Condenan a cadena perpetua a dos ex jerarcas de la dictadura argentina

Condenan a cadena perpetua a dos ex jerarcas de la dictadura argentina

• Son dos ex generales octogenarios, uno irá a prisión y otro, arresto domiciliario
  
• Los culpabilizan del secuestro, torturas y homicidio de un senador
  
• Incidentes por el beneficio de la detención domiciliaria a uno de ellos
  

Los ex jerarcas de la dictadura argentina Domingo Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados este jueves a prisión perpetua. El tribunal oral federal de la provincia de Tucumán (norte) los mandó a pasar encerrados el resto de sus vidas por el homicidio del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.


Los jueces atribuyeron a Bussi y Menéndez la "autoría mediata" de un conjunto de "delitos de lesa humanidad" -o sea, imprescriptibles- tales como "asociación ilícita" (organización criminal), "violación de domicilio", "privación ilegítima de la libertad", "imposición de torturas", y "homicidio agravado por alevosía".

Al senador Vargas Aignasse lo secuestraron en su casa de Tucumán durante la madrugada del 24 de marzo de 1976, pocas horas después de que las fuerzas armadas perpetraran un golpe de Estado derrocando a la presidenta 'Isabel' Perón, y fue trasladado al penal del barrio Villa Urquiza, donde recibió feroces torturas.

Pasados siete días, salió de esa prisión escoltado por una patrulla militar y policial, en lo que aparentemente iba a ser su liberación y retorno a casa, pero Vargas Aignasse nunca llegó a su hogar y desde entonces jamás se supo nada más de él. Dejó viuda y cinco hijos, dos de los cuáles hoy son legisladores.
La decisión del tribunal de beneficiar a Bussi (82 años) con la detención domiciliaria en un lujoso barrio privado de las afueras de Tucumán, en lugar de enviarle a la la cárcel como cualquier preso común, generó protestas por parte de los manifestantes apostados a las puertas de los juzgados y la Gendarmería las reprimió con gases lacrimógenos.



Bussi era en 1976 el interventor militar y gobernador de facto en Tucumán -en cuyas montañas hubo un foco de insurgencia guerrillera- y a raíz de los crímenes políticos que se le atribuyen en aquella gestión es apodado popularmente como 'el carnicero de Tucumán' o 'el Mussolini tucumano'. En total, se le imputan más de 600 desaparecidos en la provincia.
Testimonios de los supervivientes


Varios supervivientes de campos de la muerte en Tucumán aseguraron haber visto cómo Bussi obligaba a sus víctimas a cavar una fosa y arrodillarse, para luego descerrajarles un pistoletazo en la cabeza. Así habría ocurrido, entre otros, con el desaparecido Luis Falí. También relataron que el general linchó con sus manos a dos prisioneros mientras los interrogaba.

No obstante ello, una vez restaurada la democracia en 1983, Bussi se metió en la política creando el partido de derecha 'Fuerza Republicana' y en 1995 resultó elegido gobernador de Tucumán por el voto popular. En 1999 ganó un escaño en la Cámara de Diputados argentinos, pero no pudo asumirlo por inhabilitación de ese cuerpo legislativo a raíz de los crímenes que se le imputaban.
Por su parte, Menéndez era el superior inmediato de Bussi como comandante del poderoso tercer cuerpo del Ejército de tierra, en la ciudad de Córdoba (centro). Allí funcionaron dos campos de exterminio, 'La Perla' y 'La Escuelita', por donde 2.500 opositores políticos pasaron rumbo a la desaparición.
Esta ha sido la segunda condena perpetua en casi un mes para Menéndez. El 27 de julio pasado, un tribunal lo condenó en Córdoba por el secuestro y desaparición de Humberto Brandalisis, Ilda Flores Palacios, Carlos Enrique Lajas, y Raúl Cardozo, militantes del partido revolucionario de los trabajadores.

Todos ellos pasaron por 'La Perla', donde fueron sometidos a torturas y violaciones. Terminaron fusilados en una esquina de Córdoba tras un enfrentamiento y sus cuerpos fueron inhumados clandestinamente en el cementerio local.
Pero a diferencia de lo que ha ocurrido con Bussi, el tribunal cordobés ordenó que Menéndez (82 años) ingresara de inmediato en prisión, en lugar de la posibilidad de la detención domiciliaria que la ley prevé para los septuagenarios y enfermos graves.
Argentina y Chile son los únicos países del Cono Sur latinoamericano que siguen llevando al banquillo a sus represores de los años '70 y '80. Hasta ahora, alrededor de 300 ex represores argentinos están detenidos a la espera de juicio oral por los 14.000 a 30.000 desaparecidos, según recuentos oficiales y privados, respectivamente, que hubo durante la llamada 'guerra sucia'.