Los vigilantes de Belas Artes confían en empezar a cobrar con la nueva empresa

Los encargados de la vigilancia del museo de Belas Artes y la biblioteca González Garcés trabajan desde la semana pasada para una nueva empresa, Vinsa, del grupo Alentis, después de que la Xunta resolviera finalmente el concurso público paralizado desde el mes de enero. Esto significa una nueva etapa en la que los 17 empleados que velan por los fondos artísticos y bibliotecarios de ambos centros esperan poder volver a recibir su sueldo mensual tras un período de seis meses sin cobrar con la anterior firma, Esabe

Sin embargo, según el colectivo, la deuda arrastrada por Esabe durante medio año está más que nunca en el aire después de que la subcontrata les invitase a firmar un escrito en el que renunciaban a interponerles cualquier tipo de demanda judicial con respecto a los cerca de 11.000 euros que suman entre todos. La condición que les ponían, en palabras de los afectados, es que o firmaban los documentos o no subrogaban.

Finalmente, la mayoría optaba por aceptar la cláusula a cambio de un dinero al mes con el que poder pagar la hipoteca y las necesidades primarias, sobre todo, después de ver cómo su cuenta bancaria no subía del cero en seis meses y cómo algunos tenían que regresar a la casa de sus padres al no poder hacer frente a los gastos. Las necesidades económicas por las que están pasando y la realidad de un mercado sin ofertas les ha llevado a continuar a cargo de las labores de vigilancia de estos edificios, asegurando así un año de contrato prorrogable a otro más si las cosas van bien.

A lo que no están dispuestos los vigilantes de seguridad es a renunciar al dinero que les corresponde y están mirando la forma de recuperar parte de la cantidad a través de Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, que actúa frente a las empresas que están en quiebra.

Aunque todavía la firma no se ha declarado en este estado, según los afectados no tardarán en hacerlo. En todo caso, el hecho de iniciar un proceso judicial emplazará la resolución de la demanda a tres o cuatro años por lo menos, aseguran los trabajadores, un plazo muy tardío si se tiene en cuenta que muchos ya han sido embargados.

Por su parte, el colectivo también se cuestiona dónde está el dinero que la Xunta pagó a Esabe y critican la pasividad de la administración.

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