La plataforma por la seguridad exige unas instalaciones «dignas» para la Policía en el Puerto de Santa María |
La inseguridad sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos portuenses que se sienten «totalmente desprotegidos», según denuncia Enrique Valle, portavoz de la plataforma por la seguridad, que el martes mantuvo un encuentro con Ignacio García, parlamentario andaluz por IU. Este encuentro está dentro de la ronda de contactos que mantienen con las diferentes fuerzas políticas.
La plataforma lucha desde 1997 por mejorar la situación en El Puerto y una de sus peticiones más reiteradas es la de que el Estado compense a la ciudad por soportar «el peso de tres prisiones». Además, exigen «unas instalaciones dignas», para la Policía Nacional que coincide con la reivindicación que desde hace años realiza el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). El pasado mes de julio, la diputada Mamen Sánchez (PSOE) prometió que en otoño se iniciaría la tramitación del
expediente para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva Comisaría, así como de la dirección de obra mediante procedimiento abierto. La diputada, aunque no quiso dar fecha concreta sobre el comienzo de las esperadas obras, afirmó entonces que «estarían en marcha a lo largo de esta legislatura». Pero el diputado nacional, Aurelio Sánchez Ramos (PP), dejó claro ayer que las declaraciones que realizó Mamen Sánchez «distan mucho de la realidad». Y es que, según Sánchez Ramos, los presupuestos generales del Estado «no destinan una partida presupuestaría al proyecto de la Comisaría de El Puerto», por lo que dejó claro que «al |
Por otro lado, desde la plataforma por la seguridad, en la que se integran además de asociaciones vecinales, diferentes sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, se hace hincapié en la necesidad «de ampliar la plantilla de agentes». En concreto el catálogo de la Policía Nacional estipula el número necesario en 417 agentes, y en estos momentos hay unos 50 menos. Este déficit perjudica especialmente a las zonas agrícolas ya que los agentes no cuentan con recursos materiales ni humanos para poder asegurar la seguridad en estas zonas, según indican desde la plataforma.
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