Vigilancia asegurada

Vigilancia asegurada (5)
Un contrato de servicio de vigilancia, de 2.508.492,00 euros se adjudica a dedo por 2.383.067,40 euros es decir, 125.424,6 euros menos, el motivo: por ser la oferta más ventajosa y luego sale otro contrato adjudicado a dedo también a la misma empresa, denominado: "ampliación del servicio de vigilancia", por valor de 152.165,30 euros.
Por: el_investigador

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desde 15 de Febrero de 2012

DEScalificación:
Triple A: A dedo, Anomalía, Acojontante

Un contrato de servicio de vigilancia, de 2.508.492,00 euros se adjudica a dedo por 2.383.067,40 euros es decir, 125.424,6 euros menos, el motivo: por ser la oferta más ventajosa y luego sale otro contrato adjudicado a dedo también a la misma empresa, denominado: "ampliación del servicio de vigilancia", por valor de 152.165,30 euros.

Y por si esto fuera poco, como el valor estimado del contrato es de 5 millones de euros, seguramente el contrato total será por dos años, y a saber si saldrá más ampliaciones.

Contrato a dedo:
b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.508.492,00 euros. Importe total: 2.960.020,56 euros...
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 2.383.067,40 euros. Importe total: 2.811.302,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa.

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Ampliación a dedo:
b) Descripción:
Ampliación del servicio de vigilancia de seguridad en los Servicios Centrales del CAPN.

b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad.
...
Importe neto: 152.165,30 euros. Importe total: 179.555,05 euros.

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Ante estos hechos, presentaremos una querella criminal en el juzgado, cuyo modelo de documento (no se puede presentar en la web la querella con nombres y apellidos, ya que incurriríamos en un delito), lo adjuntamos al final del artículo, por los siguientes delitos:

1) Un delito de Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, previsto en el artículo 404 del Código Penal, que dispone que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

2) Un delito de cohecho, previsto en el artículo 419 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.”

3) Un delito de los fraudes y exacciones ilegales, previsto en el artículo 436 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.”

4) Un delito de negociación y actividad prohibida a funcionarios públicos, y abuso en el ejercicio de su función, previsto en el artículo 439 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.”


El Objetivo de esta demanda son varias:

1) Evitar en el futuro actuaciones parecidas.
2) Responsabilidad penal para el/los responsables públicos.
3) Conseguir que los siguientes contratos sean ordinarios y abiertos, permitiendo la libre competencia entre las empresas del sector, con el consecuente ajuste de precios.


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Por Dios ¿Terminara este Pais de Corromperse algun dia ?

que verguenza dios mío y pensar que sólamente salen a la luz el 0,5% de los casos... haber cuando se paraliza la cosa y decimos Basta!!! aunque bueno... quienes deberían velar por el bien del trabajador y empresas "los politicuchos", (todos) en especial quien nos está gobernando además de incumplir todo (luego dicen que lo han elegido democraticamente, claro pero por sus promesas no por su perilla, ni por lo guapo que es...) están corruptos desde la cabeza a los pies...