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Garzón procesa a 24 personas vinculadas a la red de extorsión de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA, entre ellas seis directivos de la empresa Azkoyen, y ha retirado la imputación por estos hechos a otras once, entre las que destaca el ex dirigente del PNV Gorka Agirre.
Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, "Anboto"; el dueño del bar Faisán en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.
El juez explica en su auto que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista".
Esa red paralela "estaría liderada" por Elosúa y también la integraban los procesados Ramón Sagarzazu, "Txempela", y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal.
También colaboraron presuntamente con esa red, en "al menos una ocasión", Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en el citado país.
Garzón acusa en concreto a Elosúa de participar junto a Sagarzazu "en la gestión del cobro a diferentes empresarios" y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en "las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006".
El bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún (Guipúzcoa), era "el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA, entre ellas seis directivos de la empresa Azkoyen, y ha retirado la imputación por estos hechos a otras once, entre las que destaca el ex dirigente del PNV Gorka Agirre.
Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, "Anboto"; el dueño del bar Faisán en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.
El juez explica en su auto que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista".
Esa red paralela "estaría liderada" por Elosúa y también la integraban los procesados Ramón Sagarzazu, "Txempela", y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal.
También colaboraron presuntamente con esa red, en "al menos una ocasión", Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en el citado país.
Garzón acusa en concreto a Elosúa de participar junto a Sagarzazu "en la gestión del cobro a diferentes empresarios" y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en "las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006".
El bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún (Guipúzcoa), era "el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA".
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