Vigilantes V.S.
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Juan-Carlos Arias
La seguridad pública es uno de los valores que todo estado debe primar. Proteger a los ciudadanos es una obligación de los poderes públicos. Garantizar propiedades, bienes públicos, personas y lo que estas decidan con su libertad es algo que durante los últimos meses se relativiza.
Desconocemos qué organismos (Ministerio de Interior y Justicia, CGPJ, Fiscalía General…) nos acercan a la realidad criminal española. A muchos nos parece que los delitos subieron con la crisis. Oficialmente no es así. En el empeño hay manos que ocultan verdades en zonas turísticas, rurales o polígonos industriales. Muchas conductas quedan impunes porque no se denuncian. Es más inmediato contratar agentes privados. No más barato.
La crisis causa estragos al sector de la seguridad privada española. Nació con la democracia y alcanzó su apogeo en los ochenta y noventa. En sus cúpulas empresariales predominan expolíticos que tocaron poder e inversores que exigen dividendos. Colaboran al empeño exmilitares, policías y guardias civiles ¿incompatibles? bien contactados con colegas activos. Los últimos ansían sucederles por la nómina extra. Más abajo encontramos a profesionales muy mal pagados. Casi llegan a los 200.000.
La competencia entre empresas del sector por contratar con la administración bajó su temperatura por los recortes. Fue llamativo lo sucedido en ESABE, una de las grandes. Su directiva fue detenida y aún huye su director. Entre todos necesitarán excelentes abogados. En otra grande, SEGUR IBÉRICA, cruza querellas sindicalistas, directivos por discutibles prácticas. ¿La crisis excusa el abuso?
La seguridad privada merece respeto aunque no entendemos cómo Estado y autonomías dejan funciones propias custodiando, por ejemplo, cárceles, recintos públicos, aeropuertos, colegios, etc… A la prensa llegan denuncias por lo mal que está el sector y se sabe que bajo eufemismos (controladores, verificadores, inspectores, conserjes…) hay intrusos de la seguridad privada oficial. La guerra está, al parecer, en timar al cliente de la seguridad privada o cotizar a la baja para captar contratos.
El gobierno de Rajoy, mientras, deja que el escándalo vaya apoderándose del sector amenazándonos de gravísimas consecuencias. La más rechazable es que los ricos tendrán a buen recaudo sus bienes. Los que tenemos menos nos armaremos de paciencia, por decir algo.
La Ley 23/92 que regula el sector –que no el negocio– está obsoleta, parcheada por el Reglamento 2364/94, sentencias del Supremo y Constitucional. La redactaron los mismos juristas que, en la funesta época del ministro Corcuera, quisieron pisotear derechos con la ‘patada en la puerta’. Un dato: esa norma hasta regula a los detectives privados por ‘razones de urgencia’. Recordemos que algunos sabuesos investigaron escándalos del felipismo (caso Juan Guerra, Roldán…).
La única realidad que toca a los pacientes trabajadores de la seguridad privada patria es que ganan menos, trabajan más o avizoran desempleo. Este trabajo es refugio de otras labores en épocas de crisis. Mientras se multiplican demandantes cierran empresas. Y lo peor es que las malas artes imperan por doquier.
Confiemos que la policía, encargada de controlar la seguridad privada, no desfallezca en su empeño de ofertar garantías al ciudadano y al empleado. Si se atropellan derechos con la crisis que haya algún funcionario redactando actas que validen lo jueces. Corren tiempos turbios.
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