Los usuarios de P2P británicos empiezan a recibir cartas de advertencia por compartir música

VIRGIN YA LAS HA ENVIADO A MÁS DE 800 CLIENTES
Los usuarios de P2P británicos empiezan a recibir cartas de advertencia por compartir música

Miles de usuarios de internet en el Reino Unido que comparten canciones en redes P2P recibirán cartas en las que se les advertirá de las consecuencias de sus acciones. La campaña ya se ha iniciado con los clientes de la plataforma Virgin, y forma parte de la iniciativa de concienciación de la Industria Fonográfica Británica a miles de usuarios.

L D (EFE) Según informó el jueves la cadena británica BBC, citando fuentes del sector, hasta el momento, la Industria Fonográfica británica (BPI) ha identificado alrededor de 800 clientes de la plataforma británica de internet, televisión y telefonía Virgin Media que han estado compartiendo material sujeto a derechos de autor.

La firma ha accedido a enviar las cartas de advertencia a sus clientes. La BPI ha advertido, además, que podría emprender acciones judiciales con otros proveedores de internet que se nieguen a cooperar con sus demandas,por lo que ha pedido la colaboración de todos los proveedores. Según la BBC, Carphone Warehouse es una de las firmas que se han negado a cooperar.

La industria fonográfica quiere que las firmas que suministran internet corten la línea a aquellos que ignoren de forma repetida las advertencias. Los usuarios de la compañía ya han manifestado su desacuerdo con la medida, y amenazan con abandonar la operadora que ha accedido a las presiones de la BPI.

UNA REGULACIÓN SIMILAR A LA DE FRANCIA
La SGAE quiere que los proveedores de internet persigan la descarga de archivos P2P

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha reclamado un marco regulatorio semejante al adoptado por Francia para la protección de los derechos de autor en internet en España. Es decir, que las operadoras de telecomunicaciones localicen y desconecten a los usuarios que descarguen archivos a través de las plataformas Peer to Peer (P2P).



Noticia publicada el 10-06-2008

(Libertad Digital) La SGAE reclama al Gobierno un marco regulatorio semejante al adoptado por Francia para la protección de los derechos de autor en Internet en España, tal y como ha manifestado Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la entidad, en el transcurso del V Foro de las Evidencias Electrónicas, celebrado en Madrid.

Farré ha declarado que en la actualidad el sector de los contenidos se encuentra indefenso en la Red: “Cada segundo se descargan ilegalmente 30 ficheros culturales en nuestro país. Somos el sexto país con mayor índice de piratería digital, según las cifras aportadas por Estados Unidos”.

Según Pedro Farré, en los últimos años “no hemos mejorado en la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital”, debido, en gran parte, “a una falta de concienciación social y a la falta de eficacia de las soluciones aportadas desde los poderes públicos”. Por ello, aboga por implantar en España un marco regulatorio similar al de Francia, en donde los operadores están obligados por ley a localizar y desconectar a todos aquellos usuarios que se descargan archivos en plataformas P2P.

La Agencia de Protección de Datos, a favor

De hecho, un reciente estudio del Instituto de Derecho de Autor, vinculado a la SGAE, opta por regularizar este tipo de prácticas instaurando un sistema de licencias que permita la explotación de obras protegidas. Así, los usuarios tendrían que abonar un plus a su operador de internet para compartir archivos, tal y como adelantó LD.

Farré ha resaltado que “el sector cultural supone un 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), constituye un valor añadido y, además, contribuye a mejorar la imagen de la marca España”. Sin embargo, tal dato está abierto a la interpretación, y podría ser muy inferior, puesto que el Gobierno contabiliza como cultura ciertos componentes en este ámbito que difícilmente pueden ser interpretados como elementos culturales en sentido estricto, tales como medios de comunicación o aparatos de grabación y reproducción.

Así, un análisis más profundo de los datos muestra que, en realidad, el valor económico de la cultura nacional apenas superaba el 2,5 por ciento del PIB en 2005, tal y como avanzó LD. Inferior, pues, a la aportación que realiza la agricultura, la ganadería y la pesca (2,8 por ciento).

Los autores ensalzan el peso de la cultura en el PIB

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha mantenido una línea similar a la defendida por SGAE. Así lo ha expresado Arteri Rallo, su director, al sostener que es ineludible encontrar el equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la tutela judicial. Rallo ha concretado que “los programas P2P plantean riesgos que entran en conflicto con el derecho a la tutela judicial”.

“En este ámbito la Agencia cree que es necesario equilibrar el derecho a la intimidad con el de autor. Falta un marco legal que garantice ambos derechos”, ha matizado el director de la Agencia de Protección de Datos.

SOBRESEÍDO EL CASO CONTRA ELITEDIVX.COM
Poner enlaces para la descarga de canciones y películas no es delito

Hace poco más de un año, el Gobierno socialista anunciaba a bombo y platillo una operación contra una serie de sitios web especializados en proveer enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor en las redes P2P. Sin embargo, los jueces no acaban de ver que esta actividad sea delictiva.



Noticia publicada el 05-06-2008

LD (Daniel Rodríguez Herrera) El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha sobreseído el caso contra F. T. y D. M. L. L., propietarios de una pequeña tienda de informática y responsable de la web elitedivx.com. El juez estima que, interpretando la ley según el principio de proporcionalidad, se deben considerar fuera del ámbito penal conductas "que no gozan de la suficiente trascendencia".

La resolución se basa en la LSSI para afirmar que las webs que proporcionen enlaces a contenidos alojados en redes de intercambio de ficheros "no serán responsables por la información a que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información en cuestión son ilícitas", entendiéndose como tal que "un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada".

No obstante, abre la puerta a la vía civil, al considerar que podría tratarse de "una vulneración de los derechos de explotación de los titulares de los derechos de propiedad intelectual existentes sobre las obras afectadas, al suponer una actuación de intermediación en la comunicación pública de las obras en cuestión".

Este sobreseimiento se suma al que ya tuviera lugar en octubre con respecto a la web Sharemula.com. Según el abogado Javier de la Cueva, "las descargas de las redes de pares no son delito al no existir ánimo de lucro; las webs tampoco son delito porque sólo contienen enlaces y no albergan la obra; dicen dónde está pero no son poseedoras de la misma". Para explicar la actividad de estas páginas, hace una similitud con los periódicos que publican la programación de las televisiones; dicen cómo acceder a ciertos contenidos, pero no son responsables de ellos.

Hasta el momento, las resoluciones judiciales se han encaminado en esta dirección, por lo que cabe esperar que las entidades de gestión de derechos pasen a hacer reclamaciones por la vía civil, como sucede en Estados Unidos, donde en cambio no existe el canon digital.