Condenada a cuatro años de prisión la ex delegada de Hacienda en Melilla

Condenada a cuatro años de prisión la ex delegada de Hacienda en Melilla

El Juzgado de lo Penal número 2 ha condenado a la ex delegada de Hacienda en Melilla, Amelia Fernández Vázquez, y a la ex interventora de este mismo organismo, Francisca Nieto Ferrer, a la pena total de cuatro años de prisión para cada una por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública y otro de delito societario por la gestión que realizaron al frente de la Cooperativa Infanta Elena, en la calle Polavieja, tras la "falsificación de las cuentas anuales".




El tribunal, en cambio, absuelve a Francisco Salgado Fociños y Francisco Román González Parra, también miembros del Consejo Rector de la cooperativa, de los delitos que venían acusados. La sentencia no es firme y cabe imponer recurso.
Según la sentencia, Amelia Fernández y Francisca Nieto son responsables de un delito contra la Hacienda Pública y han sido condenadas a la pena de dos años de prisión cada una. A lo que hay que sumar una inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o función relativa al asesoramiento o gestión tributaria o fiscal por periodo de cuatro años y 300.000 euros de multa. La entidad 'Sociedad Cooperativa Infanta Elena' responde de forma directa y solidaria del abono de la multa.
Asimismo, Amelia Fernández y Francisca Nieto también son consideradas responsables de un delito societario, lo que suma dos años más de condena para cada una y una multa de 20 euros diarios durante 9 meses.
Hechos probados


En los "hechos probados", el auto judicial recoge que la cooperativa se constituyó con el objeto social de procurar viviendas, edificios y obras complementarias exclusivamente para sus socios y familiares, realizando, por ello, actividades relacionadas con el sector inmobiliario, concretamente de promoción en la ciudad. A fecha 31 de diciembre del año 2000 la obra estaba ejecutada en un 100% (con 51 viviendas y tres locales comerciales en la calle General Polavieja). Con fecha 17 de julio de 2001 se celebra una Asamblea General, en la cual, ante la falta de auditoría externa, no se aprobaron las cuentas anuales y exigió una auditoria de cuentas del año 2000, nombrándose un nuevo Consejo Rector.
Según la sentencia, hasta marzo de 2001 la Sociedad Cooperativa Infanta Elena no dispuso de una contabilidad que informara sobre su devenir y gestión. Los libros, además, "no reflejan la imagen fiel de la realidad contable y financiera de la sociedad".
Incumplimientos tributarios


Por otro lado, se recoge que la cooperativa no presentó declaraciones por el Impuesto de Sociedades los años 1998, 1999 y 2000. Además, durante los años 1996 a 2000 (ambos inclusive) la entidad no efectuó la totalidad de los ingresos de las retenciones de IRPF practicadas a profesionales (en concreto las cantidades retenidas y no ingresadas que ascendieron a 3.174.445 pesetas).
Respecto del IPSI, a fecha noviembre de 2003, la sociedad sólo remitió 13 cartas de pago de dicho impuesto "cuando debería existir una por cada una de las viviendas adjudicadas (51) y una por cada venta de cada local (lo que supuso una vía de apremio iniciada por la Ciudad Autónoma de Melilla ascendente a un total de 12.845.818 pesetas)".

De igual modo, el Juzgado señala que en el año 2000 la cooperativa vendió dos de los tres locales comerciales de la promoción sitos en la planta baja (y cuyo coste de ejecución fue de un total de 116.245.8000 pesetas). Sin embargo, por parte de la cooperativa se computó la venta de dichos locales en la "contabilidad" del año 2001 cuando debió computarse en el año 2000.
Asimismo, no presentó declaración-liquidación correspondiente al Impuesto de Sociedades en el periodo impositivo del año 2000, resultando una cuota tributaria que debía satisfacer la cooperativa ascendente a 242.035 euros (40.271.259 pesetas). Por ello la Agencia Estatal Tributaria comenzó la inspección a la cooperativa el 31 de enero de 2002, emitiendo una propuesta de liquidación, con paralización del procedimiento sancionador, el 20 de enero de 2003.