privada inician huelga ante una deuda de 240.000
Alicante, 20 dic (EFE).- Los 60 empleados de la seguridad privada de los hospitales de Elda y San Vicente, del Centro de Salud de Villena, de la estación de autobuses de Elche y del Catastro, y de la sede de Inspección de Trabajo de Alicante han iniciado hoy una huelga "indefinida" por una deuda de más de 240.000 euros.
La empresa adjudicataria de este servicio (Esabe) es la misma que gestiona la limpieza del Hospital General de Alicante y de 13 centros de salud de la comarca de l'Alacantí, y cuyos trabajadores también están en huelga desde hace seis días.
Según señala CCOO en un comunicado, el paro está motivado por los atrasos en el cobro de la nómina del mes de noviembre, de las pagas extraordinarias de julio y, previsiblemente, de diciembre, así como el no cobro de "centenares de horas extra".
Para el sindicato, la empresa adjudicataria está "inmersa en una estrategia de hacer caja", lo que provoca que esté llevando a cabo "una suspensión ilegal de los salarios como medida de presión".
Este hecho "debería ser objeto de una inspección por parte del ministerio de Trabajo", han manifestado los huelguistas. EFE
http://www.abc.es/
Alicante, 20 dic (EFE).- Los 60 empleados de la seguridad privada de los hospitales de Elda y San Vicente, del Centro de Salud de Villena, de la estación de autobuses de Elche y del Catastro, y de la sede de Inspección de Trabajo de Alicante han iniciado hoy una huelga "indefinida" por una deuda de más de 240.000 euros.
La empresa adjudicataria de este servicio (Esabe) es la misma que gestiona la limpieza del Hospital General de Alicante y de 13 centros de salud de la comarca de l'Alacantí, y cuyos trabajadores también están en huelga desde hace seis días.
Según señala CCOO en un comunicado, el paro está motivado por los atrasos en el cobro de la nómina del mes de noviembre, de las pagas extraordinarias de julio y, previsiblemente, de diciembre, así como el no cobro de "centenares de horas extra".
Para el sindicato, la empresa adjudicataria está "inmersa en una estrategia de hacer caja", lo que provoca que esté llevando a cabo "una suspensión ilegal de los salarios como medida de presión".
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