Como todos los sectores empresariales, el de la seguridad privada vive horas bajas. Lo demuestran los datos que ofreció ayer Alfonso Tapia, representante en Burgos de la patronal nacional (Aproser), quien aseguró que la cifra de facturación este año descenderá entre un 10% y un 15% sobre la de 2011. Además, el número de vigilantes en la provincia ha bajado en un 13% desde 2004, al pasar de 750 a los 650 de la actualidad -pertenecientes a 32 firmas-.
Las empresas de seguridad privada -servicios de vigilancia e instaladoras de dispositivos- celebraron ayer su fiesta acompañados la Policía Nacional, responsable de tutelar sus actividades. El negocio ha disminuido, señaló Tapia, por dos factores, por la reducción del presupuesto en la Administración Pública y la empresa privada y por el aumento de la morosidad en ambos ámbitos.
El reto, hoy en día, según explicó, pasa por garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo. Asimismo, apeló a la necesidad de velar por contar cada día con un personal «más cualificado» y luchar contra «el intrusismo laboral». Se refirió al anteproyecto de Ley que elabora el Gobierno sobre seguridad privada. Una norma que, a juicio de Tapia, debe regular el control de la actividad y el acceso de los trabajadores a la profesión.
Al acto, celebrado ayer en el salón de acto de Cajacírculo de Plaza España, acudió el subdelegado de Gobierno, José María Arribas, quien subrayó la importancia del sector de la seguridad privada en el esfuerzo de prevención para evitar la delincuencia en ámbitos como el empresarial y el del patrimonio. José María Calle Leal, el comisario provincial, destacó el clima de colaboración entre la Policía y las empresas privadas. El año pasado colaboraron en 690 servicios de auxilio y la Comisaría recibió 884 avisos de control de alarma, del que fueron reales 35.
Anecdotario
Enrique de la Fuente González, de la empresa que lleva su nombre, hizo un recorrido desde los años 70, cuando empezó en este negocio, a la actualidad. Desde cuando colocaba tiras de plomo en las ventanas de casas y negocios que hacían sonar la alarma cuando se rompía el cristal, hasta los más modernos dispositivos de videovigilancia que permiten grabar hasta 30 horas seguidas y enviar la señal a teléfonos móviles. Recordó que su empresa colocó las primeras lunas blindadas, en Caja Rural, y contó una anécdota de los años 80, en San Pedro y San Felices. Acudieron a montar una caja fuerte a una tienda, a mediodía. Un frutero sospechó que habían ido a robar y llamó a la Policía. Se presentaron varias dotaciones y se lo llevaron dos agentes en volandas, mientras oía desde la otra acera: «Ya le han cogido, ya le han cogido». Por suerte pudo ‘desfacer’ el entuerto con el comisario de la época.
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Las empresas de seguridad privada -servicios de vigilancia e instaladoras de dispositivos- celebraron ayer su fiesta acompañados la Policía Nacional, responsable de tutelar sus actividades. El negocio ha disminuido, señaló Tapia, por dos factores, por la reducción del presupuesto en la Administración Pública y la empresa privada y por el aumento de la morosidad en ambos ámbitos.
El reto, hoy en día, según explicó, pasa por garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo. Asimismo, apeló a la necesidad de velar por contar cada día con un personal «más cualificado» y luchar contra «el intrusismo laboral». Se refirió al anteproyecto de Ley que elabora el Gobierno sobre seguridad privada. Una norma que, a juicio de Tapia, debe regular el control de la actividad y el acceso de los trabajadores a la profesión.
Al acto, celebrado ayer en el salón de acto de Cajacírculo de Plaza España, acudió el subdelegado de Gobierno, José María Arribas, quien subrayó la importancia del sector de la seguridad privada en el esfuerzo de prevención para evitar la delincuencia en ámbitos como el empresarial y el del patrimonio. José María Calle Leal, el comisario provincial, destacó el clima de colaboración entre la Policía y las empresas privadas. El año pasado colaboraron en 690 servicios de auxilio y la Comisaría recibió 884 avisos de control de alarma, del que fueron reales 35.
Anecdotario
Enrique de la Fuente González, de la empresa que lleva su nombre, hizo un recorrido desde los años 70, cuando empezó en este negocio, a la actualidad. Desde cuando colocaba tiras de plomo en las ventanas de casas y negocios que hacían sonar la alarma cuando se rompía el cristal, hasta los más modernos dispositivos de videovigilancia que permiten grabar hasta 30 horas seguidas y enviar la señal a teléfonos móviles. Recordó que su empresa colocó las primeras lunas blindadas, en Caja Rural, y contó una anécdota de los años 80, en San Pedro y San Felices. Acudieron a montar una caja fuerte a una tienda, a mediodía. Un frutero sospechó que habían ido a robar y llamó a la Policía. Se presentaron varias dotaciones y se lo llevaron dos agentes en volandas, mientras oía desde la otra acera: «Ya le han cogido, ya le han cogido». Por suerte pudo ‘desfacer’ el entuerto con el comisario de la época.
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