El alza de los delitos dispara la demanda de seguridad privada y el déficit de vigilantes
La escalada de la delincuencia ha disparado la demanda de servicios de seguridad privada en los últimos cuatro años y se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la ciudadanía, según se constata en todas las encuestas.
De hecho, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) considera que hay margen para dar trabajo a más de 20.000 nuevos vigilantes privados en el conjunto de España. De ellos, más de 2.000 corresponderían a la Comunidad Valenciana.
El incremento de delitos como los asaltos a chalés -un 20% en la provincia de Alicante durante el último año- incluso con sus propietarios en el interior, la proliferación de mafias y grupos organizados, así como la dispersión de viviendas en urbanizaciones, han provocado un aumento inusitado de los clientes de las 138 empresas de seguridad que operan en el ámbito del territorio autonómico.
Aunque la Comunidad Valenciana cuenta con el doble de empresas que una autonomía más poblada como Cataluña, el número de vigilantes en activo -6.775- es sensiblemente inferior, de acuerdo con el informe económico elaborado por Aproser. Esta organización agrupa a las principales empresas del sector en España.
De hecho, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de vigilantes -22.550-, seguida de Andalucía -12.675- y Cataluña -10.075-.
Con todo, en los últimos años se ha multiplicado el volumen de negocio de estas sociedades, que ha crecido a un ritmo medio del 10%, hasta superar los 277 millones de euros al cierre del ejercicio 2007, siempre según las mismas fuentes consultadas.
Vigilancia y alarmas
La vigilancia absorbió el 65% de las ventas, mientras que la instalación de alarmas y sistemas electrónicos -una de las alternativas más pujantes en los últimos meses- se queda con el 28%.
El transporte de fondos y manipulación de efectivo maneja el 7% restante de la facturación.
Sin embargo, el sector se enfrenta a un «cuello de botella» que puede entorpecer su desarrollo, de acuerdo con la opinión del director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo.
Mano de obra escasa y cara
El fuerte incremento de la demanda de servicios de seguridad, el largo periodo administrativo de homologación, la escasez de mano de obra cualificada y la imposibilidad legal de incorporar trabajadores de fuera de la Unión Europea, representan los factores que «provocan la escasez y el encarecimiento de la mano de obra».
Ante esta coyuntura, empresarios del sector consultados por ABC explicaron que han puesto sus ojos en Rumanía, para establecer allí centros de formación, que permitan a los potenciales vigilantes de seguridad acceder al mercado laboral español con la suficiente preparación.
Además, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado año una proposición no de ley que permitirá, cuando finalice su tramitación y entre en vigor, la contratación de trabajadores extracomunitarios, lo que abrirá mayores posibilidades para el crecimiento del sector de la seguridad privada.
Seguridad industrial
El reparto de la demanda es muy homogéneo. Así, la industria ocupa el primer lugar en la solicitud de prestación de servicios de seguridad, con el 19% de la facturación. En los últimos años se han disparado las peticiones en el entorno de los polígonos para evitar los robos en las naves por parte de grupos especializados.
En términos muy similares se mueven las entidades financieras y las infraestructuras de transporte (18% en ambos casos), mientras que el comercio aglutina el 17% de las ventas de las empresas dedicadas a garantizar la seguridad de sus clientes.
Cliéntes domésticos
Las Administraciones Públicas representan el 16% de la facturación del sector, mientras que los clientes del ámbito doméstico apenas suponen el 12% del volumen de negocio de estas firmas.
En ese último segmento se ha observado un considerable repunte de las peticiones en los últimos cuatro años.
ABC
Una vigilante privada posa frente a un vehículo de su empresa en las instalaciones industriales que custodia habitualmente.
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La escalada de la delincuencia ha disparado la demanda de servicios de seguridad privada en los últimos cuatro años y se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la ciudadanía, según se constata en todas las encuestas.
De hecho, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) considera que hay margen para dar trabajo a más de 20.000 nuevos vigilantes privados en el conjunto de España. De ellos, más de 2.000 corresponderían a la Comunidad Valenciana.
El incremento de delitos como los asaltos a chalés -un 20% en la provincia de Alicante durante el último año- incluso con sus propietarios en el interior, la proliferación de mafias y grupos organizados, así como la dispersión de viviendas en urbanizaciones, han provocado un aumento inusitado de los clientes de las 138 empresas de seguridad que operan en el ámbito del territorio autonómico.
Aunque la Comunidad Valenciana cuenta con el doble de empresas que una autonomía más poblada como Cataluña, el número de vigilantes en activo -6.775- es sensiblemente inferior, de acuerdo con el informe económico elaborado por Aproser. Esta organización agrupa a las principales empresas del sector en España.
De hecho, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de vigilantes -22.550-, seguida de Andalucía -12.675- y Cataluña -10.075-.
Con todo, en los últimos años se ha multiplicado el volumen de negocio de estas sociedades, que ha crecido a un ritmo medio del 10%, hasta superar los 277 millones de euros al cierre del ejercicio 2007, siempre según las mismas fuentes consultadas.
Vigilancia y alarmas
La vigilancia absorbió el 65% de las ventas, mientras que la instalación de alarmas y sistemas electrónicos -una de las alternativas más pujantes en los últimos meses- se queda con el 28%.
El transporte de fondos y manipulación de efectivo maneja el 7% restante de la facturación.
Sin embargo, el sector se enfrenta a un «cuello de botella» que puede entorpecer su desarrollo, de acuerdo con la opinión del director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo.
Mano de obra escasa y cara
El fuerte incremento de la demanda de servicios de seguridad, el largo periodo administrativo de homologación, la escasez de mano de obra cualificada y la imposibilidad legal de incorporar trabajadores de fuera de la Unión Europea, representan los factores que «provocan la escasez y el encarecimiento de la mano de obra».
Ante esta coyuntura, empresarios del sector consultados por ABC explicaron que han puesto sus ojos en Rumanía, para establecer allí centros de formación, que permitan a los potenciales vigilantes de seguridad acceder al mercado laboral español con la suficiente preparación.
Además, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado año una proposición no de ley que permitirá, cuando finalice su tramitación y entre en vigor, la contratación de trabajadores extracomunitarios, lo que abrirá mayores posibilidades para el crecimiento del sector de la seguridad privada.
Seguridad industrial
El reparto de la demanda es muy homogéneo. Así, la industria ocupa el primer lugar en la solicitud de prestación de servicios de seguridad, con el 19% de la facturación. En los últimos años se han disparado las peticiones en el entorno de los polígonos para evitar los robos en las naves por parte de grupos especializados.
En términos muy similares se mueven las entidades financieras y las infraestructuras de transporte (18% en ambos casos), mientras que el comercio aglutina el 17% de las ventas de las empresas dedicadas a garantizar la seguridad de sus clientes.
Cliéntes domésticos
Las Administraciones Públicas representan el 16% de la facturación del sector, mientras que los clientes del ámbito doméstico apenas suponen el 12% del volumen de negocio de estas firmas.
En ese último segmento se ha observado un considerable repunte de las peticiones en los últimos cuatro años.
ABC
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