Seguridad privada

Seguridad privada


El Proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, se rige, tal y como ha subrayado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por “el principio de preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada”. Ello “es una realidad absolutamente innegociable que deriva de la Constitución y se plasma de una manera clara en el articulado de este Proyecto de Ley, bajo los principios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad del personal de las empresas privadas de seguridad respecto a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado”.

En este sentido, el ministro ha especificado que “no se trata, en absoluto, de privatizar la seguridad”, sino de “mejorar algunos aspectos de la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012, el sector de la seguridad privada factura casi 3.500 millones de euros y lo integran cerca de 1.500 empresas, que emplean a 85.000 trabajadores.

Es un sector que, según ha manifestado Fernández Díaz, está muy bien posicionado a nivel internacional. De hecho, una empresa española se encuentra entre las cuatro primeras a nivel mundial. Sin embargo, el número de vigilantes privados por cada 100.000 habitantes es de 195, frente a los 271 de promedio del conjunto de la Unión Europea.

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El Gobierno aprueba el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada en España
* 15.6.13
- EL MERCURIO DIGITAL - 
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.  
 
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.
 
Nuestro país es uno de los Estados miembros con más policías por habitante (516 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea.
 
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.
 
Principales novedades del proyecto de Ley
 
Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril,  el Ministerio del Interior entregó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses, se han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña, además de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.
 
Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.
 
En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de los modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.
 
En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso salvo en lo que se refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en todo caso, reside en el Estado.
 
Otra de las novedades que recoge el nuevo proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora, se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa).
 
Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.


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Las empresas de seguridad privada no podrán ofrecer detectives

Las empresas de seguridad no podrán ofrecer servicios de investigación privada, que estarán reservados a las agencias de detectives.

Así figura en el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso. El contenido de esta norma fue explicado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al término de la reunión semanal del Ejecutivo.

Fernández Díaz aseguró que con esta futura ley habrá un marco sobre seguridad privada “plenamente actualizado” y que contribuirá por extensión a mejorar la seguridad ciudadana. También destacó que el texto aprobado clarifica la distribución competencial entre Administraciones.

El ministro explicó que el proyecto legal que remiten al Congreso incluye algunas de las 44 sugerencias que instituciones, empresas privadas y otros colectivos han realizado respecto al anteproyecto que fue estudiado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros. 

El responsable de Interior destacó que entre los cambios que se han introducido respecto al anteproyecto está lo relativo a la incompatibilidad entre prestar servicios de seguridad privada y de investigación privada, concepto este último que hace referencia a los detectives.

“CONFLICTO DE INTERESES”

En este sentido, el ministro dijo que si bien esta incompatibilidad no figuraba en el anteproyecto presentado en abril, se ha recuperado en el proyecto, al entender que puede haber un “conflicto de intereses” u “ontológico” entre dar protección a alguien y hacer también de detective. 

Asimismo, Fernández Díaz señaló que también han incorporado la sugerencia de liberalizar lo relativo a la consultoría de seguridad, de modo que esta labor no la podrán realizar sólo empresas del ramo, sino cualquier otro gabinete técnico. 

El ministro también explicó que se han aceptado sugerencias de los sindicatos de seguridad para evitar el intrusismo en el sector, al tiempo que se han incorporado disposiciones para combatir las agresiones a vigilantes o guardas de seguridad. Esto intentará conseguirse dotando a estos profesionales del rango de “agente de autoridad” en determinados casos. 

Asimismo, el titular de Interior se refirió a que el proyecto también incorpora una sugerencia del gremio de los joyeros, en el sentido de que las empresas de seguridad asuman la responsabilidad en relación con los servicios que pueden prestar a estos profesionales. 

Otra mejora introducida fue planteada por la Agencia de Protección de Datos, que sugirió que las Fuerzas de Seguridad del Estado no aporten datos sensibles a las empresas privadas salvo cuando se trate de evitar un “peligro cierto” en relación con la seguridad de los ciudadanos.
(SERVIMEDIA)

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IU rechaza el proyecto de ley de seguridad privada que busca "el control de las investigaciones por parte del Gobierno"


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Foto: EUPV
OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El diputado nacional de IU Ricardo Sixto ha rechazado este sábado en Grado el proyecto de Ley presentado por el Gobierno del PP de seguridad privada al considerar que la medida no responde a las necesidades reales de mejora de la seguridad, sino una voluntad del Ejecutivo de controlar las investigaciones, habiendo tenido un importante peso en esta ley los casos de espionaje en Cataluña.

   "Trata de controlar las labores específicas que se están haciendo de investigación por parte de detectives privados. Nos parece que la posición del Gobierno va más incardinada a informar al Gobierno, que se informe al gobierno, de las investigaciones que se están realizando, que a proteger el ámbito privado y los derechos fundamentales de las personas investigadas", ha destacado el diputado de la coalición.

    A juicio de IU esta ley, de salir adelante, supondría que la vigilancia perimetral de las prisiones deje de ser realizada por la Guardia Civil, quedando en manos de empresas. Así, ha insistido en que dicha ley tiende a aumentar la privatización de los servicios de seguridad en el conjunto del Estado.

   Para el parlamentario, la normativa puede suponer, además, un menoscabo a la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.


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REFORMAS | LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
El Gobierno aprueba la nueva ley de seguridad privada
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

17 de junio de 2013 - PP

La ley de seguridad privada trata de mejorar la seguridad de los ciudadanos, siempre con la prevalencia de la seguridad pública.
 
La Ley fortalece el servicio público de Seguridad ciudadana y clarifica el papel del sector de la seguridad privada.
- La seguridad privada es un sector que mueve 3.500 millones al año, da trabajo a 85.000 personas y está bien posicionada internacionalmente.

La nueva ley introduce mejoras para mejorar la libertad y seguridad de los ciudadanos.
- Da rango legal a la actividad de los detectives privados.
- Liberaliza la actividad de consultoría de seguridad.
- Reserva la investigación privada a las agencias de detectives.
- Adapta los sistemas de seguridad al desarrollo tecnológico.

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