El Gobierno privatiza la vigilancia del ruido y la seguridad exterior de las prisiones

El Gobierno privatiza la vigilancia del ruido y la seguridad exterior de las prisiones

LUIS DíEZ | 27 de junio de 2013

El ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, ayer, durante la presentación de la campaña de la DGT para este verano. / Javier Lizón (Efe)
Los mapas del ruido son interesantísimos; sirven para saber cuanto ruido hace. Y puesto que mayormente lo producen los coches, las motos y los camiones, la ministra de Fomento, Ana Pastor (no confundir con la periodista egresada de TVE) se ha gastado más de 4 millones de euros en encargar mapas de contaminación acústica de la red de carreteras y autovías del Estado.
En la segunda fase de los “mapas estratégicos de ruido” de la red en Madrid ha gastado 205.202,63 euros; en Castilla-La Mancha y Extremadura, 753.360; en Asturias, Cantabria y Galicia, 708.750; en la Comunidad Valenciana y Murcia, 576.700; en Castilla-León y La Rioja, 705.933,47; en Andalucía, 764.270,96, y en Cataluña y Aragón, 654.810 euros.
No piensen que para economizar esos 4.369.087,06 euros, el Gobierno ha apelado a la Guardia Civil (DGT), que conoce mejor que nadie la intensidad del tráfico y las horas punta y valle en cada tramo de carretera y a los especialistas de los laboratorios públicos. Ni mucho menos. El ruido es un fenómeno tan serio que, según la concepción neoliberal del ejercicio del poder, no puede quedar en manos de los funcionarios. Mejor externalizarlo o entregar la función a manos privadas.
De ahí que entidades privadas como Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Incosa y otras empresas de las UTEs “Ruidos Mancha”, “Ruidos Norte”, Técnicas Territoriales y Urbanas, Geoplank o Apia XXI y otras agrupadas en “Ruidos Andalucía” hayan recibido los pertinentes encargos para confeccionar los mapas, en el bien entendido de que deberán ponerlos a disposición del público a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que se encarga de prevenir el daño a la fauna.
La privatización del ruido tiene la ventaja de la independencia e imparcialidad ante la industria de la automoción y los ciudadanos en general, y vale para negar que la Administración sea juez y parte en la materia. Si el gasto equivale a unos cuantos baches, no deja de ser una minucia al lado de los 770 millones de euros que, según el ministro Miguel Arias Cañete, pagó el anterior Gobierno en 2011 en comprar “derechos de emisión de CO2“.
Además, un ministerio inversor como el de Fomento ha fomentar, repartir juego. Y la ministra Pastor no va a ser menos liberal que su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se ha embarcado en la privatización de la “seguridad perimetral” de  las prisiones. Para ello, la Policía y la Guardia Civil han impartido y seguirán impartiendo cursos a los vigilantes de las empresas privadas de seguridad. Y en todos los casos esos vigilantes dependerán de mandos policiales.
La entrega de la seguridad exterior de las prisiones a la iniciativa privada se aplica de momento en 21 centros y como “experiencia piloto por un tiempo de nueve meses”, según ha precisado Interior a la diputada socialista Susana Salmuerzo. Si la prueba funciona, es decir, si los presos no agarran sigilosamente una pértiga y saltan la alambrada o escapan silenciosamente de otra manera, querrá decirse que ha sido un éxito y entonces, según Interior, el plan se extenderá a todas las prisiones indefinidamente.


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