La Justicia argentina ordena el registro de las sedes de la empresa privada de pensiones

La Justicia argentina ordena el registro de las sedes de la empresa privada de pensiones
El juez Claudio Bonadio ordenó hoy registrar las sedes de las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) que operan en Argentina, en el marco de una causa iniciada por una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar a esas firmas por presunta defraudación a la administración pública.
El fiscal acusó a las AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos públicos y acciones, ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente el martes.
En este contexto, Bonadío prohibió a las administradoras operar en el mercado financiero por el plazo de siete días.
Aunque por esa veda judicial el mercado local no tuvo hoy a las AFJP como activos participantes, hubo masivas órdenes de venta de otros inversores que interpretaron el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones como una avanzada del Gobierno de Cristina Fernández sobre las empresas privadas.
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró hoy con una caída del 10,11 por ciento, hasta las 940,82 unidades, un nivel que no registraba desde mediados de 2004.
La noticia de inminentes cambios en el sistema de jubilaciones corrió como un "tsunami" y la ola tapó a la bolsa madrileña, que hoy se desplomó un 8,16 por ciento, la segunda mayor bajada de su historia y del año.
Por el "efecto tango", las grandes empresas, todas con intereses en Argentina, ocuparon los primeros puestos por pérdidas: Repsol perdió el 15,75 por ciento; Banco Santander, el 9,91 por ciento; BBVA, el 9,10 por ciento; Telefónica, el 8,83 por ciento, e Iberdrola, el 8,31 por ciento.
BBVA es el afectado directo por el anuncio de reforma en Argentina, ya que es propietario de Consolidar, una de las mayores AFJP del país suramericano.
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró hoy con una caída del 10,11 por ciento, hasta las 940,82 unidades, un nivel que no registraba desde mediados de 2004.
Pero lo que más preocupó a los inversores es el hecho de que, con la nacionalización de los fondos de pensión, el Estado argentino se convertirá en accionista minoritario de 14 compañías cotizantes en la bolsa porteña, varias de ellas de capitales españoles, como Gas Natural BAN, Grupo Concesionario del Oeste, Central Costanera, Metrogas y BBVA Banco Francés.
Para el ex ministro de Economía argentino Roberto Lavagna, el plan del Gobierno "está pegando en contra de la inversión y la creación de empleo" y se anunció de forma "incorrecta" e "improvisada", generando incertidumbre.
"Lo que no se puede hacer es un anuncio que es poco claro, justo además en un momento en que la situación interna de la economía argentina e internacional es negativa", opinó Lavagna en declaraciones a la televisoras locales.
Ningún portavoz del Gobierno argentino salió a calmar los ánimos, aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se reunió con directivos de la petrolera YPF y de Telefónica, las dos empresas de capitales españoles más poderosas de Argentina, para garantizarles seguridad jurídica a sus inversiones y alejar los fantasmas de una estatización general de la economía.
Solo cuando se conoció ese intento del Gobierno por tranquilizar a las compañías, la Bolsa de Buenos Aires recortó parcialmente su caída, que había llegado a media rueda a un pico de 17,9 por ciento. Aun así, los títulos de la deuda argentina sufrieron bajadas de hasta el 14,29 por ciento para los papeles en dólares y de hasta el 4,42 por ciento para los emitidos en pesos, en tanto que el índice de "riesgo país" trepó hasta los 2.000 puntos, nivel similar al registrado en 2001 antes de que Argentina declarara el mayor cese de pagos de la historia moderna.
Lo único que se mantuvo estable fue el precio del dólar estadounidense, que cerró a 3,21 pesos para la compra y a 3,24 pesos para la venta, aunque con intervención del Banco Central, que inyectó en la plaza unos 75 millones de dólares para evitar la depreciación de la moneda local.