Vodafone exige 670 millones de euros a Telefónica por prácticas anticompetitivas

Vodafone exige 670 millones de euros a Telefónica por prácticas anticompetitivas
Vodafone ha presentado una demanda contra Telefónica en la que exige a la multinacional española una indemnización de 670 millones de euros por prácticas anticompetitivas al dificultar la entrada en el mercado español de la antigua Airtel, según informaron fuentes de la compañía.

Los hechos se remontan al año 1996, fecha en que Airtel comenzó a operar en España. Al encontrar dificultades para distribuir sus servicios denunció a Telefónica de España, Telefónica Servicios Móviles y Telyco ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) por abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

En ese momento, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) señaló que "no es igual iniciar una actividad comercial sin poder acceder en la práctica a la red de distribuidores independientes ya instalados que teniendo libre acceso a este canal de distribución", lo que crea una barrera en el mercado.
Un largo proceso

En febrero de 1999, el Tribunal dictó una resolución que acreditaba la existencia de una conducta de abuso de posición dominante, consistente en dificultar la entrada y asentamiento en el mercado, e imponía sendas multas a Telefónica Servicios Móviles y a Telefónica de España de 610 y 150 millones de pesetas, respectivamente.

En ese momento, tanto Telefónica como su filial de servicios móviles presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que los desestimó en 2003. Asimismo, la Audiencia confirmó la resolución original del Tribunal.

Por su parte, Telefónica Móviles España y Telefónica de España interpusieron sendos recursos ante el Tribunal Supremo, que volvió a desestimarlos tres años más tarde.

Así, en mayo de 2007, Vodafone presentó ante el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid una demanda contra Telefónica reclamando una indemnización de 670 millones de euros (141 millones de euros por daño emergente y 529 millones de euros por lucro cesante, es decir, la pérdida estimada de ingresos) al considerar que las prácticas restrictivas se prolongaron entre octubre de 1995 y diciembre de 1999.

En ese momento, el juzgado madrileño se declaró incompetente para conocer la demanda. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Vodafone y señaló la competencia del Juzgado para conocerla.