El Decreto de Retorno Voluntario entrará en vigor hoy

El Decreto de Retorno Voluntario entrará en vigor hoy
Hoy entra en vigor el Decreto Ley de Retorno Voluntario para Extranjeros en situación de desempleo aprobado ayer en el Consejo de Ministros, aunque su desarrollo no estará culminado hasta finales de octubre o primeros de noviembre, una vez que sea informado por las organizaciones empresariales y sindicales y dictaminado por el Consejo de Estado, según explicó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

La medida, que ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de Investidura, tendrá carácter "permanente y voluntario" y estará enfocada a "promover la inmigración circular". Podrán acogerse los extranjeros no comunitarios procedentes de los 19 países con los que España mantiene acuerdos de Seguridad Social que tras un periodo de cotización, hayan quedado en el paro y tengan derecho a subsidio.

Quienes decidan acogerse a este plan, podrán capitalizar la prestación correspondiente y cobrarla en dos tiempos, un 40 por ciento en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por ciento restante al llegar a su país y transcurridos 30 días desde el primer pago. A cambio, no podrán volver a España en al menos tres años.

Corbacho incidió en que esta medida busca ampliar los derechos de los extranjeros, por lo que el Decreto Ley permitirá conservar sus "derechos acumulados" quienes, vencido el plazo, decidan volver a emigrar a España. De este modo, quienes se fueron teniendo concedida la residencia permanente, recuperarán a su vuelta el permiso, mientras que los extranjeros que tenían una autorización temporal, conservarán la antigüedad, según explicó el ministro.

Para el titular de Inmigración esta medida debe entenderse como "una oportunidad o posibiidad para que la persona en cuestión emprenda una actividad en su país de origen" y como una vía para el desarrollo de los Estados de procedencia, que recibirán de vuelta a "profesionales cualificados" con un capital que "facilitará su proceso de integración.

Si bien hoy no hizo referencia al universo que podría acogerse a esta iniciativa, el ministro ha reiterado en los últimos meses que unas 100.000 personas podrían optar por el Retorno Voluntario, una estimación que difiere de los cálculos de las ONG y asociaciones de inmigrantes. Según han afirmado grupos como ATIME, las personas que han acumulado prestación suficiente para iniciar un proyecto en el país de origen ya están arraigadas en España, tienen aquí sus familias y preferirán esperar a encontrar otro empleo antes que marcharse.

UNA VEINTENA DE CONVENIOS

En la actualidad, España tiene firmados y en vigor 19 convenios bilaterales de Seguridad Social con otros tantos Estados que si bien recogen prestaciones como la incapacidad laboral permanente o la muerte, no especifican el derecho a cobrar el subsidio por desempleo.

Entre los Estados con quienes España mantiene estos acuerdos destacan Marruecos, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, Venezuela, México o Paraguay, cuyos nacionales suponen el grueso de los inmigrantes extracomunitarios afincados en el país y que, por tanto, podrían acogerse a esta iniciativa de retorno voluntario.

El universo de extranjeros que podrían acogerse al plan de Incentivo al Retorno Voluntario aprobado hoy por en el Consejo de Ministros ronda las 87.000 personas, que podrán capitalizar el subsidio por desempleo que les corresponda a partir del mes de noviembre para regresar con él a su país, según informaron fuentes gubernamentales.

Estos son los ciudadanos que cumplen todos los requisitos que impone el Decreto Ley de Retorno Voluntario, es decir, tienen residencia legal, han nacido en países no pertenecientes a la Unión Europea, han perdido su trabajo, tienen derecho a cobrar una prestación y el país al que van a retornar tiene convenio de Seguridad Social con España. Las mismas fuentes estiman que de media, estas personas tienen acumulan de media entre seis y 18 meses de subsidio por desempleo.

Los interesados, podrán empezar a informarse mañana, cuando entrará en vigor el Decreto Ley, a través de los servicios online del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los pagos comenzarán a realizarse en el mes de noviembre, cuando estará desarrollada la norma tras ser informada por los agentes sociales y el Consejo de Estado, según informó el Ministerio.

Los rumanos no podrán acogerse al plan de retorno voluntario del Gobierno
* El Consejo de Ministros aprueba el proyecto para facilitar la vuelta de los extranjeros
* Podrán cobrar de golpe el paro si se comprometen a no regresar a España
* Las ONG y los sindicatos recelan de la medida del ministro Corbacho
MADRID.- A partir del mes de noviembre, los inmigrantes podrán cobrar de golpe el paro y regresar a sus países de origen. Mientras los extranjeros que perciben el desempleo han aumentado un 76% en el último año y alcanzan la cifra de 188.451, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan de retorno voluntario para ayudarles a volver a sus países.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho, ha asegurado que el decreto-ley tiene carácter voluntario y que tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de Estado, por lo que entrará en vigor en torno al mes de noviembre.

Los inmigrantes extracomunitarios podrán cobrar el paro en dos pagos: el 40% del total de su prestación lo recibirán en España y el resto, un 60% en su país de origen. De esta forma, se pretende evitar que el inmigrante recaude de golpe todo el dinero y, luego, se quede finalmente en nuestro país.

Los extranjeros también deberán renunciar a sus permisos de residencia y trabajo y comprometerse a no volver en un periodo de tres años. Corbacho destacó que, una vez pasado ese lapso de tiempo, los inmigrantes que quieran retornar a España recuperarían sus derechos y obtendrían la situación administrativa en la que se encontraban.
'Muchos rumanos ya han regresado'

Paradójicamente, los rumanos, la comunidad extranjera más numerosa en España con 728.967 ciudadanos, no podrán acogerse a esta medida, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de los 19 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España.

Las ONG de rumanos se quejan de que el Gobierno español les impusiese una moratoria de dos años que les impide trabajar hasta enero de 2009 y no les facilite el retorno a su país ahora que muchos de ellos se han quedado en paro.

"El retorno sería una oportunidad para muchos, una manera de compensarnos por la moratoria. Hay bastantes rumanos que ya se han tenido que volver a su país por sus propios medios", explica Paulina Mircea, presidenta de la Asociación de Rumanos de la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos y las ONG consideran insuficiente el proyecto de retorno que va a poner en marcha el Gobierno, si éste no va acompañado de un programa asistido para que los inmigrantes puedan invertir ese dinero en pequeños negocios en sus países.

Las ONG y los sindicatos creen que los extranjeros, debido a su alta tasa de temporalidad, no lograrán acumular grandes sumas de dinero para regresar

Además, consideran excesivo que se les exija no poder regresar en tres años, cuando simplemente se les está permitiendo acumular el dinero que les corresponde.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tiene en marcha proyectos de retorno en España desde el año 2003, pero suelen ir acompañados de ayudas para que creen empresas en sus países y puedan comenzar de cero.

De hecho, el dinero no es gestionado directamente por el inmigrante sino que lo administran las oficinas de la OIM en los países de origen, que supervisan la marcha de los negocios (locutorios, taxis, locales de comida o viveros).

Las ONG y los sindicatos consideran que la medida tendrá muy poca eficacia, ya que los inmigrantes, debido a sus altas tasas de temporalidad, no lograrán acumular grandes sumas de dinero. Según los cálculos de las centrales sindicales, cobrarán una media de seis meses de desempleo, así que, poniéndonos en el mejor de los casos, un empleado que cobre de paro unos 900 euros al mes durante medio año podrá juntar 5.400 euros.

"Son trabajadores que han rotado mucho entre la economía regular y la sumergida y su capitalización va a ser pequeña. Además, los extranjeros que reciben prestaciones de desempleo son los que llevan más tiempo en España y han hecho un mayor esfuerzo por integrarse", explica Lola Liceras, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras.

Para poner en marcha la propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es necesario modificar la normativa. Según CCOO, en la actualidad, sólo se permite acumular las prestaciones de desempleo a los trabajadores para que constituyan cooperativas o se den de alta como autónomos. El INEM concede a los parados el 40% de su prestación en efectivo y otro 60% se lo paga a la Seguridad Social en concepto de sus cotizaciones como autónomos.