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¿Contrato único? El Gobierno se decanta por la contratación simplificada


El lunes pasado, el comisario europeo de Empleo, László Andor, destapaba la caja de los truenos con su propuesta de un 'contrato único abierto', para luchar contra el desorbitado paro juvenil, que en España alcanza el 57%, y contra la dualidad del mercado laboral, que acusa una segmentación profunda entre temporales e indefinidos.

La propuesta abrió y reabrió todo un debate político, social y académico sobre uno de los males endémicos del mercado de trabajo: el principal es ahora la tasa de paro en sí, pero el abismo entre temporales e indefinidos es una cuestión de fondo con amplia proyección. Un debate paradójico, además, sobre todo porque el que el Gobierno ya había anunciado medidas en esta dirección. No en vano, el pasado 15 de abril, en un foro organizado por Adecco y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), era la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien anunciaba una "simplificación administrativa" de los modelos de contrato.

Las reacciones, de rechazo, no se hicieron esperar y, sorpresivamente, concitaron el consenso. Si ya el mismo lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondía hablando de la "satisfacción" del Ejecutivo con los efectos de la reforma laboral de y la no intención de cambiar la norma "ni en una ni en otra dirección", el martes era turno de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que afirmaba ya desde primera hora que el contrato único "no tiene cabida en la Constitución".

También aportaron argumentos en contra sindicatos y patronal. El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no dudó en afirmar que se trata de una "invitación" a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes "sin causa y casi gratis total". Y Cándido Méndez, responsable de UGT, se reafirmó en que "esa modalidad de contrato único ya existe en España, es el contrato de emprendedores". En la otra orilla, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, declaró que la medida era "muy atrevida". Para el dirigente empresarial, lo que sí debería potenciarse es "el contrato a tiempo parcial".

La idea del comisario húngaro tampoco tuvo buena acogida para los partidos políticos. Todos criticaron la medida salvo UPyD, que afirmó que la fórmula "desbloquearía" el mercado de trabajo. Su líder, Rosa Díez, no dudó en enmendar la plana a la cuestión de la legalidad de la norma: "es una soberana tontería decir que es inconstitucional".

El debate académico

El diagnóstico del comisario ha resucitado también un debate académico. En 2009, un grupo de economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) había impulsado el llamado 'Manifiesto de los Cien', con amplia repercusión en los medios de comunicación.

Lo que los estudiosos del 'think tank' proponían era un 'contrato único con indemnización creciente' en función de los años en la empresa en el momento del despido y con lo que ellos daban en llamar 'mochila austríaca'. Es decir, que el empresario deposite una parte del salario a modo de cotización en un fondo que pueda ser rescatado por el trabajador en caso de despido. Una 'hucha' que funciona como una especie de fondo de pensiones, puesto que el trabajador puede optar por capitalizar ese 'ahorro' acumulado en sus años en la empresa si se va al paro, o por reservarlo.

En este modelo, los diferentes tipos de contratación quedaban muy reducidos, pues se suprimían todos los contratos temporales salvo aquellos de interinidad, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación y de relevo. También se suprimía el contrato indefinido ordinario. Sus impulsores sostienen, además, que en esencia, supone un contrato indefinido que inicialmente se asemeja a uno temporal pero que adquiere con el tiempo las propiedades del indefinido. Y es que convierte todos los contratos, por defecto, en indefinidos, con lo que también refuerza, en palabras de sus partidarios, la seguridad laboral para todos los trabajadores y no desincentiva la contratación.

La propuesta de Fedea ha sido reivindicada de forma recurrente por la entidad. Si ya en la reforma laboral de 2010 el Gobierno de Zapatero estudió la viabilidad de implantar un sistema de capitalización a imagen del vigente en Austria, la ley del actual Ejecutivo tampoco convenció plenamente al organismo, que ya en su momento la tachó de "desequilibrada", por avanzar mucho en la flexibilidad de las condiciones laborales y casi nada en la seguridad del empleo, el otro pilar de la llamada "flexiseguridad" que supuestamente introduce la norma.

La CEOE ha articulado también una propuesta simplificadora de la contratación, que algunos medios dieron en identificar con la propuesta del comisario László Andor. Se tratata de un contrato fijo de entre cero u ocho a los 20 días por año trabajado. Su presidente, Juan Rosell, se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de los denostados 'minijobs', como vía para que los jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo. "Es mejor que trabajen 20 o 10 horas a la semana a que no trabajen nada", ha expresado cuando ha sido preguntado al respecto. Sus detractores aprecian en este modelo, que rige en Alemania para varios millones de personas, desde jóvenes a jubilados con menguadas pensiones obligados a completar ingresos, una forma de precarizar aún más el mercado laboral.

Otra propuesta de simplificación de la contratación más reciente es la formulada por el experto laboralista Íñigo Sagardoy. En una entrevista en EL MUNDO publicada el pasado 13 de mayo -mismo día que el comisario László Andor sugería en Madrid el 'contrato único abierto'-, el presidente de Sagardoy Abogados proponía reducir a tres los modelos de contrato. De un lado, el contrato indefinido según el patrón del contrato para emprendedores creado por la reforma laboral, en el que se introduce un periodo de prueba de un año que, de no superarse, no da derecho a indemnización. Un contrato eventual, por circunstancias de producción puntuales y que no pueda usarse como sustituto al indefinido. Y, en tercer lugar, uno formativo que englobe todas las modalidades de prácticas o de formación dual.

La cuestión de la legalidad

Uno de los argumentos contra el 'contrato único' más destacados fue el de su "inconstitucionalidad". Lo esgrimió la propia ministra de Empleo. En puridad, juristas de bufetes como Sagardoy o Quatrecasas explican que un contrato único que reformule radicalmente la contratación iría en contra del artículo 35 de la Constitución y del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificado por España-, que establece que toda extinción de un contrato de trabajo debe tener una causa.

La afirmación tiene también su historia. La propuesta de Fedea del contrato único con indemnización creciente sufrió una reformulación. Sus impulsores tuvieron que hacer una segunda versión después de que los expertos legales que la revisaron advirtieran de que colisionaba con el Derecho, en tanto que planteaba una escala única de indemnización, al margen de que los despidos fueran procedentes o improcedentes.

Así pues, añadidas estas dos escalas para los despidos objetivos, el modelo evitaba también que se tuviera que alterar la indemnización por despido disciplinario, por lo que el modelo no modificaba la protección vigente y todos los trabajadores tendrían derecho a ella.

Una lectura al pie de la letra

En vista de la polémica levantada, seguramente Andor no se imaginaba que su concepto de 'contrato único' iba a ser tomado tan al pie de la letra. Su propuesta seguramente se encontraba más en la línea de la simplificación genérica de todos los modelos de contratación que de la reducción a un solo contrato, un modelo que, de ser tomado al pie de la letra, no tendría equivalente en ningún otro país del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el despido sí es libre con un preaviso de 15 días, pero la legislación laboral distingue entre contratos indefinidos y temporales puesto que, también en función de ello, otorga las visas de residencia a los inmigrantes.

Lo cierto es que ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Portugal, por establecer una comparativa con nuestros socios europeos, cuentan con un modelo de despido único. Estos países citados tienen una legislación laboral similar a la española aunque cuentan con menor número de tipos de contrato. Lo que sí tienen otras naciones en Europa, como Austria, es el conocido fondo de capitalización del trabajador. En el caso del país alpino, esta hucha, que funciona de manera similar a un fondo de pensiones, está gestionada por empresas privadas. Holanda o Dinamarca cuentan también con fondos de capitalización para los trabajadores.

Y a falta de lo que traigan cambios en el futuro, en la actualidad un empresario que quiera contratar en España tiene a su disposición un 'menú' de 41 tipos de contrato, agrupados en torno a cinco categorías: indefinidos, formativos, de duración determinada, para personas con discapacidad y una quinta modalidad que engloba desde el servicio del hogar hasta el contrato de trabajo en grupo o el contrato de trabajo a domicilio.

La última reforma laboral, de febrero de 2012, ya había introducido algunos cambios. Así, facilitó e hizo menos rígido para los empresarios el contrato en prácticas y de formación. También introdujo las posibilidad de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial y reguló y dotó de un régimen específico al trabajo a distancia.

Ahora, a falta de mayor detalle y en palabras de la propia ministra, lo que su "simplificación administrativa" pretende es que las empresas "conozcan mejor los 40 tipos de contrato" y "los incentivos que lleva aparejados" cada tipo. Desde el Ministerio se matizó en su momento que aspiran a que las empresas distingan qué modelo se adapta mejor a sus necesidades "en las tres formas de contratación que prevé la ley (temporal, indefinida y de formación)". En conclusión, se trataría de desenredar la madeja, pero no de acortar la cantidad de lana que contiene.


[color=brown]El PP acusa a socialistas y nacionalistas de anteponer 'adoctrinamiento' a 'calidad'[/color]


El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha señalado que los modelos educativos socialista y nacionalista "han estado más pendientes de la ideología y del adoctrinamiento que de la formación de calidad". A su juicio, "estas cosas son las que luego se pagan en las evaluaciones internacionales".

El dirigente 'popular' ha declarado, en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, que con la LOMCE el PP quiere "defender la libertad de la educación en toda España, y también en Cataluña" y que "la ideología no sea lo que prime en las escuelas".

"Todo el mundo es consciente a lo que nos ha llevado el actual sistema educativo, que tiene unas consecuencias que están ahí, que son fácilmente evaluables: uno de los mayores índices de fracaso escolar de la OCDE uno de los peores índices en calidad educativa de los países de nuestro entorno", ha apuntado Hernando, para quien la "cara más dramática" de esta situación se observa en "unos índices de desempleo juveniles superiores al 50%".

En este sentido, ha criticado que los partidos de la oposición tengan una reacción de "vuelta al pasado" con "eslóganes y propagandas" que, a su juicio, "que no conducen a nada". "No hemos recibido hasta ahora ninguna alternativa positiva".

"Algunos ya nos habían anunciado, incluso antes de conocer el texto, que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Parece que en el PSOE el recurso de inconstitucionalidad se ha convertido en el recurso al pataleo cuando alguien quiere modificar en España lo que no funciona", ha declarado Hernando, que ha denunciado que es "una situación muy preocupante".

Para finalizar, el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso ha señalado que "desde el PP" están "abiertos al debate y al diálogo". Además, ha asegurado que abogan por "el cambio para que los jóvenes españoles sean más fácilmente empleables y para que el nuevo sistema educativo sirva para fomentar el trabajo, el talento y el esfuerzo".


Urkullu afirma que la 'ley Wert' supone 'un retroceso' para Euskadi


El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido esta mañana de que la 'ley Wert' "a Euskadi no le sirve".

A su juicio, el proyecto de reforma educativa aprobado este viernes por el Consejo de Ministros no sólo "invade" las competencias vascas en materia de enseñanza, sino que pretende "atajar unos problemas" que en la comunidad autónoma "no existen".

El presidente, que ha celebrado en Bilbao el trigésimo aniversario de Osakidetza (el servicio vasco de salud), no lo ha citado, pero se refiere, por ejemplo, al abandono escolar, un indicador en el que Euskadi se sitúa muy por encima de la terrible media nacional y cerca de las cifras europeas.

Por eso, el dirigente nacionalista espera que en el trámite en el Congreso el proyecto sea modificado (el PP tiene mayoría absoluta para que no lo sea), ya que, tal y como está planteado, supondrá "un retroceso para la educación en Euskadi".

El Gobierno de Urkullu coincide básicamente con las críticas que está haciendo la Generalitat de Artur Mas (CiU) a la 'ley Wert', y de hecho tampoco descarta acudir al Tribunal Constitucional si la LOMCE no incorpora las "condiciones irrenunciables" que ha fijado el PNV: respeto al tratamiento actual del euskera y a las competencias vascas, la reconsideración del sistema de evaluaciones (que en la práctica implicará que el Ejecutivo de Madrid establezca los contenidos comunes para toda España que los alumnos vascos deberán estudiar) y la preservación del reconocido sistema vasco de Formación Profesional.

Conviene decir, en todo caso, que el supuesto ataque al euskera no tiene las consecuencias que la regulación sobre el castellano puede acarrear en Cataluña, porque en Euskadi se mantiene, al menos sobre el papel aunque en realidad con dificultades en la práctica, un abanico de tres modelos lingüísticos para las familias: el pujante D (todo en euskera menos la Lengua y Literatura española), el mayoritario B (bilingüe) y el residual A (que cada vez pierde más horas de castellano en favor de la lengua vasca).

Aun así, el lehendakari mantiene sus distancias con Mas, sobre todo en las formas.

A pesar de lo que le pide la izquierda abertzale e incluso el PSE-EE, además de casi toda la comunidad educativa liderada por los sindicatos nacionalistas, no está abanderando una oposición 'de país' contra la propuesta del ministro de Educación, sino agotando hasta el final la vía del pragmatismo para no derribar los puentes hacia un posible acuerdo con el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy. Aunque las esperanzas cada vez son más escasas.


España, ¿un país de corruptos?


En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica.

"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.

¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.


"Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'"

Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.

Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos.


¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.

En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.

¿Quién no ha usado nunca un 'enchufe'?

"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".



"El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador, imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas"

El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?

Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.

Corrupción para todos los gustos

Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado".



"Haría falta un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas..."

El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.

¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".

Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.

Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.

Una factura abultada

La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.

La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".