México se rebela contra la inseguridad

México se rebela contra la inseguridad

Las semanas de indignación que siguieron al hallazgo del cadáver del joven Fernando Martí el 1 de agosto han cristalizado en una inédita reunión de los tres poderes del Estado mexicano con diversos agentes sociales para firmar un pacto de 75 puntos contra el crimen organizado y la inseguridad.




La muerte de Martí, de 14 años, secuestrado y asesinado por delincuentes con la posible ayuda de policías, se ha convertido en el detonante de la rabia de una sociedad harta de inseguridad en sus ciudades, impunidad para los criminales e indiferencia de las autoridades.

El presidente Felipe Calderón, los 32 gobernadores del país y representantes del poder judicial, el Congreso y la sociedad se reunieron en el Palacio Nacional capitalino para ofrecer una imagen de unidad y poner sobre la mesa un ambicioso plan de saneamiento de la vida pública.

"Hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos (...), México padece hoy las consecuencias de muchos años de indolencia o corrupción ante el cáncer de la criminalidad", dijo Calderón en su intervención.
Por primera vez desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública en 1995, todos sus integrantes se reunieron bajo el mismo techo, para firmar el extenso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Medidas a tomar Entre sus 75 puntos a cumplir en plazos desde dos meses a tres años, se acuerda depurar los devaluados cuerpos policiales e instituciones judiciales, crear unidades anti secuestro, evitar la salida de prisión anticipada de secuestradores y reforzar la denuncia de la corrupción.

El documento también emplaza a crear más penales de alta seguridad, implementar un registro de teléfonos móviles -empleados desde muchas cárceles para la extorsión-, reforzar la lucha contra el lavado de dinero y rescatar mil terrenos abandonados en zonas deprimidas con alta incidencia delictiva, entre otros puntos.

El poder judicial prometió más agilidad para emitir órdenes de registro y detención preventiva, agilizar su funcionamiento y crear nuevos juzgados y tribunales federales. Se pondrá en marcha, asimismo, un mecanismo ciudadano para vigilar el cumplimiento de todos los compromisos suscritos por cada una de las partes.
Marcelo Ebrad, alcalde capitalino, cifró en unos 1.200 millones de dólares el costo del Acuerdo, una cantidad que calificó de "alcanzable". La urbe que gobierna, Ciudad de México, una titánica metrópoli de casi 19 millones de habitantes, está considerada como una de las más inseguras del mundo.

Muchos de sus habitantes la consideran una lotería donde los premios que se pueden ganar a diario son un asalto a punta de pistola en el cajero automático, un secuestro en taxi, uno o más "plomazos" (disparos) o un robo con violencia del vehiculo, entre otros.
Una sociedad amenazada por la violencia


En 2007 se produjeron en la ciudad 1.593 homicidios y 90.000 asaltos: o lo que es lo mismo, más de cuatro muertes violentas y 250 atracos por día, según la Fiscalía de la urbe. Desde 2000 se han desarticulado 104 bandas dedicadas al secuestro y detenido por esta razón a 1.316 personas, entre ellas a 80 menores.

A pesar de ello, la percepción ciudadana es que los secuestros siguen tan en boga como cuando "el Mochaorejas" estaba en la calle. El famoso secuestrador Daniel Arizmendi, detenido en 1999 y que suma condenas por casi 400 años de cárcel, se ganó el apodo por que enviaba las orejas o los dedos de sus víctimas a quienes debían pagar el rescate.

Frente al delito común capitalino, el norte del país vive los efectos de la guerra interna de los señores de la droga, suscitada por la presión de las fuerzas federales, que ha puesto a competir a los cárteles por el control de las rutas de contrabando. En lo que va de año, según datos extraoficiales, 2.774 personas han perdido la vida por acciones del crimen organizado en todo el país. Más de la mitad en el norte, particularmente en los estados de Chihuahua y Sinaloa.

Para el próximo 30 de agosto, una quincena de plataformas sociales y empresariales han convocado en la capital y en 17 estados a la marcha contra la inseguridad "Iluminemos México", secuela de la multitudinaria manifestación que recorrió la capital en 2004 contra los secuestros.

Alejandro Martí, padre del joven asesinado y uno de los empresarios más destacados del país, no ha podido irse a casa sin lanzar una recomendación ante el Consejo, ante los oídos de todo México.
Si las autoridades no pueden cumplir el acuerdo firmado, dijo a los congregados en el Palacio Nacional, deben renunciar, porque "seguir percibiendo un sueldo sin hacer nada, eso también es corrupción".