Tema eta, todo lo relacionado con eta, atentados, juicios, detenciones, etc...

Recuerdo del primer mensaje :

La Audiencia Nacional promueve una investigación sobre los bienes de De Juana Chaos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional promoverá en los próximos días el inicio de una investigación sobre los bienes y fondos de los que dispone el miembro de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos con objeto de analizar si es posible realizar un embargo para compensar económicamente a los familiares de sus víctimas a los que adeuda 8 millones de euros, según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, han informado fuentes fiscales.


Además de esta cantidad, De Juana debe pagar 12.000 euros de indemnización a cada una de las personas mencionadas en sus artículos 'El Escudo' y 'Gallizo', publicados en el periódico 'Gara' y que dieron origen a su último procesamiento por amenazas en virtud del cual cumple tres años de prisión.


Así, el Ministerio Público solicitará a la Audiencia Nacional que inicie las pesquisas pertinentes para averiguar si el etarra -que quedará en libertad el próximo 2 de agosto- dispone de propiedades a su nombre o de ingresos económicos que puedan ser destinados al pago de la responsabilidad civil a la que ha sido condenado desde su detención en 1987 y de la que son destinatarios los familiares de las 25 víctimas mortales de atentados cometidos en durante el periodo en el lideró el 'Comando Madrid'.

La Audiencia Nacional ya decretó en enero de 2007 el embargo de las remuneraciones percibidas por De Juana en concepto de derechos de autor por la publicación de tres libros por parte de la editorial 'Txalaparta'. En cuanto a la vivienda de San Sebastián propiedad de la madre del miembro de la banda terrorista ETA, ésta fue adquirida por la esposa del preso etarra hace un año y se encuentra registrada a su nombre, según informó hoy el diario 'El Mundo'.


La citada providencia de embargo, que fue dictada por la Sala Primera de la Audiencia, libró oficio a la editorial a fin de que se procediera al embargo de los derechos de autor presentes y futuros recibidos por De Juana por la publicación de los libros 'Días', 'La senda del abismo' y 'Raíces del roble', así como por cualquier otra publicación o creación literaria.

diariodemallorca.es

Crimen Terrorista en Palmanova. Seguridad / policía nacional y guardia civil vigilan puertos y el aeropuerto
Controles exhaustivos en Son Sant Joan en el día con más tráfico de lo que va de año
La Guardia Civil realiza chequeos aleatorios a los ciudadanos españoles antes de embarcar


Colas de más de un cuarto de hora para pasar los controles rutinarios, ayer en Son Sant Joan. Fotos: A. F. V.

AITOR F. VALLESPIR. PALMA. La seguridad de Son Sant Joan sigue en alerta máxima tras el atentado del pasado jueves en Calvià. El aeropuerto palmesano registró ayer, 1 de agosto, la cifra máxima de operaciones en lo que va de año: 892 vuelos, tanto de salida como de llegada. Al hecho de ser primero de mes se sumó que era sábado –el día de la semana en que se realizan más operaciones en Son Sant Joan–.

Aun así, los controles de seguridad no se relajaron y se mantuvieron los nuevos protocolos instaurados el jueves por la tarde, horas después del ataque terrorista. Agentes de la Guardia Civil patrullaron en grupo por la terminal. En el exterior, en la planta de salidas, la Policía Nacional revisó visualmente durante las horas punta todos los vehículos que estacionaban delante del aeródromo.

Otra novedad se daba en los arcos de acceso a la zona restringida. Los trabajadores de la seguridad privada exigían a los pasajeros no sólo la tarjeta de embarque –como se venía haciendo hasta hace tres días–, sino que también pedían el documento de identificación. Comprobaban uno por uno el nombre de cada persona. Ese trámite, algo más engorroso de lo habitual, provocó colas de más de quince minutos entre las nueve de la mañana y la una de la tarde para cruzar el arco de seguridad.

Además, los miembros del Instituto Armado realizaron controles aleatorios y por sorpresa en las puertas de embarque de la terminal. Según pudo saber DIARIO de MALLORCA, estos chequeos adicionales se efectúan únicamente a ciudadanos nacionales y sólo se les pide la documentación para comprobar que concuerden los datos personales y la fotografía.

A pesar de las circunstancias excepcionales, los trabajadores de Son Sant Joan destacaron la normalidad con la que transcurría la jornada. El 70% de los vuelos de ayer despegó o aterrizó en hora. Un 16% de las operaciones sufrió menos de media hora de retraso, mientras que el 14% restante tuvo un retraso medio de 38 minutos.

Con la finalidad de agilizar los trámites de seguridad y garantizar la puntualidad, algunas compañías aéreas advirtieron a touroperadores y transportistas que trasladaran a los viajeros con tres horas de antelación.

En cuanto al volumen de pasajeros, ayer se ofertaron 150.747 asientos. Las compañías aéreas con las que contactó este rotativo tenían previsiones de llenar todas las plazas, aunque reconocieron que se habían reducido respecto al año anterior. De hecho, fuentes de Aena confirmaron que había un 4% menos de plazas disponibles. Entre ayer y mañana lunes, Son Sant Joan registrará un total de 2.272 operaciones y 376.109 personas pasarán por sus instalaciones, lo que representa un 10% del volumen de pasajeros del mes de agosto.

CANTABRIA
Cantabria se mantiene en el nivel más bajo de alarma antiterrorista
GONZALO SELLERS | SANTANDER


Policías nacionales registran un coche en un control
de prevención antiterrorista. / EFE

A pesar de los últimos ataques de ETA en Burgos y Mallorca, la región continúa en 'Alerta 1', es decir, riesgo potencial de atentado
La seguridad en los controles de embarque del aeropuerto de Parayas prosigue con la misma intensidad que el resto del año

Los atentados de ETA contra la casa cuartel la Guardia Civil de Burgos y el cuartel playero de Palmanova (Mallorca), en el que murieron dos agentes, no aumentarán el nivel de alarma antiterrorista en Cantabria, que se mantiene en 'Alerta 1' -el más bajo- desde comienzos de este año. Esta información fue facilitada ayer por el delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, quien confirmó que la región, al igual que el resto del país, se mantendrá de momento en este nivel de 'riesgo potencial de atentado'. «En cualquier momento se puede producir un ataque», advirtió.

El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista recoge que en esta fase las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán con los servicios de seguridad privados para intensificar la vigilancia en determinadas zonas. En Santander, el mejor ejemplo es el aeropuerto de Parayas, donde la empresa Eulen es la responsable de la seguridad en el control de embarque. Según confirmaron a este periódico fuentes de la compañía, nadie se ha puesto en contacto con ellos para incrementar el número de efectivos o para intensificar la vigilancia tras los atentados de Burgos y Mallorca. «Seguimos trabajando igual que el resto del año», aseguraron desde Eulen.

La Policía y la Guardia Civil son las encargados de hacer análisis periódicos de amenaza terrorista contra lugares de alta concentración de personas y contra infraestructuras críticas. El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista estudia estos análisis, pero es el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien decide finalmente si elevar o no la alerta. El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, decide después la intensidad con la que se aplican las medidas en cada nivel.

En Cantabria hay destinados 1.200 guardias civiles, medio millar de agentes de la Policía Nacional preparados para 'activarse' si el Gobierno decide elevar a 2 el nivel de alarma.

El pasado mes de junio, el Gobierno decidió modificar el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. El siguiente nivel (3) suponía hasta entonces sacar a la calle unidades del Ejército para custodiar vías férreas, las estaciones y aeropuertos y las centrales nucleares, entre otros puntos estratégicos. Con la nueva modificación, el nivel 3 sólo se puede declarar cuando la amenaza es muy alta, con riesgo altamente probable de atentado terrorista. El Ejército -en Cantabria casi un centenar de militares- sería avisado, pero no se desplegaría por esos centros neurálgicos hasta que se llegase al nivel 4. Si eso ocurriera, supondría que la amenaza es extrema y que existe un riesgo de atentado terrorista inminente. Sería entonces cuando se activaría, además, el Equipo Policial de Apoyo ante grandes ataques, creado en 2005.

ETA elige el verano

La última vez que el nivel de amenaza se elevó de 1 a 2 fue durante las pasadas navidades, en el que se aumentó la presencia de la Policía y la Guardia Civil en las áreas de alta concentración de ciudadanos. El máximo nivel estuvo activado entre el 22 de febrero y el 10 de marzo de 2008, con motivo de las elecciones generales, ante la posibilidad de un atentado como el del 11-M, que había ocurrido en vísperas del anterior proceso electoral. Un total de 2.500 militares participaron en el despliegue, así como helicópteros y aviones. El Gobierno también elevó la vigilancia policial al nivel 2 con motivo del macrojuicio en Madrid contra los acusados de perpetrar la matanza. El plan antiterrorista prevé un nivel 0 -ausencia de amenaza-, pero en las actuales circunstancias, con ETA dispuesta a seguir matando, no se puede aplicar.

Cantabria se ha convertido durante los últimos veranos en uno de los objetivos preferidos por ETA para atentar contra zonas turísticas. En julio de 2008, la banda terrorista avisó de la colocación de cuatro bombas en playas de Laredo y de Noja, sin especificar el lugar, lo que obligó a desalojar los arenales. Los artefactos, de escasa potencia, explosionaron a lo largo de la mañana y apenas causaron daños. En 2006, Aritz Arginzoniz Zubiaurre, 'Artito', fue detenido en la estación de autobuses de Santander. Su objetivo era volar el Ayuntamiento de la capital.

alerta Elevan el nivel de alerta terrorista de las fuerzas de seguridad, sobre todo en zonas turísticas

Autor: L. Penide | lavozdegalicia
Fecha de publicación: 4/8/2009

Tras los recientes atentados de ETA en Burgos y Palma de Mallorca que segaron la vida de dos guardias civiles y dejaron decenas de personas heridas, en Galicia se ha incrementado el nivel de alerta terrorista, según confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. En este sentido, Delfín Fernández reseñó que «ha habido por parte del Ministerio del Interior una activación en todo el territorio español del plan antiterrorista».

Se trata de un protocolo «muy rodado» que implica «dar un salto en el nivel» de alerta. De este modo, las fuerzas de seguridad en toda Galicia están en «máxima alerta dentro de lo razonable», toda vez que se trata de un área de gran «atractivo turístico».

De este modo, en el marco de este protocolo de seguridad, se prevé que los distintos cuerpos de la Policía Local colaboren con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en una serie de cometidos, que van desde «extremar las medidas de vigilancia, de prevención de la población en su conjunto y de aquellos lugares donde la gente realiza su ocio y su diversión, y de colaboración con el sector hotelero...». Simultáneamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad llevan a cabo minuciosos controles de aquellas zonas o puntos considerados como estratégicos, caso de estaciones de tren o de autobuses.

De cara a lo que resta de verano, el deseo de Delfín Fernández es claro: «Esperemos que no ocurra nada».

Máxima alerta
Las fuerzas de seguridad extreman la vigilancia en las zonas turísticas tras los últimos atentados de ETA
El Ministerio de Interior decreta "alerta máxima en toda España", siendo objeto de "especial atención" los lugares de veraneo

farodevigo.es | REDACCIÓN - PONTEVEDRA/ SANTIAGO El Gobierno de España ha decretado alerta máxima en respuesta a los dos últimos atentados de ETA, y en consecuencia, las fuerzas de seguridad del Estado "han extremado las medidas de vigilancia y prevención de la población en su conjunto y en especial de aquellos lugares donde la población realiza su ocio y sus horas de diversión", confirmaba ayer a los periodistas el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Delfín Fernández, quien admitió que los focos de atracción turística en la provincia de Pontevedra y en el resto de Galicia son objeto de "especial atención", pues el objetivo de los terroristas, tras sus actuaciones en Mallorca y Burgos, es causar el mayor daño posible.

Delfín Fernández subrayó que Galicia, "igual que toda España, está en alerta máxima" ante un posible atentado de ETA. La provincia de Pontevedra es "un lugar de atracción turística, pero esperamos que no ocurra nada", aseguró el subdelegado ante las cámaras, para luego explicar que se ha reforzado la vigilancia en "lugares estratégicos" que pudiesen ser más vulnerables, aunque rehusó citar localidades.

Delfín Fernández observó que tras la reaparición de la banda terrorista en el mes de julio "el Ministerio de Interior ha activado en todo el territorio español el plan antiterrorista".

"La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, con la colaboración de las Policías Locales, ya están tomando las medidas que el protocolo de actuación prevé", afirmó. También se ha pedido la cooperación del sector hotelero para advertir de la presencia de posibles sospechosos.

El objetivo final es que Galicia vuelva a salir indemne de los planes de la banda terrorista. Hasta nueve veces ha actuado ETA en Galicia, y hasta la fecha sólo ha causado daños materiales, pero no hay que lamentar pérdidas humanas. El primer atentado de la banda en la comunidad tuvo lugar el 9 de agosto de 1987 en A Coruña, cuando el comando "Txarito" colocó un artefacto de escasa potencia en un centro comercial.

Nueve años años más tarde, en agosto de 1996, la organización terrorista llevó a cabo una campaña de atentados en Galicia, colocando seis artefactos en enclaves turísticos como Santiago, Baiona o Sanxenxo. Ocho años después de estas actuaciones, ETA volvía a atentar en estas dos últimas localidades en 2004.

El ex presidente de la Xunta Manuel Fraga y algunos de sus conselleiros y otros dirigentes del PP gallego estuvieron en el punto de mira de los terroristas en 2001. Fraga era el objetivo principal del comando "Zapaburu" establecido en Galicia. Sin embargo, la célula, que durante meses siguió los pasos del ex presidente, fue desarticulada en marzo de ese mismo año con la detención en A Coruña de una de sus dos integrantes, Alicia Sáez de la Cuesta. Su compañera, que logró huir de la comunidad gallega, fue detenida en diciembre de 2001 en Auch, Francia.

Situación insostenible
SEGURIDAD EN LOS CUARTELES En España, con el problema terrorista que padecemos desde hace ya demasiados años, no se pueden escatimar esfuerzos, ni euros, en un tema tan grave, en el que se están poniendo en riesgo vidas humanas.

05.08.2009 - elcomerciodigital
RAMÓN RODRÍGUEZ PRENDES SECRETARIO GENERAL DE UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES DE ASTURIAS Y VOCAL DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL

ESCRIBO estas líneas después de unos días de convulsión para el colectivo de guardias civiles, días de dolor, inmenso dolor, por la inexplicable pérdida de dos compañeros, días de rabia contenida, días de sufrimiento para unas familias rotas por el dolor y compañeros que lloramos la pérdida de dos de nuestros seres queridos, víctimas de la irracionalidad de unas cobardes alimañas asesinas etarras.
El colectivo de guardias civiles hemos visto en los últimos días como estas ratas asesinas han intentado volar un cuartel en Burgos en el que vivían unos 130 agentes y sus familias y como, al día siguiente, acababan con la vida de dos compañeros en Palmanova. Sabemos que querían causar una verdadera masacre en Burgos, hacer el mayor daño posible. Les valía cualquier víctima, y cuantas más mejor, tanto fueran los propios agentes, sus hijos, mujeres o mayores, les daba igual. Afortunadamente en ese caso no consiguieron su macabro objetivo.
En Palmanova, sin embargo, dos compañeros guardias civiles, dos más, eran vilmente asesinados. El macabro procedimiento fue el de la bomba lapa adosada a los bajos del vehículo oficial, idéntico al que le costó la vida a nuestra compañera asturiana Irene Fernández Perera y su compañero de pareja en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca), hace ahora casi nueve años.
Siempre que se produce un atentado es inevitable que nos preguntemos si se hubiera podido haber evitado. En la Unión de Guardias Civiles llevamos tiempo demandando más medidas de seguridad para nuestros acuartelamientos, lo que incluye también a los vehículos oficiales, en los que diariamente realizamos el servicio. Un vehículo oficial debe estar al resguardo de cualquier agresión, no debe estar sin una vigilancia permanente.
Las respuestas a esta demanda de la Unión de Guardias Civiles van desde habernos acusado de irresponsables por hacerlas públicas hasta decirnos que no hay presupuesto, o el existente está ya agotado, por increíble que parezca.
Es imprescindible en estos momentos la unión y la voluntad de todos, ciudadanos, representantes políticos, Dirección General de Policía y Guardia Civil, asociaciones profesionales de guardias civiles, sindicatos de policía, poder judicial, etcétera, para poner en marcha los mecanismos que den soluciones a las carencias actuales en materia de seguridad y, por otro lado, que el mensaje para estos asesinos sea único y claro: no nos van a doblegar.
En la Unión de Guardias Civiles consideramos que el principio de libertad comienza por una adecuada y eficaz seguridad. Los responsables de la seguridad en este país somos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para realizar nuestro trabajo de forma adecuada y eficaz debemos poder contar con los medios necesarios para ello, empezando por nuestra propia seguridad, para la cual es imprescindible a día de hoy paliar el déficit existente tanto en medios humanos como materiales.
En España, con el problema terrorista que padecemos desde hace ya demasiados años, no se pueden escatimar esfuerzos, ni euros, en un tema tan grave, en el que se están poniendo en riesgo vidas humanas.
A los responsables de la confección y adjudicación de esas partidas presupuestarias sólo me cabe preguntarles cuál es el valor de una vida humana para ellos, ya que para la Unión de Guardias Civiles el valor de una vida no tiene precio. Los guardias civiles, muchos de mis compañeros, han entregado lo más preciado, su vida, para intentar salvar la de otras personas, a cambio de nada, simplemente por su entrega al servicio. Forma parte de nuestra querida profesión ese riesgo, lo asumimos, pero lo que no podemos asumir es que se quiera mirar para otro lado cada vez que queda en evidencia nuestra propia seguridad en el trabajo, como parece ser el caso del atentado de Palmanova.
Las muestras de condolencia inmediatamente posteriores a esos asesinatos se aceptan y se agradecen, pero los guardias civiles no podemos olvidar que esas muertes se podían haber evitado.
A nadie se le escapa que es relativamente fácil matar a una persona. Es evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado somos objetivo prioritario de esta banda de asesinos, por tanto, sí que es una irresponsabilidad escatimar esfuerzos en medios preventivos que anulen las posibilidades de que esas muertes se produzcan.
Desde la muerte del compañero Pardines hasta el día de hoy, son más de doscientos los guardias civiles asesinados en atentado terrorista. Esta macabra lista de víctimas del terrorismo en España se incrementa en más de ochocientos incluyendo policías, militares y ciudadanos en general, todos ellos víctimas inocentes de la sinrazón de estos desalmados.
En la Unión de Guardias Civiles estamos muy preocupados con el problema existente en materia de seguridad de nuestros cuarteles. Es necesaria de manera urgente una mayor inversión en medios técnicos y humanos, es necesaria una reordenación del despliegue de la Guardia Civil, no sólo en Asturias, sino en todo el territorio nacional, ya que el actual despliegue es obsoleto e ineficaz para dar el adecuado servicio de atención al ciudadano.
Es una prioridad efectuar una concentración de las plantillas existentes, de manera que las unidades resultantes de esa concentración cuenten con un mínimo de cuarenta efectivos disponibles para el servicio. Ello hará posible una atención permanente al ciudadano durante las 24 horas del día tanto con patrullas de seguridad ciudadana como desde los propios cuarteles, ya que solo mediante ese sistema de concentración de las plantillas actualmente existentes se puede prestar el servicio que el ciudadano demanda. Estas unidades resultantes permitirán a su vez una seguridad adecuada para los propios agentes y las familias que vivan en esas instalaciones.
Por tanto, a partir de ese punto ya podemos hablar del principio de libertad al que hacía mención anteriormente. No puedo dejar pasar por alto el agradecimiento de la Unión de Guardias Civiles a todos los ciudadanos de este país que durante estos días nos han trasladado su reconocimiento, afecto, comprensión, calor y cariño. En estos y otros anteriores momentos tan duros para todos, el ciudadano anónimo siempre ha estado ahí para repudiar esas agresiones a nuestros seres queridos, mostrando su hartazgo en silencio, pero con la firmeza de su presencia cuantas veces ha sido convocado a ello. Muchas gracias a todos.
Si el principal motivo de preocupación para la Unión de Guardias Civiles es la propia seguridad de los agentes de la Benemérita, tampoco lo es menos el incumplimiento sistemático de las promesas electorales que han trasladado desde los partidos políticos que hasta el día de hoy han tenido responsabilidades de Gobierno en cuanto a mejoras para el colectivo de guardias civiles. Ya en el año 1982 se prometía en campaña electoral la desmilitarización del Cuerpo, promesa diluida al adquirir esas responsabilidades de Gobierno tras ganar las elecciones, amparándose en el descubrimiento de la Guardia Civil. No sabemos a día de hoy a qué se refería ese 'descubrimiento'. La Guardia Civil por aquel entonces ya llevaba más de cien años 'descubierta'.
La última promesa electoral incumplida, como casi todas las que afectan al colectivo, consistía en la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas. No olvidemos que el salario de un guardia civil o policía nacional es inferior al de un policía autonómico en una cuantía media de 600 euros/mes, diferencia de mucho dinero a nuestro entender por realizar idénticas funciones. Pues bien, la excusa perfecta para no cumplir esta promesa electoral es la crisis que padecemos a nivel mundial, lo cual desde la Unión de Guardias Civiles entendemos. Pero si miramos unos años atrás, nos encontramos con la misma promesa electoral proveniente del otro partido político que ha tenido responsabilidades de Gobierno en este país, con la diferencia de que en su etapa de Gobierno hubo años de bonanza económica, pero simplemente se quisieron olvidar de acabar con esa discriminación salarial. Por tanto, los guardias civiles tenemos la impresión de que a los políticos de un signo u otro les importa muy poco nuestra situación profesional, laboral y económica.
Situaciones como la de no tener un calendario de trabajo anual, incumplimiento de la normativa referente a la previsión del servicio, ser el colectivo de trabajadores con la mayor tasa de suicidios o restricción de derechos elementales recogidos en nuestra Carta Magna son el día a día de una Institución formada por hombres y mujeres entregados profesionalmente a un trabajo digno del que estamos muy orgullosos y por el que en ocasiones dejamos nuestra existencia.
No quiero despedirme sin antes reiterar el agradecimiento de la Unión de Guardias Civiles a nuestros compañeros asesinados en Palmanova por su entrega y sacrificio, nuestro más sentido pésame a sus familias y nuestra gratitud general a la ciudadanía de este país, que en tan duros momentos ha expresado su cariño con la Guardia Civil, a la que no conseguirán doblegar estas alimañas asesinas etarras.

POLÍTICA
Interior moviliza a las fuerzas de seguridad para localizar los coches bomba de ETA
La Guardia Civil incluye en la lista de etarras más buscados a seis sospechosos de participar en la ofensiva estival. El principal sindicato de la Policía se suma a la petición del instituto armado de mejoras en la seguridad de los cuarteles
ALFONSO TORICES | MADRID.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado han elevado a cotas máximas el nivel de alerta antiterrorista tras los atentados sucesivos de Burgos y Mallorca y centran buena parte de su trabajo en tratar de localizar y neutralizar los coche bomba que no dudan que ETA pretende usar en próximos atentados, según fuentes de la investigación.

Ni los responsables de Interior ni los expertos del departamento olvidan que el miércoles pasado, sólo unos días después de saber que la banda podía disponer de hasta tres furgonetas robadas en Francia equipadas con potentes bombas, la sospecha se confirmó. Las principales medidas adoptadas por Interior son un endurecimiento de la vigilancia en la frontera, en previsión de que el resto de vehículos se encuentre aún fuera de España; un aumento de los controles en las principales vías por las que los etarras deben circular si quieren llevar su carga tanto al norte peninsular como al centro o al Mediterráneo; y una movilización total de agentes en el litoral turístico, en busca de todo tipo de vehículos sospechosos, ya que es la zona más castigada por la organización terrorista en sus campañas estivales y un objetivo más que probable.

La movilización de efectivos en el litoral mediterráneo es total. En la localización e inspección de automóviles no sólo trabajan las patrullas de la Policía y la Guardia Civil, sino que se ha implicado a las policías locales.

Instrucciones

Las unidades han recibido instrucciones concretas, por escrito, en las que se les pide que presten atención a cualquier vehículo sospechoso, «de forma especial a las furgonetas» y, en concreto, a las marcas y modelos Renault Kangoo y Citröen Berlingo, que corresponden a las dos identificadas y posiblemente equipadas con bombas en Francia.

Como pistas para determinar si se está ante posibles matrículas 'dobladas', les recomiendan fijarse en si pese a tratarse de coches con meses o años de antigüedad, las placas están nuevas, en ocasiones limpias de todo tipo de insectos, o si carecen de los visibles surcos que deja en el metal el troquelador. También les explican que estas placas falsas suelen carecer de marca de fábrica y que en vez de estar enganchadas con remaches, como las oficiales, lo están con tornillos.

La lista de los sospechosos la encabezan los seis presuntos etarras cuyas identidades fueron dadas a conocer tras el doble asesinato de Palma y cuyas caras están ya en varios miles de carteles de locales públicos y comisarías. Estas personas forman parte ya de la lista de los 25 supuestos miembros de ETA más buscados por la Guardia Civil, junto a los principales responsables de los diversos aparatos de la banda.

Mientras, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, anticipó ayer en un duro comunicado que se sumará a todas las movilizaciones que podrían protagonizar los miembros de la Guardia Civil y sus familias si el Gobierno no pone en marcha un plan urgente para mejorar las medidas de seguridad de las casas cuartel.

Los sindicalistas indican que si los poderes públicos creen que no pueden proteger de ETA estas instalaciones, es mejor que las cierren. Los agentes se sienten utilizados «de forma habitual» por los responsables políticos de todos los partidos y denuncian que «miles de personas consumen millones de euros del presupuesto público en escoltas, vehículos y dietas siendo su nivel de riesgo menor que el de las casas cuartel de la Guardia Civil». Piensan que, en muchos casos, «esta escolta no es necesaria, y que se mantiene por una cuestión de distinción social o por disponer de un vehículo 'gratis total'», mientras los guardias viven «en condiciones tercermundistas». COLPISA

08-08-2009 / 14:50 h

(Castilla y León) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS,TERRORISMO

La madre de Carlos Sáenz de Tejada reclama cadena perpetua y pena de muerte

Burgos, 8 ago (EFE).- Esther María García, madre del guardia civil Carlos Enrique Sáenz de Tejada, muerto en el atentado de ETA en califica de "cobardes y asesinos" a los terroristas que asesinaron a su hijo y reclama, en una "carta abierta", condenas más severas, como la "cadena perpetua" o la "pena de muerte".

En la carta, que publica hoy Diario de Burgos, se queja de la falta de medios con que cuenta la Guardia Civil y señala que "no tienen seguridad, sobre todo la Guardia Civil; no tienen párking, ni inhibidores, ni vigilancia externa, sobre todo en las comandancias que están dentro de las ciudades, y las casas cuartel son tercermundistas".

Agrega que las Fuerzas de Seguridad del Estado "tienen las manos atadas a la hora de detener a los delincuentes, ya que salen a los pocos minutos"; y denuncia también "que no se les ocurra disparar", porque "entonces se acabó su carrera".

La madre del guardia civil asesinado en Calviá da "infinitas gracias" a todo el Cuerpo de la Guardia Civil "que nos ha apoyado en todo momento", así como al pueblo mallorquín y de Burgos, "al Ejército y a las policías, y a toda España, que lloró por nuestro hijo".

Tras recordar que su hijo era "muy español", emplaza al Gobierno a que cambie las leyes y se introduzca la "cadena perpetua", y se pregunta que para cuando la "pena de muerte", a lo que añade, en referencia a los terroristas que "cómo se conoce que a ellos no les ocurre nada".

Termina afirmando: "yo no soy de las que dicen que perdonan, no, yo os odio" y se pregunta si las madres de los terroristas están "orgullosas" de sus hijos.EFE 1010449

ESPAÑA
Interior cree que los seis etarras más buscados están en España
La policía está convencida de que preparan más atentados y trata de precisar si están detrás de la ofensiva de Mallorca
12.08.09 - MATEO BALÍN | COLPISA. MADRID

El Ministerio del Interior tiene la certeza de que los seis etarras incluidos en la lista de los más buscados y que podrían estar relacionados con los últimos atentados de la banda siguen en España. Las Fuerzas de Seguridad creen que estos terroristas 'liberados', a sueldo de la organización terrorista, cuyas fotografías fueron difundidas horas después de explotar la bomba lapa que acabó con la vida de dos guardias civiles de Mallorca, no han regresado a Francia y están escondidos a la espera de continuar su ofensiva criminal.
Pese a que sus caras ya están impresas en varios miles de carteles de comisarías y locales públicos, Policía y Guardia Civil «piensan» que estos 'liberados' se encuentran en España trabajando para ETA, aunque de momento no tienen constancia de que hayan sido los autores de los asesinatos de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada y Diego Salva, el pasado 31 de julio, ni de las cuatro explosiones de pequeños artefactos este domingo en otros tantos establecimientos de Mallorca.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer que estos seis terroristas «son huidos», es decir, que hace meses dieron el salto de la lucha callejera y huyeron a Francia para formar parte de ETA. Allí recibieron la instrucción pertinente y cruzaron la frontera para llevar a cabo la campaña criminal de este verano. El grupo lo conforman Itziar Moreno, Iratxe Yañez, Alberto Machain, Oroitz Gurruchaga, Joanes Larretxea e Iván Saez de Jaúregui.
En un principio se especuló con que al menos una de las dos mujeres pudo haber formado parte del comando que atentó en Mallorca, dado que tres de las cuatro bombas de escasa potencia que estallaron el domingo estaban localizadas en baños de señoras. Sin embargo, Pérez Rubalcaba confesó que, a la espera de analizar todas las pruebas -cintas de cámaras de seguridad, versiones de testigos, etc.-, no es posible confirmar esta hipótesis.
Rastreo exhaustivo
Hace semanas que las unidades de Información policial, reforzadas en la mayor parte de las comisarías, sigue la pista de estos 'liberados'. Centran la atención sobre todo en las zonas turísticas y realizan a diario un rastreo de las identidades de quienes pernoctan en todo tipo de alojamientos, alquilan en inmobiliarias, estaciones de servicio, empresas de alquiler de coches y flotas de taxis, e investigan con urgencia cualquier sustracción de vehículo o llamada ciudadana de quien crea haber visto a un terrorista, sobre todo si están en la lista de los más buscados.
Este operativo de localización de los terroristas se compagina con la inspección de vehículos sospechosos, los controles aleatorios en carreteras nacionales y secundarias, el endurecimiento de la vigilancia en puertos marítimos y fronteras y en las estaciones de tren y autobús, medios muy usados para los desplazamientos de miembros de los comandos.
A esta estrategia se suman los 1.600 policías que forman parte de la 'operación jaula' que se ha puesto en marcha en Mallorca tras los atentados. Pérez Rubalcaba aseguró que este operativo seguirá activo hasta que no haya constancia de que los terroristas que perpetraron la última ofensiva criminal -«lo razonables es que hayan sido los mismos», señaló el ministro- han abandonado la isla. «No descartamos ninguna hipótesis. Estamos trabajando dentro y fuera de Mallorca», confirmó.
Sobre la investigación, el ministro aportó pocos datos. Dijo que las artefactos que estallaron el domingo pudieron ponerse con anterioridad a la bomba que mató a los guardia civiles y confirmó que eran de poca potencia, ya que apenas llevaban «unos cientos de gramos» de explosivo.

El fiscal pide que se prohíban tres actos a favor de presos etarras en San Sebastián



La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que prohíba tres actos de apoyo a presos de ETA convocados los días 14 y 15 en San Sebastián con motivo de las fiestas de Aste Nagusia por considerarlos constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito remitido por el fiscal Miguel Ángel Carballo a Garzón, "cabe adelantar" que en esos actos se producirá "un enaltecimiento de unos terroristas por el mero hecho de serlo, enmascarado en una supuesta reivindicación penitenciaria, refiriéndose, en realidad, (como 'presos vascos') a un solo colectivo de presos y no a todos".
Por ello pide también al juez que comunique al Gobierno vasco la convocatoria de esos actos, "indicando su presumible carácter delictivo para que se adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos", ya que "no consta que se haya autorizado o prohibido su realización".
El fiscal se dirige a Garzón por haber prohibido el pasado sábado una manifestación de la izquierda abertzale en San Sebastián, cuya celebración tuvo que impedir la Ertzaintza, así como una serie de actos de apoyo a los presos de ETA en la capital donostiarra que iban a celebrarse desde ese día y hasta el 15 de agosto y que habían sido denunciados por la asociación Dignidad y Justicia.
Tras estas prohibiciones, la Fiscalía ha tenido conocimiento a esta semana través de un informe de la Ertzaintza de "la convocatoria de otros actos de características semejantes" a los homenajes a presos de ETA, prohibidos por el magistrado el sábado.
Según ese informe, para el día 14 ha sido convocado un acto a las 20.00 horas bajo el lema "Queremos a los presos y refugiados en casa" y otro a las 19.15 horas con el lema "Los presos vascos que están enfermos y los que han cumplido las tres cuartas partes a casa ahora".
Para el día 15 consta además una solicitud de convocatoria para las 11.27 horas con el lema "Los presos a casa Juan Rego en estado grave. Txomin Troitiño secuestrado. Libertad ahora".
Prohibiciones anteriores


Ante el contenido de esos lemas, y dado que la solicitud de las convocatorias parte en ambos casos de un particular, la Fiscalía teme que se cometan delitos de enaltecimiento del terrorismo y por ello pide al juez que "amplíe el auto" de prohibiciones del pasado día 8 "a las convocatorias" a las que se refiere la Ertzaintza.
Carballo basa esta petición en el auto de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que prohibió los actos de apoyo a presos de ETA previstos para el 31 de julio y el 1 de agosto en Villabona (Guipúzcoa), después de que el juez Santiago Pedraz los permitiera por considerar que estaban amparados por la libertad de expresión.
La Sala adoptó esta decisión el pasado 30 de julio, al entender que "el homenaje, a través de la exhibición de fotos a personas que se encuentran en prisión desde hace años cumpliendo importantes penas por la perpetración de concretos delitos de terrorismo es un claro comportamiento de enaltecimiento del terrorismo".
Por otra parte, la Fiscalía estudia la petición que este miércoles por la mañana le hizo a Garzón la asociación Dignidad y Justicia para que prohíba la manifestación convocada por la izquierda abertzale en Bilbao para el viernes 21, día grande de las fiestas de la capital vizcaína, por estar detrás de esta convocatoria la ilegalizada Batasuna.

laregion.es
La Policía extrema la vigilancia en Ourense tras la escalada de atentados de ETA en Palma
Las fuerzas de seguridad han incrementado los controles y vigilan con más intensidad las zonas de tránsito

J.T./A.R. - OURENSE/CARBALLIÑO - 12-08-2009

La campaña de atentados que la semana pasada llevó a cabo ETA en la isla de Palma ha tenido como consecuencia que las fuerzas de seguridad extremen la vigilancia en el resto del territorio nacional. En Ourense se han incrementado los controles.

Cada vez que ETA emprende una escalada de violencia en zonas en las que el impacto de sus acciones terroristas está llamado a crear alarma social, en el resto del territorio nacional se incrementa el nivel de alerta. Ante la posibilidad de que la violencia trepe hasta otras regiones, de hecho, las fuerzas de seguridad han recibido indicaciones para extremar la vigilancia también en la ciudad de Ourense.

Desde que la isla de Mallorca se convirtió en el escenario elegido por ETA para estimular el miedo de residentes y sobre todo turistas y perjudicar un sector estratégico para la economía nacional, la Policía emplazada en Ourense ha modificado sus hábitos. Fuentes del mismo cuerpo reconocen que en el actual período estival, después la campaña de verano iniciada por los terroristas de ETA, se están llevando a cabo más controles, en más lugares y más pormenorizados y descriptivos. ‘Se trata de prudencia. No hay ningún indicio que sugiera que ETA pueda o vaya a trasladar su campo de actuación a Galicia’, subrayan desde la Policía. Pero nunca está de más la cautela, máxime cuando la banda terrorista se guía desde hace tiempo bajo la batuta de la desesperación y la ira.

La intensificación de la vigilancia está afectando a distintas rutinas, y de hecho ya se están efectuando más controles que abarcan el examen de vehículos y la identificación de sus ocupantes. En ese apartado se ha ele vado el número de inspecciones. Puntos habituales sobre los que se acentúa la presencia policial, según fuentes del cuerpo, son las zonas de tránsito de pasajeros. Estaciones de autobús y de tren, ante la posibilidad de que el transporte público pudiese ser utilizado por la banda, reciben con mayor frecuencia e intensidad la visita de las patrullas.

La Guardia Civil de la provincia, por su parte, siguiendo ins trucciones del Ministerio del Interior, ha aplicado un protocolo, específico para estas situaciones, por el que los agentes extreman su seguridad personal. La violencia en la isla no implica, sin embargo, un mayor refuerzo de la vigilancia en la provincia más allá de la ciudad, donde las competencias de seguridad las ejerce la Policía Nacional. Sí se ha producido, en todo caso, un paso a un nivel mayor de alerta.

Alerta a los juzgados ourensanos

Desde que comenzó el verano algunos juzgados de la provincia de Ourense han sido instados a estar en alerta ante la actividad que ETA presumiblemente desencadenaría en agosto. En varios de ellos se recibieron por fax indicaciones para actuar con cautela ante la posibilidad de que ETA pudiese elegir los edificios judiciales como blancos de su actividad asesina, aunque no se han hallado sospechas de que los juzgados ourensanos puedan convertirse en objetivo. Simplemente se trata de seguir pautas mínimas de prudencia.

Tal y como se preveía, la ‘campaña’ veraniega de la banda llegó, en una cita que se prolonga desde hace treinta años. De 1979 en adelante seis personas han muerto en acciones encaminadas a golpear intereses turísticos. En 2008 la ‘operación’ de verano se desarrolló en Cantabria, donde ETA hizo explosionar cuatro artefactos, dos en Laredo y otros dos en Noja. Ninguno causó heridos. Entonces, también en Ourense se tensó la vigilancia.

La primera acción de la banda sobre áreas turísticas se remonta al 29 de junio de 1979, cuando detonó dos bombas en Benidorm (Alicante). Una de las campañas más intensas se produjo en 1996, con explosiones en Almuñécar (Granada), Granada, Jaén, Málaga, Reus, Santiago y Baiona. En 2005, otra vez ETA volvió a elegir Galicia para sembrar el terror, regresando a Baiona y depositando un artefacto más en Sanxenxo.

Interior ordenó reforzar la vigilancia en las Islas tras el atentado de ETA en Baleares

ABC | ÁLEX HERRERA | SANTA CRUZ
El mortal atentado que la banda terrorista ETA perpetró el pasado día 30 de julio en Baleares, asesinando a dos guardias civiles, provocó que el Ministerio de Interior reforzara la seguridad en el Archipiélago canario y activara el protocolo de alerta antiterrorista sólo 48 horas después de los atentados en Mallorca.

Un protocolo antiterrorista de nivel 1, según confirmaron ayer a ABC fuentes de la Guardia Civil en Canarias, aunque otras fuentes apuntaron a que el nivel de alerta activado por el Ministerio del Interior podría haber llegado hasta el 2, debido a la gravedad de los hechos ocurridos en Baleares.

Dispositivo

En este sentido, el Ministerio del Interior envió una circular ordenando la intensificación de los controles en los puntos clave de las Islas. Además, el dispositivo pretendía evitar a toda costa un atentado similar en Canarias, debido a que el Archipiélago también es un punto de referencia del turismo nacional y extranjero, ya que uno de los objetivos fijados por los terroristas en su atentado en Mallorca se centraba en hacer daño a la economía de Baleares.

La dificultad de atentar en una isla, con grandes inconvenientes para los terroristas a la hora de diseñar una huida segura, no había sido impedimento para la actuación de los miembros de la banda terrorista ETA en Baleares.

El protocolo de actuación y control enviado por Interior iba dirigido a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Canarias. De este modo, los policías y guardias civiles de las islas han intensificado durante las dos últimas semanas la protección y control de puertos pesqueros, deportivos y privados, y aeropuertos de Canarias. Además, la vigilancia policial también se extendía a zonas susceptibles de atentado, como la Refinería de Cepsa ubicada en Santa Cruz de Tenerife, según confirmaron las fuentes del Instituto armado a este periódico.

Otras zonas sensibles que están siendo vigiladas de forma intensa son los centros comerciales, las plazas públicas y las terminales de transporte público. Asimismo, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha recomendado a los agentes la supervisión de los bajos de sus coches patrulla, antes de iniciar el servicio.

Asimismo, en la línea marcada por el Ministerio del Interior, también se ha aumentado de forma considerable el control en todos los acuartelamientos y en inmuebles de carácter institucional.

De izquierda a derecha: Andoni Sarasola, Aitzol Etxaburu y Alberto Machain
Detenidos tres miembros de ETA en el norte de Francia
Tras las detenciones de los presuntos terroristas en Francia ha sido localizado un zulo en Los Pirineos, a 40 kilómetros de la frontera con España. En su interior había más de 100 kilos de explosivo

CADENA SER 19-08-2009

Tres presuntos miembros del aparato militar de ETA han sido detenidos de madrugada en el norte Francia. Según fuentes de la investigación gala, serían tres encargados de la logística de la organización terrorista. Los tres son conocidos de la policía. La imagen de uno de ellos, Alberto Machain, estaba incluida en los carteles distribuidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el atentado que acabó con la vida de dos guardias civiles en el cuartel de Palmanova, en Mallorca. La operación continúa abierta.
La detención esta mañana en Francia de tres presuntos etarras ha permitido a las Fuerzas de Seguridad a descubrir un zulo en una localidad gala de los Pirineos, a sólo cuarenta kilómetros de la frontera con España, que contenía más de cien kilos de explosivo según ha informado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Rubalcaba también ha señalado que junto a las detenidos ha sido requisado numerosa documentación que ahora deberá ser inspeccionada por las fuerzas de seguridad. Al hallazgo del zulo hay que sumar el material encontrado en el piso que ocupaban los etarras, donde se han encontrado 42 detonadores industriales y una veintena de ''tuppers'' que constituían pequeñas bombas a las que sólo faltaba colocar el material explosivo.

El ministro situó a Aitzol Etxaburu al frente del grupo y añadió que habría sustituido a Itziar Plaza como máximo responsable del suministro de armas y explosivos a los comandos.

Por otra parte, Rubalcaba dijo que se analizará el abundante material informático encontrado en poder de los detenidos y que de momento no hay "ninguna evidencia" que les vincule a la entrega de los explosivos utilizados para atentar en Mallorca y Burgos.

Importancia de las detenciones

Las detenciones se han producido en el departamento 73 de Le Corbier, en la región de Saboya, en los Alpes franceses. Los tres presuntos miembros del aparato militar de ETA son muy conocidos para los agentes especializados en la lucha antiterrorista.

Aitzol Etxaburu lleva huido desde finales de 2005. Se trata de un miembro de la organización terrorista muy cercano a Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. Policía y guardia civil vinculan a Etxaburu con el asesinato del concejal socialista, Isaías Carrasco. Aitzol Etxaburu sería además uno de los cuatro miembros de ETA a los que Txeroki habría dado un cursillo sobre armas y explosivos en Francia, días antes de ser detenido.

Anton Sarasola también pertenece al comando de huidos. En su caso, fuentes de la investigación terrorista revelan que huyó a Francia hace un par de años.

Por último, Alberto Machain aparece en uno de los carteles de los seis terroristas más buscados distribuidos por la policía tras el atentado que acabó con la vida de dos guardias civiles en el cuartel de Palmanova, en Mallorca.

Interior sospecha que la etarra sigue escondida en el País Vasco

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que la etarra Maite Aranalde, puesta en libertad el jueves pasado por el juez Eloy Velasco, no ha huido a Francia, sino que está escondida en algún punto del País Vasco. «Es muy pronto y muy difícil que haya ido a Francia», declaró ayer el ministro sin precisar, por razones obvias, si las Fuerzas de Seguridad cuentan con información sobre el posible paradero de la terrorista, cuya busca y captura ordenó este martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El titular de Interior defendió tanto la actuación del juez Velasco como el trabajo policial y aunque no concretó si la etarra Aranalde estaba siendo vigilada sí dejó entrever esa posibilidad al afirmar que «la Policía ha hecho su trabajo, pero lo ha hecho en el marco de la ley».

Fuentes policiales confirmaron a ABC que sí se tomó la decisión de montar un dispositivo discreto de vigilancia sobre la etarra, una vez conocida la decisión de Velasco de decretar la libertad bajo fianza de Aranalde, aunque no hubo tiempo

material de ponerlo en práctica dadas las especificidades de un servicio policial de ese tipo, que habría requerido una planificación de al menos dos días. «Cuando un juez pone en libertad a un ciudadano, la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para vigilar está condicionada por esa decisión», apuntó el ministro y manifestó su confianza en que Aranalde será detenida de nuevo. Fuentes de la lucha antiterrorista creen asimismo que la etarra no se ha refugiado en Francia donde tiene «quemados» sus posibles escondites y no cuenta con logística, de ahí que Rubalcaba sostenga que Aranalde sigue en el País Vasco. Según las mismas fuentes, hasta el domingo la etarra habría permanecido en su casa de Ibarra (Guipúzcoa), aunque no se descarta que huyera el viernes, antes del acto de apoyo que

tuvo lugar en su pueblo el sábado al que no asistió -se manifestaron contra la actuación de la Ertzaintza.

Rubalcaba, en una entrevista concedida a «Protagonistas» de Punto Radio, no dudó en defender la actuación del juez Velasco. «Tomó una decisión que creía que era la que procedía en Derecho, es un juez serio», subrayó el titular de Interior tras manifestar su confianza en los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional. Como refuerzo a su defensa del magistrado, Rubalcaba recordó que Velasco es el juez que «está encima» de la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, refugiado en Irlanda.

Los menos «comprensivos»

Los sindicatos policiales y algunas asociaciones de jueces no se mostraron tan «comprensivos» como Rubalcaba con la decisión de Velasco. El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, considera que el magistrado tenía «elementos suficientes» para mantener a la etarra en prisión preventiva por lo que la liberación sólo es atribuible a una «interpretación judicial errónea».

Para la Confederación Española de Policía, «el historial delictivo de Aranalde y su condena merecían algo más que una ridícula fianza de 12.000 euros», por lo que el sindicato reclamó la «mejora de medidas efectivas de coordinación» entre los jueces de la Audiencia Nacional. Una reivindicación en la que coincidió la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz Antonio García reclamó ayer que la Audiencia Nacional adopte un «criterio uniforme» respecto a la puesta en libertad de etarras. Jueces para la Democracia (JpD) aseguró que el riesgo de fuga era «evidente» y no se tuvo en cuenta.

La Audiencia prorroga otros dos años la prisión para tres dirigentes de Batasuna

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado hoy los autos que afectan a tres dirigentes proetarras procesados por un delito de integración en organización terrorista en la causa de las «herkos tabernas», los locales a través de los cuales la ilegalizada Batasuna auspició las arcas de la banda armada ETA. La Sala, como hoy publica ABC, tenía previsto prorrogar la prisión preventiva para Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, y así lo ha hecho por otros dos años más, ante el riesgo de fuga. Los tres dirigentes, junto al histórico dirigente de Batasuna Rufino Etxeberría, para quien ayer se decretó la puesta en libertad, fueron encarcelados por el juez Baltasar Garzón hace dos años por su integración en ETA.

La decisión de dejar en libertad a Etxeberría se justifica por que se ha vencido el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional –a la espera de juicio- fijada por la Ley. En concreto, Etxeberría ha estado encarcelado por esta causa de mayo

de 2002 a abril de 2004 y, posteriormente, de octubre de 2007 hasta la actualidad, lo que suma casi cuatro años de prisión provisional. Abandonó la prisión madrileña de Aranjuez ayer a las 19.00 horas. A pesar de quedar en libertad, la Audiencia Nacional ha impuesto a Exteberría la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados, así como le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional. «Riesgo de que vuelvan a delinquir» en la calle Por su parte, Permach, Aldasoro y Álvarez llevan menos de dos años en prisión provisional. Los cinco magistrados de la Sección Segunda decidieron prorrogar la prisión preventiva que pesa sobre estos tres dirigentes de Batasuna al entender que existe un gran riesgo de que intenten fugarse si quedan en libertad.

También han valorado la gravedad de la pena a la que se podrían enfrentar –entre 10 y 14 años de prisión por integración en ETA-, así como el riesgo de que vuelvan a delinquir si quedan en libertad.

Permach, Aldasoro y Álvarez, al igual que Etxeberria, fueron detenidos junto con otros 15 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna en la operación ordenada por el juez Garzón contra la cúpula de la formación ilegalizada y que fue llevada a cabo en la localidad guipuzcoana Segura.

En el auto por el que decretó su ingreso en prisión preventiva, Garzón subrayaba que, tras "la escalada exponencial de acciones terroristas" llevadas a cabo por ETA desde el final de la tregua, no podía interpretarse la actividad de la ilegalizada Batasuna "de forma aislada", sino como "coadyudante" de la organización terrorista.

En los autos hechos públicos hoy, de los que ha sido ponente el magistrado Enrique López, se subraya que se deben tener en cuenta los indicios que sitúan a los procesados “en una plena integración de la banda criminal a través de su actividad en Batasuna”.

Además, se indica que si quedase en libertad, Permach, Aldasoro y Álvarez podrían “volver a realizar actos propios de la presunta pertenencia a la banda ETA así como la asunción de un nuevo papel en la misma, intentando que el entorno de Batasuna y las agrupaciones que la pretende sustituir, elección tras elección, sigan estando presente en la sociedad española”.

Sobre el riesgo de fuga, la Sala señala que la relación de los procesados con ETA “generan una suerte de convicción sobre la facilidad que tendría de huir”.

Los nuevos jefes de ETA prepararon un atentado contra el Rey en Bilbao

Los hermanos Ibon y Eneko Gogeascoechea, que son los responsables, respectivamente, de los «aparatos» «militar» y «logístico» de ETA, tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, participaron, cuando formaban parte del «comando Katu» («gato», en euskera), en la preparación de un atentado contra el Rey que debía cometerse en el momento de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, en octubre de 1997. De la célula formaba parte también un primo de ambos, Kepa Arronategi.

La orden de la acción criminal la dio la entonces responsable de los «comandos legales», Soledad Iparraguirre Guenechea, «Anboto», ya detenida, que indicó a los integrantes de la célula que alquilaran una lonja o piso próximos al

museo para lanzar desde allí unas granadas. Sin embargo, a los miembros del «Katu» se les ocurrió otro plan que, de no haber mediado la intervención de una patrulla de la Ertzaintza, uno de cuyos miembros fue asesinado, podría haberse consumado. Tres maceteros Los terroristas se enteraron de que el frontal del museo iba a ser adornado el día de la inauguración. Compraron flores, tres maceteros y, en el caserío Olagorta, del barrio de Natxitua, propiedad de la familia Arronategi, se pusieron manos a la obra para introducir en los recipientes un total de 12 granadas.

Ibon Gogeascoechea, «Emil», no pertenecía entonces formalmente a ETA pero participó en los preparativos. De hecho, había preparado con su hermano Eneko un plan de fuga por si había problemas y debió ser el que utilizaron ambos al fallar la intentona.

Los terroristas llegaron a falsificar un albarán del Ayuntamiento de Bilbao para hacer ver que era el consistorio el que había encargado los maceteros y las flores y pegaron en la furgoneta que utilizaron los anagramas de una empresa del sector.

Albarán falso

El 13 de octubre, según la declaración que hizo Arronategi a la Ertzaintza una vez arrestado, se dirigió al museo en compañía de Eneko y aparcaron en la acera donde vieron a dos ertzainas, a los que mostraron el falso albarán del ayuntamiento.

El otro agente, como medida de seguridad, llamó a la central para comprobar la matrícula de la furgoneta y allí le comunicaron que correspondía a un Seat Ibiza. Pidió entonces a los etarras los papeles del vehículo, momento en el que, según testigos, Eneko realizó varios disparos sobre uno de los agentes, José María Aguirre, que resultó muerto.

Los pistoleros emprendieron entonces la huida. Arronategi, tras una accidentada carrera por las calles próximas, fue detenido por la Policía Municipal. Eneko llegó a robar hasta tres coches a punta de pistola hasta llegar al lugar donde probablemente le esperaba su hermano para iniciar una nueva etapa en la clandestinidad que, con el paso de los años, les ha llevado a encabezar la banda terrorista. Estos individuos llevan 12 años en labores organizativas de ETA en Francia, lo que, según fuentes antiterroristas, les otorga una cierta experiencia frente a otros cabecillas detenidos en los últimos tiempos.

Alerta terrorista. Las Fuerzas de Seguridad trabajan con la hipótesis de que ETA intentará atentar en breve de una forma similar a como lo hizo la última semana de julio en Burgos, con un potente vehículo bomba.

Notas internas de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso 20 minutos alertan desde el mes de julio de que ETA ha robado en Francia cuatro furgonetas y dos turismos, que se sospecha intentarán introducir en España cargados de explosivos.


La Guardia Civil sospecha que ETA intentará introducir
los vehículos en España cargados de explosivos Los vehículos son una Citröen Berlingo de color blanco y otra verde, una Renault Kangoo (sin precisar color), una Fiat Ducato blanca, un Opel Corsa y un Renault Clio (estos últimos también sin precisar color).

Ante cualquier sospecha, comunicar inmediatamente a la sala de coordinación de seguridad privada 900 350 125

'Txeroki' llega hoy a España para declarar ante la Audiencia Nacional

Francia entrega hoy al presunto jefe del aparato militar de ETA hasta su arresto en noviembre pasado, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, para que hasta el sábado la Audiencia Nacional pueda avanzar en la instrucción de cinco casos que tiene abiertos contra él. Esta entrega a España durante seis días constituye una novedad en la medida en que en la justicia francesa está lejos de haber terminado la instrucción contra Txeroki por los hechos que tiene pendientes en Francia, donde en cualquier caso ya fue condenado en octubre del año pasado, unas pocas semanas antes de su arresto.

En efecto, el 22 de octubre de 2008 el Tribunal de lo Criminal de París le impuso cinco años de cárcel, una sentencia dictada contra él en rebeldía en un proceso al aparato de reserva de ETA en el que fueron condenados en total 18 integrantes de la banda.

Aspiazu no se ha opuesto a esa sentencia -a diferencia de otros dos etarras condenados también entonces en rebeldía,

que volverán a ser juzgados en noviembre- por lo que los citados cinco años de cárcel son firmes. El que ha sido considerado como jefe de los comandos de ETA fue capturado el 17 de noviembre pasado junto a Leire López Zurutuza en una casa de la localidad de Cauterets, en los Pirineos franceses, donde había sido objeto de seguimiento policial durante los días precedentes. La juez instructora de París Laurence Le Vert lo imputó cuatro días después como dirigente de la organización terrorista y también por asociación de malhechores con fines terroristas en relación con el asesinato en diciembre de 2007 de dos guardias civiles en Cap Breton (suroeste de Francia). Le Vert igualmente le procesó por otros cargos, pero

finalmente no por el de asesinato de los dos agentes, aunque la entonces ministra francesa de Interior, Michèle Alliot-Marie, hubiera apuntado que se sospechaba que "participó en el asesinato" de Cap Breton.

De la investigación de ese atentado se han conocido nuevos elementos, como la presencia de huellas y de ADN de Txeroki en un coche utilizado para huir por el comando que disparó contra los dos guardias civiles y las declaraciones de dos supuestos integrantes del comando Nafarroa, detenidos en España, que han vinculado al antiguo jefe militar de la organización con esa acción.

El arresto de Aspiazu había sido la operación más importante contra ETA en Francia desde que el 20 de mayo también del pasado año se detuvo en un apartamento de Burdeos a Francisco Javier López Peña, considerado como el "número uno" de ETA, junto a los presuntos etarras Ainhoa Ozaeta Mendikute, Igor Suberbiola y Jon Salaberría.

De acuerdo con la policía española, a Aspiazu lo había sustituido al frente del aparato militar Aitzol Iriondo, quien apenas estuvo en ese puesto poco más de dos semanas, ya que fue a su vez arrestado, también en Francia, el 8 de diciembre. Siempre según fuentes antiterroristas españolas, el relevo de Iriondo lo tomó Jurden Martutegi, capturado a su vez en el sur de Francia el pasado mes de abril.

Alerta terrorista: ETA tiene cuatro furgonetas y dos coches bomba
* Se trata de dos Berlingo, una Kangoo, una Ducato, un Corsa y un Clio.
* Han sido robados en Francia.
* Se teme un atentado en Madrid.

D. FERNÁNDEZ. 17.09.2009 - 03.55 h

Alerta terrorista. Las Fuerzas de Seguridad trabajan con la hipótesis de que ETA intentará atentar en breve de una forma similar a como lo hizo la última semana de julio en Burgos, con un potente vehículo bomba. Notas internas de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso 20 minutos alertan desde el mes de julio de que ETA ha robado en Francia cuatro furgonetas y dos turismos, que se sospecha intentará introducir en España cargados de explosivos.

La Guardia Civil sospecha que ETA intentará introducir
los vehículos en España cargados de explosivosLos vehículos son una Citröen Berlingo de color blanco y otra verde, una Renault Kangoo (sin precisar color), una Fiat Ducato blanca, un Opel Corsa y un Renault Clio (estos últimos también sin precisar color).

En una de esas notas (orden 17.298), fechada el 3 de julio, se incluía un modelo más de furgoneta: una Mercedes Vito de color verde. Semanas después, el día 29 de julio, ETA colocaba ese vehículo, repintado de blanco, frente a la casa cuartel de Burgos. Hubo 65 heridos.

Inspección de vehículos

La orden explica que "deberán ser inspeccionadas todo tipo de furgonetas de las marcas y modelos indicados, independientemente del color, teniendo en cuenta las matrículas y si éstas utilizan remaches o tornillos para su fijación, comprobando su número con el del bastidor".

La vigilancia no sólo se efectuará en instalaciones policiales, sino "en otros objetivos susceptibles de sufrir este tipo de atentados".

En Madrid se han puesto controles policiales en carreteras y estacionesLos servicios antiterroristas no descartan un atentado en Madrid, por eso se han puesto en marcha en la región "controles policiales" en carreteras de acceso, estaciones de transporte y puntos neurálgicos. La última vez que ETA atentó en Madrid fue en febrero de este año.

En el último atentado con furgoneta bomba, el de julio en Burgos, las cámaras de seguridad de la zona recogieron el momento en el que dos terroristas a bordo de la Mercedes Vito blanca (secuencia de fotos de arriba) llegan a la calle que sirve de aparcamiento detrás del cuartel y aparcan el vehículo a las 14.00 horas junto a un camión de muebles. Hizo explosión catorce horas después, a las 4 de la madrugada.


No a la Ertzaintza en Francia

Los sindicatos de la Policía Nacional no quieren que la Ertzaintza pueda realizar labores antiterroristas fuera del País Vasco y, en concreto, en la comisaría de Bayona (Francia), como ha anunciado el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.

Los cuatro sindicatos (SUP, CEP, UFP y SPP) han afirmado que si la Ertzaintza se incorpora a la lucha contra ETA en suelo francés se vulneraría la ley.

Autorizada la entrega de «Txeroki» a Francia tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional

El ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», ha llegado a las 9.50 horas a la Audiencia Nacional, en medio de una gran expectación mediática, donde los jueces Santiago Pedraz e Ismael Moreno le comunicarán esta mañana su procesamiento por cinco atentados cometidos por ETA en 2002. El etarra se ha negado a declarar y hoy mismo la Audiencia ha autorizado su entrega de nuevo a Francia.

En sendos autos dictados hoy, los instructores acuerdan la entrega de «Txeroki» a las autoridades judiciales francesas tras haber practicado «las diligencias sumariales imprescindibles para la continuación» de estos cinco procedimientos, relativos a otros tantos atentados cometidos en su etapa como líder del «comando K-Olaia» de ETA, entre enero y febrero de 2002.

El ex dirigente etarra ha comparecido a las 10.15 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para declarar sobre los envíos de dos paquetes bomba el 17 de enero de 2002 al presidente del Consejo de

Administración del Grupo Correo, Enrique Ybarra, y a la delegada de Antena 3 en Vizcaya, María Luisa Guerrero. Además el juez le ha interrogado sobre la explosión que hirió a la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002. Sin embargo, el ex jefe militar de ETA se ha negado a declarar en las cinco primeras causas que se instruyen en su contra, tras comparecer durante poco más de una hora ante los dos jueces de la Audiencia, han informado fuentes jurídicas. «Txeroki» ha utilizado una única palabra -«ez», que significa «no» en eusquera- para negarse a contestar las preguntas que los jueces instructores y los fiscales le dirigieron al objeto de tratar de esclarecer su participación en cinco atentados cometidos en su etapa como

líder del "comando K-Olaia" de ETA, entre enero y febrero de 2002.

Además de no participar en las declaraciones indagatorias, Aspiazu Rubina se ha negado a firmar las actas de las dos comparecencias y se limitó a designar a su abogada, con la que intercambió una breve conversación antes de comparecer ante el juez Pedraz: «Kaixo. Bai (Hola. Sí)». Los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción 1 y 2 comunicaron al terrorista su procesamiento por las causas que investigan y prorrogaron su prisión incondicional por las mismas, tal y como solicitó el fiscal Ignacio Gordillo en los dos procedimientos instruidos por Pedraz y Susana Landeras y Daniel Campos en los tres que corresponden a Moreno.

En concreto, el juez Ismael Moreno interrogó a «Txeroki» por el envío de dos paquetes bomba al presidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra, y a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero, (ambos registrados el 17 de enero de 2002); y el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo (PSOE), que se produjo el 28 de febrero de 2002.

Pedraz, por su parte, le preguntó por su participación en el atentado contra el diputado socialista Eduardo Madina, que perdió una pierna al explotar una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo el 19 de febrero de 2002, y por la explosión de un coche bomba en Bilbao el 12 de enero de 2002.

«Txeroki», vestido con una sudadera gris y pantalón oscuro del mismo color, ha entrado esposado y escoltado por dos agentes al juzgado, después de haber sido trasladado a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil, desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en un modulo de aislamiento desde que ayer llegó a nuestro país.

España, condenada por no aplicar la norma contra la financiación del terrorismo


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por ser el único país que no aplica la normativa contra la financiación del terrorismo, como ya informó LD. La directiva se aprobó en el año 2006, pero Zapatero no la acató y el Ejecutivo español fue denunciado el pasado Enero.



Se trata de una directiva comunitaria de 2006, que desarrollaba la definición de "personas del medio político", los criterios técnicos a seguir en los procedimientos de diligencia debida al cliente y la exención en caso de limitada actividad financiera.

Según ese texto, son "personas del medio político" aquellas a las que se les confían funciones públicas importantes, sus familiares más próximos y otras personas reconocidas como allegados a ellas.

La norma controvertida establece cómo ha de aplicarse a estas personas otra directiva de 2005 sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

Los Estados miembros debían tomar las medidas pertinentes para la entrada en vigor de la norma como muy tarde el 15 de diciembre de 2007 y comunicar a la Comisión Europea (CE) las disposiciones adoptadas.

Pero, según recuerda en su sentencia el Tribunal de Justicia, España aún no lo había hecho en junio de 2008, lo que motivó al Ejecutivo comunitario a llevar el caso ante la corte luxemburguesa.

En su argumentación ante el Tribunal, las autoridades españolas aseguraron que el proceso legislativo destinado a garantizar la adaptación del Derecho nacional a la citada norma estaba a punto de terminar.

Pero el Tribunal deja claro que la existencia de un incumplimiento se determina en función de la situación al final del plazo fijado y subraya que "los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta".

Concluye que cuando expiró el último plazo establecido por la CE aún no se habían adoptado todas las medidas destinadas a garantizar la transposición efectiva de la norma comunitaria y, por ello, considera fundado el recurso del Ejecutivo de la UE y decide condenar a España.

A ETA le falla también su política de comunicación

El envío habitual de comunicados por parte de ETA a algunos medios de comunicación sigue cauces singulares. La banda armada suele hacer públicas en esas notas sus reflexiones, los anuncios de tregua o, en su caso, el fin de un alto el fuego. La confusión sobre la autoría de un comunicado atribuido inicialmente a la banda provocó este fin de semana, sin embargo, una situación excepcional.

El diario Berria publicó el sábado, en su edición de papel, una nota suscrita por ETA. En el escrito, se animaba a la izquierda abertzale a "creer en la vía de la lucha" y concluía con el clásico "Gora Euskadi Ta Askatasuna" (lema que integra las siglas de ETA).

Sin embargo, a última hora del mismo sábado, el citado diario rectificaba la información colgando en su página web una nota aclaratoria en la que aseguraba que el escrito atribuido a la banda armada lo había enviado, en realidad, la izquierda abertzale con motivo de la celebración del Gudari Eguna Día del Soldado vasco. "Se publicó como una nota de ETA. Pero no es así", decía la rectificación.

Reproducción en los medios

Para entonces, la supuesta nota de ETA había sido ya reproducida por los distintos medios de comunicación también por Público y había suscitado además las correspondientes críticas de los partidos políticos. Sin embargo, el verdadero

comunicado de ETA llegó a los kioscos ayer, en las páginas del diario Gara. Se da la circunstancia de que este periódico también llegó a hacerse eco el sábado, en su página web, del escrito atribuido por error a ETA en Berria. Al margen de esta confusión de papeles, en el texto conocido el domingo la organización terrorista se reafirma en "el compromiso de seguir con las armas en las manos", a la vez que muestra su voluntad de "buscar una salida política al conflicto político". "En Euskal Herria debe desarrollarse un proceso democrático que conduzca al escenario de la autodeterminación. Esa es la oferta de ETA, y ese es el camino que defenderá e impulsará", sostiene. En el comunicado publicado en Gara, ETA dirige una serie de preguntas al presidente

José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros: "Sin actividad armada de ETA, ¿estarían dispuestos a respetar un proceso en el que los territorios vascos decidieran sobre su futuro político?". En un segundo bloque, sondea al lehendakari, Patxi López, y al presidente de Navarra, Miguel Sanz, sobre si "están dispuestos a preguntar a los habitantes de los territorios que están bajo su dominio, sin límites y de modo abierto, sobre su futuro político".

Según sostiene ETA, "las respuestas positivas a estas preguntas abrirían el camino a la resolución del conflicto, traerían el cese de la acción armada". Y agrega en ese sentido: "Se equivoca quien piense que va a acabar con ETA y con el conflicto político encarcelando a sus miembros".

Los partidos repitieron ayer las críticas que ya expresaron el sábado, cuando conocieron el comunicado atribuido a ETA por error.

Txeroki» estuvo a punto de romper ETA: «Está podrida por un cáncer»

ETA, como organización clandestina, guarda celosamente sus trapos sucios. Y de entre ellos, el que escondía con más cuidado era el enfrentamiento que los «aparatos» «político» y «militar» registraron después de la ruptura del alto el fuego y que estuvo a punto de romper en dos la organización criminal. Fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN señalan que fue Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», el responsable «militar», el que desencadenó las hostilidades contra Francisco López, «Thierry», el «político», con una serie de alegatos en los que decía que ETA estaba podrida y consumida por un cáncer. Los enfrentamientos se habían iniciado durante las negociaciones con el Gobierno, en las que López tuvo un gran protagonismo hasta el punto de afirmar que era el «jefe supremo» de ETA. Para ello, mantenía a Azpiazu y sus pistoleros bajo mínimos, sin dinero ni los elementos necesarios para sobrevivir en Francia.

Una vez rota la tregua, la situación no mejoró y era cuestión de tiempo que explotara, lo que ocurrió en los últimos meses de 2007. De esa fecha provienen los alegatos de «Txeroki» que, según las citadas fuentes, se produjeron en un tono muy duro

y sin contemplaciones. Se quejaba el jefe de los «comandos» de que ETA se había convertido en una organización en la que había unos pocos que hablaban en nombre de todos pero sin consultar con nadie (en clara referencia a «Thierry). Las opiniones de los militantes no se tenían en cuenta. La autoridad se ejercía de una manera tan férrea que algunos renunciaban a las criticas. Todo esto había generado, en opinión de Azpiazu, un alejamiento de ETA de los militantes menos comprometidos y un seguidismo de los más convencidos. Aseguraba que el ambiente dentro de la banda era muy malo y con tendencia a empeorar. De una manera gráfica, explicaba que muchos pistoleros habían aceptado dichas decisiones porque suponían que habían sido adoptadas por la dirección. Por eso las

apoyaban pero sin que nadie se hubiese molestado en darles una explicación.

Pero lo que más le dolía a «Txeroki» como jefe «militar» es que desde dentro de la propia ETA se hubiera propiciado un proceso para desacreditar la «lucha armada» hasta el punto de que no se la activaba e incluso se la culpaba de algunas cosas.

No entendía Azpiazu que esto se hiciera con la disculpa de que permitiría que Batasuna pudiera realizar por enésima vez (todas fracasadas) un proceso de acumulación de fuerzas con otros partidos separatistas y que los que salieran perdiendo fueran sus pistoleros, siempre dispuestos a aunar esfuerzos en la lucha por la «independencia y el socialismo».

Curiosamente, la detención de los dos cabecillas, en mayo («Thierry») y noviembre («Txeroki) del año pasado, puso fin a los enfrentamientos.

Los cinco de la discordia

Cuando sucedieron los enfrentamientos, el «comité ejecutivo» de ETA estaba formado por cinco miembros. «Thierry» al que apoyaban Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola; y «Txeroki» y el jefe del «aparato de logística», un tal «Ata». Las votaciones siempre daban el mismo resultado y el jefe de los «comandos» salía perdiendo. Las opiniones del «aparato militar» no eran tenidas en cuenta. Tras la ruptura de la tregua, «Thierry» pretendió convertirse en «jefe supremo de la organización» y «Txeroki» y «Ata» explotaron. Después vinieron las detenciones de cuatro de los cinco y una supuesta «paz» interna en el seno de ETA.

El Gobierno vasco ayudará a los ayuntamientos a eliminar las pintadas de ETA

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), Jokin Bildarratz, han destacado hoy el consenso institucional logrado en torno a la necesidad de retirar de las calles del País Vasco carteles y pintadas de ETA y de las organizaciones que le apoyan. Tras rubricar esta mañana en Bilbao el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para eliminar la simbología de ETA y de quienes amparan al terrorismo de los espacios públicos, Ares y Bildarratz han coincidido en exponer la relevancia del consenso logrado en el ámbito institucional vasco para evitar el enaltecimiento del terrorismo y para dar cumplimiento a la Ley de Víctimas.

Ares ha agradecido que, tras las discrepancias surgidas a lo largo del verano, cuando Interior puso en marcha este tipo de actuaciones, la actitud "dialogante" de los representantes municipales para buscar soluciones haya permitido finalmente "un acuerdo total" en el objetivo de quitar esos carteles que vulneran la ley y ofenden a las víctimas y en la manera de aplicarlo.

El consejero ha dicho que llevará para su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno del día 6 de octubre una partida

"no inferior a 500.000 euros" con la que ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos de limpieza de pintadas y carteles, y que esta línea de ayudas se reflejará también los presupuestos de su departamento en años siguientes. Ambas instituciones han expuesto en dicho acuerdo que son "conscientes" de que "deben hacer uso de todos los medios" a su alcance para evitar que "las plazas, calles y fachadas de edificios de Euskadi" sean utilizados "por quienes justifican y amparan a los terroristas". Han manifestado su común objetivo de velar para evitar que se coloquen ese tipo de símbolos y que, en caso de detectarse, "desaparezcan a la mayor brevedad", para lo cual la Ertzaintza y la Policía Local vigilarán para evitar las pintadas o la instalación de

carteles.

Una práctica costosaSegún ha asegurado Bildarratz, los ayuntamientos vascos llevan tiempo realizando esa función y ha detallado que, por ejemplo, en 2008 un ayuntamiento de menos de 500 habitantes gastó en quitar pancartas más de 23.000 euros, lo que supuso casi el 5 por ciento del presupuesto municipal, y este año otro ayuntamiento de 18.000 habitantes ha quitado 438 pintadas y 133 pancartas.

En Bilbao, durante los días de fiestas se retiraron 4.106 metros cuadrados de pintadas y carteles, unas 10 canchas de baloncesto de tamaño olímpico.

Mikel Otegui asegura que no era de ETA cuando mató a dos ertzainas

El etarra Mikel Otegi, entregado ayer por Francia para ser juzgado por el asesinato de dos ertzainas en 1995, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no pertenecía a ETA en la fecha en la que ocurrieron los hechos, de los que fue declarado no culpable por un jurado popular en 1997. Mikel Otegi, que ha comparecido durante apenas veinte minutos ante el juez Garzón, se ha remitido a las declaraciones que ya realizó en el juicio celebrado en la Audiencia de Guipúzcoa, donde su defensa alegó enajenación mental.

El juez Baltasar Garzón le ha comunicado su procesamiento por el asesinato de los dos ertzainas, por lo que Otegi permanecerá en prisión a la espera de que se formalicen los trámites para la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional, en el que -según fuentes jurídicas- será acusado de dos asesinatos de carácter terrorista en concurso ideal con atentado.

Cuando Otegi fue juzgado en el País Vasco en 1997 no fue acusado de un delito terrorista, pero una vez que fue condenado en Francia a siete años de cárcel por asociación de malhechores con fines terroristas, es la Audiencia Nacional el tribunal competente para repetir el juicio, como ordenó el Tribunal Constitucional en 2004, confirmando la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo.

De esta forma se anuló la absolución decretada por la Audiencia de Guipúzcoa después de que un jurado popular declarara

a Mikel Otegi no culpable, pese a que la mayoría de sus miembros estimaron que había quedado suficientemente probado que mató a los agentes. Después de que la Audiencia de Guipúzcoa se inhibiera en 2005 en favor de la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió en 2007 el procesamiento de Mikel Otegi por el asesinato de los ertzainas, al considerar que éste tenía una finalidad terrorista cuando disparó contra los ellos. De acuerdo con los hechos expuestos en el escrito del fiscal, el 10 de diciembre de 1995 Otegi conducía a velocidad excesiva en dirección a su caserío de Itsasondo (Guipúzcoa), tras pasar la noche en un concierto de rock, un comportamiento que llamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza, compuesta por José Luis González e Ignacio Jesús

Mendiluce. La patrulla le siguió hasta el caserío y, una vez allí, los agentes se bajaron del coche con el fin de practicar las diligencias referidas a la "anómala manera" de conducir de Otegi.

«De espaldas y desprevenidos»Fue entonces cuando el imputado salió de la vivienda "de modo súbito e inesperado" y, armado con una escopeta semiautomática para la que tenía la correspondiente licencia, disparó contra los dos agentes cuando se encontraban "de espaldas y desprevenidos". Los ertzainas fallecieron en el acto.

Inmediatamente después, añade el escrito, el acusado cogió la radio del coche policial y de forma "absolutamente tranquila y enorgulleciéndose del hecho" comunicó que "un casero había matado a dos 'cipayos' (expresión despectiva con la que el entorno de ETA denomina a la Policía vasca) por la política que seguían".

Otegi abandonó el País Vasco tras ser exculpado en el juicio popular y fue detenido el 22 de febrero de 2003 en Irouleguy (Francia), junto a la presunta etarra Aloña Muñoa. Después de haber cumplido la condena de siete años de prisión que le impuso un tribunal, ha sido entregado de forma permanente a España, donde permanecerá en prisión a la espera de la celebración del nuevo juicio.

La Fiscalía pide a Garzón que archive la investigación del «chivatazo» a ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Baltasar Garzón que archive la investigación abierta sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA en mayo de 2006 sobre una operación policial contra su red de extorsión, ya que tres años después no se ha averiguado quién fue el responsable. En su escrito, el Ministerio Público dice que "agotada la investigación, no siendo necesaria la práctica de nuevas diligencias y no concurriendo claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa".

En el procedimiento se investiga la filtración llevada a cabo por una persona que el 4 de mayo de 2006 advirtió al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de que estaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía ser arrestado ese mismo día.

Las gestiones realizadas -intervenciones telefónicas, declaraciones de decenas de testigos e interrogatorio como imputados de varios mandos policiales, incluido el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo- no han arrojado

resultados concluyentes, según el fiscal. Éste añade que sólo el análisis de las llamadas telefónicas realizadas esos días permite construir una "hipótesis incriminatoria" que apunta al entonces Jefe Superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava como origen de la filtración, pero que ésta no es suficiente "para sustentar una tesis acusatoria". El fiscal explica que esa hipótesis se apoya "en la concatenación de llamadas que, el día anterior y el mismo día de la filtración, se producen" entre la responsable de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián, el Jefe Superior de Policía del País Vasco, el director general de la Policía y un inspector de la Brigada de

Información de Álava.

De todas ellas, la más importante es la que se produjo poco después de las once de la mañana del 4 de mayo, "de la que son interlocutores el Jefe Superior de Policía del País Vasco (llamante) y el inspector de Vitoria (llamado)".

Los investigadores relacionaron esa llamada con otra -grabada por la Policía- en la que Elosúa aseguraba que una persona le había advertido en su bar de que le seguían y concluyen que "es en esa llamada del Jefe Superior de Policía al inspector cuando éste le pasa el teléfono a Elosúa y el Jefe Superior comunica a este último la existencia de un dispositivo de seguimiento".

Ningún «elemento adicional de prueba»La Fiscalía dice, sin embargo, que no ha aparecido ningún "elemento adicional de prueba" que corrobore que el contenido de la conversación es el que afirman los investigadores.

Así, señala que la intervención de las comunicaciones telefónicas no ha dado resultado, que los imputados niegan la secuencia de hechos y Elosúa "ha rechazado de forma constante y tajante que el inspector de Policía de Vitoria fuera la persona que le entregó el teléfono para que un tercero le hiciera la advertencia".

El fiscal agrega que los investigadores no han tenido en cuenta la afirmación de Elosúa de que la persona que le llamó "es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo que, añade, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección".