Rubalcaba cree que Garzón no trata de 'abrir heridas' sino de cerrarlas
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil no significa "reabrir heridas" sino, por el contrario, de cerrarlas.
En declaraciones a Punto Radio, el ministro ha respondido así al líder del PP, Mariano Rajoy, quien dijo el martes que no era partidario de "reabrir las heridas del pasado", sino de mirar al futuro, al ser preguntado sobre la decisión de Garzón.
"No entiendo que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su abuelo para enterrarle, no entiendo qué puede molestar eso a nadie", ha indicado el ministro del Interior.
Pérez Rubalcaba ha considerado que se trata de garantizar ese derecho y ha ins
istido en que no puede comprender "qué nos puede llevar a no facilitar el que nietos o hijos sepan dónde están enterrados sus familiares".
En la misma línea se manifestó el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarría, quien también ha rechazado las críticas "tan virulentas" contra Garzón.
Ninguna imputación
De esta forma, Olabarría dijo no entender las voces que descalifican "de forma tal brutal" la pretensión del juez Garzón, máxime cuando hasta el momento no ha realizado ninguna imputación, sino que sólo está practicando diligencias previas.
Además, señaló que la represión que tuvo lugar durante la Guerra Civil y el franquismo "no es muy diferente" a la ejercida por otras dictaduras, cuyos actos sí se declararon delitos contra la Humanidad.
"No sé por qué en este caso se han levantado voces contra una investigación previa de algo que sí podría ser calificado jurídicamente como un delito imprescriptible contra la Humanidad", sostuvo el diputado nacionalista.
Mientras tanto, la consejera de Cultura de la Xunta, Ánxela Bugallo, ha anunciado que su departamento pondrá a disposición del juez Baltasar Garzón los datos sobre la represión franquista en esta comunidad entre los años 1936 y 1939 que asciende a 3.588 personas.
Los datos que facilitará la Xunta forman parte de la investigación "Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares" que desarrollan las tres universidades gallegas y que han localizado hasta la fecha 305 lugares relacionados con la represión, 26 fosas comunes y 11 fondeaderos, lugares de la costa en los que se arrojaron cadáveres.
El juez Garzón dictó el lunes una providencia en la que solicita a instituciones como el Valle de los Caídos o el Monasterio del Escorial, a cuatro ayuntamientos y a todas las parroquias de España que aporten toda la información disponible con objeto de realizar un listado de desaparecidos de la Guerra Civil.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la II República.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil no significa "reabrir heridas" sino, por el contrario, de cerrarlas.
En declaraciones a Punto Radio, el ministro ha respondido así al líder del PP, Mariano Rajoy, quien dijo el martes que no era partidario de "reabrir las heridas del pasado", sino de mirar al futuro, al ser preguntado sobre la decisión de Garzón.
"No entiendo que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su abuelo para enterrarle, no entiendo qué puede molestar eso a nadie", ha indicado el ministro del Interior.
Pérez Rubalcaba ha considerado que se trata de garantizar ese derecho y ha ins
istido en que no puede comprender "qué nos puede llevar a no facilitar el que nietos o hijos sepan dónde están enterrados sus familiares".
En la misma línea se manifestó el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarría, quien también ha rechazado las críticas "tan virulentas" contra Garzón.
Ninguna imputación
De esta forma, Olabarría dijo no entender las voces que descalifican "de forma tal brutal" la pretensión del juez Garzón, máxime cuando hasta el momento no ha realizado ninguna imputación, sino que sólo está practicando diligencias previas.
Además, señaló que la represión que tuvo lugar durante la Guerra Civil y el franquismo "no es muy diferente" a la ejercida por otras dictaduras, cuyos actos sí se declararon delitos contra la Humanidad.
"No sé por qué en este caso se han levantado voces contra una investigación previa de algo que sí podría ser calificado jurídicamente como un delito imprescriptible contra la Humanidad", sostuvo el diputado nacionalista.
Mientras tanto, la consejera de Cultura de la Xunta, Ánxela Bugallo, ha anunciado que su departamento pondrá a disposición del juez Baltasar Garzón los datos sobre la represión franquista en esta comunidad entre los años 1936 y 1939 que asciende a 3.588 personas.
Los datos que facilitará la Xunta forman parte de la investigación "Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares" que desarrollan las tres universidades gallegas y que han localizado hasta la fecha 305 lugares relacionados con la represión, 26 fosas comunes y 11 fondeaderos, lugares de la costa en los que se arrojaron cadáveres.
El juez Garzón dictó el lunes una providencia en la que solicita a instituciones como el Valle de los Caídos o el Monasterio del Escorial, a cuatro ayuntamientos y a todas las parroquias de España que aporten toda la información disponible con objeto de realizar un listado de desaparecidos de la Guerra Civil.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la II República.
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