La destrucción de la Amazonía no se frena pese a la vigilancia vía satélite
La Amazonía brasileña sufre de una enfermedad crónica -la deforestación- y sus médicos, las autoridades del país, no sólo no le ponen cura, sino que están ayudando a extender este virus mortal. Este es el diagnóstico que realiza el profesor de la Universidad de São Paulo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, un experto en desarrollo agrario cuyo equipo ha sido responsable de los estudios de impacto ambiental de importantes infraestructuras en la selva.
"Cada año desaparecen por la deforestación 15.000 kilómetros cuadrados de selva por la explotación de la madera, la agropecuaria y la soja. Durante cuatro años conseguimos que esta cifra se redujera, pero desde 2007 ha vuelto a aumentar porque se utiliza una nueva estrategia para evitar el control gubernamental", asegura este experto, que ha visitado Madrid invitado por CosmoCaixa para participar en un ciclo de conferencias sobre un posible desarrollo sostenible en la cuenca del Amazonas (hasta el 4 de noviembre).
La estrategia a la que se refiere Umbelino de Oliveira tiene como objetivo evitar la vigilancia vía satélite, el instrumento que en los últimos años utiliza el Gobierno de Lula para saber qué áreas se están devastando, dado que, hasta ahora, las dimensiones de la Amazonia, una región de siete millones de kilómetros cuadrados, hacía imposible este control.
Consiste en que los ganaderos aprovechan para talar árboles la época de lluvias, porque las nubes tapan las cámaras de los satélites.
La deforestación afecta a tierras de titularidad pública, de las que los terratenientes se apropian ilegalmente. "La ley les favorece porque si un propietario deforesta más de lo que la ley le permite, que es un 20%, puede comprar otra tierra con el compromiso de no talarla. El problema de Brasil es que no se cumplen las leyes y que lo habitual es que eliminen hasta el 80% de los árboles", acusa el profesor.
¿Cómo es posible ese descontrol? "Pues porque los empresarios y los terratenientes presionan a diputados y senadores que, a su vez, los necesitan para mantenerse en el poder", asegura De Oliveira.
La consecuencia es mortífera para la cuenca amazónica: un 30% está en manos privadas, aunque sólo un 5% tiene títulos de propiedad legales. La situación, según los datos más recientes, es especialmente grave en los estados de Mato Grosso y Pará.
La preocupación por este inmenso pulmón del planeta, afectado por el cáncer de un desarrollo que le devora lentamente, ha aumentado con la aprobación, el pasado mes de agosto, de una nueva ley que permite regularizar áreas ocupadas ilegalmente de hasta 1.500 hectáreas de extensión. El experto brasileño comenta que se trata de "una ley inconstitucional, porque la Constitución sólo permite hasta 100 hectáreas y, por lógica, aumentará aún más el desastre". El proceso es el siguiente: los ganaderos van en busca de nuevas tierras porque las suyas se reconvierten para el cultivo de la caña de azúcar, que se paga mejor. Por ello 'okupan' tierras de la selva y talan los árboles cuando llueve. Con la venta de las maderas nobles, se ponen vallas en el terreno.
El siguiente paso consiste en eliminar toda la vegetación arbustiva para pastos o cultivos. El rico ecosistema tropical, su flora y su fauna, desaparece para siempre y se convierte en sabana. En Brasil se cultivan siete millones de hectáreas de caña de azúcar y 22 millones de soja, casi toda para exportar, según datos aportados por el investigador.
Respecto a la caña, el 55% se destina a la producción de etanol, que se utiliza como combustible para los coches. El presidente Lula lleva tiempo tratando de vender este etanol en Europa y Estados Unidos para luchar contra el cambio climático.
"En mi universidad hemos probado que el etanol produce otros gases y favorece la generación de ozono de superficie, del cual aún se desconocen las consecuencias. Sin olvidar que el 65% de la caña de azúcar se recoge tras quemarla y ello también genera CO2", argumenta el investigador brasileño.
Construcción de carreteras
Estos negocios agrarios a gran escala tienen otro impacto directo: la construcción de carreteras para sacar los productos. Es el caso de la autovía que atraviesa Mato Grosso y Pará, en cuyo informe de impacto ambiental participó De Oliveira.
Ahora, trabaja en el informe sobre otra vía planificada en Boca do Accre, al sur de la Amazonia, un área donde viven comunidades indígenas de apurinás con tierras aún no demarcadas y que se verían gravemente afectados por un proyecto cuya finalidad es transportar la carne que producen allí dos grandes empresas. Para implicarles en sus negocios, los ganaderos, explica Oliveira, les ofrecen una de cada cinco cabezas de ganado que crían. Para el investigador brasileño «se les está comprando para deforestar sus tierras».
Sin embargo, aún no ha perdido la esperanza: "Los indígenas siempre preservaron la selva. El problema son los agronegocios, que sólo han dejado un 4% de cobertura vegetal en el estado de São Paulo", recuerda.
"El Gobierno no tiene una política de control; aunque aumentó las zonas protegidas en los últimos años, no es suficiente. La solución debe pasar porque el mercado internacional deje de presionar en el consumo de materias primas de la Amazonia. Y que se entregara la tierra a los indígenas para que preserven la selva. La floresta se autoalimenta, pero si la derribamos no crecerá más".
- Más de 15.000 kilómetros cuadrados de selva desaparecen cada año
La Amazonía brasileña sufre de una enfermedad crónica -la deforestación- y sus médicos, las autoridades del país, no sólo no le ponen cura, sino que están ayudando a extender este virus mortal. Este es el diagnóstico que realiza el profesor de la Universidad de São Paulo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, un experto en desarrollo agrario cuyo equipo ha sido responsable de los estudios de impacto ambiental de importantes infraestructuras en la selva.
"Cada año desaparecen por la deforestación 15.000 kilómetros cuadrados de selva por la explotación de la madera, la agropecuaria y la soja. Durante cuatro años conseguimos que esta cifra se redujera, pero desde 2007 ha vuelto a aumentar porque se utiliza una nueva estrategia para evitar el control gubernamental", asegura este experto, que ha visitado Madrid invitado por CosmoCaixa para participar en un ciclo de conferencias sobre un posible desarrollo sostenible en la cuenca del Amazonas (hasta el 4 de noviembre).
La estrategia a la que se refiere Umbelino de Oliveira tiene como objetivo evitar la vigilancia vía satélite, el instrumento que en los últimos años utiliza el Gobierno de Lula para saber qué áreas se están devastando, dado que, hasta ahora, las dimensiones de la Amazonia, una región de siete millones de kilómetros cuadrados, hacía imposible este control.
Consiste en que los ganaderos aprovechan para talar árboles la época de lluvias, porque las nubes tapan las cámaras de los satélites.
La deforestación afecta a tierras de titularidad pública, de las que los terratenientes se apropian ilegalmente. "La ley les favorece porque si un propietario deforesta más de lo que la ley le permite, que es un 20%, puede comprar otra tierra con el compromiso de no talarla. El problema de Brasil es que no se cumplen las leyes y que lo habitual es que eliminen hasta el 80% de los árboles", acusa el profesor.
¿Cómo es posible ese descontrol? "Pues porque los empresarios y los terratenientes presionan a diputados y senadores que, a su vez, los necesitan para mantenerse en el poder", asegura De Oliveira.
La consecuencia es mortífera para la cuenca amazónica: un 30% está en manos privadas, aunque sólo un 5% tiene títulos de propiedad legales. La situación, según los datos más recientes, es especialmente grave en los estados de Mato Grosso y Pará.
La preocupación por este inmenso pulmón del planeta, afectado por el cáncer de un desarrollo que le devora lentamente, ha aumentado con la aprobación, el pasado mes de agosto, de una nueva ley que permite regularizar áreas ocupadas ilegalmente de hasta 1.500 hectáreas de extensión. El experto brasileño comenta que se trata de "una ley inconstitucional, porque la Constitución sólo permite hasta 100 hectáreas y, por lógica, aumentará aún más el desastre". El proceso es el siguiente: los ganaderos van en busca de nuevas tierras porque las suyas se reconvierten para el cultivo de la caña de azúcar, que se paga mejor. Por ello 'okupan' tierras de la selva y talan los árboles cuando llueve. Con la venta de las maderas nobles, se ponen vallas en el terreno.
El siguiente paso consiste en eliminar toda la vegetación arbustiva para pastos o cultivos. El rico ecosistema tropical, su flora y su fauna, desaparece para siempre y se convierte en sabana. En Brasil se cultivan siete millones de hectáreas de caña de azúcar y 22 millones de soja, casi toda para exportar, según datos aportados por el investigador.
Respecto a la caña, el 55% se destina a la producción de etanol, que se utiliza como combustible para los coches. El presidente Lula lleva tiempo tratando de vender este etanol en Europa y Estados Unidos para luchar contra el cambio climático.
"En mi universidad hemos probado que el etanol produce otros gases y favorece la generación de ozono de superficie, del cual aún se desconocen las consecuencias. Sin olvidar que el 65% de la caña de azúcar se recoge tras quemarla y ello también genera CO2", argumenta el investigador brasileño.
Construcción de carreteras
Estos negocios agrarios a gran escala tienen otro impacto directo: la construcción de carreteras para sacar los productos. Es el caso de la autovía que atraviesa Mato Grosso y Pará, en cuyo informe de impacto ambiental participó De Oliveira.
Ahora, trabaja en el informe sobre otra vía planificada en Boca do Accre, al sur de la Amazonia, un área donde viven comunidades indígenas de apurinás con tierras aún no demarcadas y que se verían gravemente afectados por un proyecto cuya finalidad es transportar la carne que producen allí dos grandes empresas. Para implicarles en sus negocios, los ganaderos, explica Oliveira, les ofrecen una de cada cinco cabezas de ganado que crían. Para el investigador brasileño «se les está comprando para deforestar sus tierras».
Sin embargo, aún no ha perdido la esperanza: "Los indígenas siempre preservaron la selva. El problema son los agronegocios, que sólo han dejado un 4% de cobertura vegetal en el estado de São Paulo", recuerda.
"El Gobierno no tiene una política de control; aunque aumentó las zonas protegidas en los últimos años, no es suficiente. La solución debe pasar porque el mercado internacional deje de presionar en el consumo de materias primas de la Amazonia. Y que se entregara la tierra a los indígenas para que preserven la selva. La floresta se autoalimenta, pero si la derribamos no crecerá más".
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