Llegan los vigilantes ‘secretos’
may 8th, 2013 | By Roberto R. Ballesteros | Category: Seguridad privada
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La futura ley de seguridad privada permitirá al personal
prescindir del uniforme en algunos casos.
Foto: Chema Barroso.
El anteproyecto de ley de seguridad privada está provocando sustanciales cambios en el sector. Además de la posibilidad de que los vigilantes controlen el perímetro de las prisiones, de que las empresas puedan tener departamentos de detectives, de que el personal de la seguridad privada pueda ser considerado agente de la autoridad cuando vaya de la mano de la Policía, de que se establezca un registro nacional para todas las empresas y despachos de investigación privada o de que los profesionales puedan actuar en la vía pública bajo determinadas supuestos, la normativa incluirá también la posibilidad de que en algunos casos los trabajadores puedan prescindir de su uniforme a la hora de desempeñar su labor.
Así lo contempla en artículo 39 del citado anteproyecto. “Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo”, señala el punto dos del citado artículo. Fuentes policiales señalan que esto será una excepción, ya que la regla general seguirá siendo que la inmensa mayoría de los vigilantes estén uniformados como hasta el momento.
Argumentan las mismas fuentes que es lógico que se permita esta singularidad, ya que existen determinados servicios que requieren que esta medida se desarrolle de este modo. Ponen como ejemplo, personal de seguridad privada que ya puede actuar sin uniforme porque su labor así lo requiere, como los escoltas que protegen a políticos o empresarios.
El anteproyecto indica expresamente que sea un reglamento que se apruebe en un futuro el que establezca estas nuevas excepcionalidades dirigidas a los vigilantes de seguridad en función de las conclusiones que dirima un estudio previo relativo a los servicios que podrían demandar un trabajo sin uniforme.
El anteproyecto de ley de seguridad privada fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de abril y tiene el objetivo de mejorar la colaboración entre la seguridad pública y la privada en un momento en el que la crisis ha provocado que disminuya considerablemente la oferta pública de empleo en las fuerzas de seguridad, que venía de situarse en más de 5.000 plazas anuales para cada cuerpo (Policía y Guardia Civil) a no superar las 300 anuales desde el último año del Gobierno socialista.
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