«El mercado laboral solo sabe resolver sus problemas acudiendo al despido y la prejubilación»

«El mercado laboral solo sabe resolver sus problemas acudiendo al despido y la prejubilación»
Flexibilidad. Es una de las palabras clave en el discurso del secretario de Estado y responsable del Área Económica y Laboral del PSOE
Sin ocultar que pasamos por unos momentos «muy malos» y una crisis de dimensiones «impredecibles» (para el Gobierno de España y para cualquier otra institución internacional, matiza), Octavio Granado (Burgos, 1956) está convencido de que la confianza en el mercado financiero va a empezar a recuperarse «claramente» el año que viene. Otra cosa es el traslado de esta confianza a la economía real, a la actividad empresarial y al empleo, lo que dependerá «del tono vital del país y de su capacidad de habilitar nuevas políticas y crear nuevos segmentos que creen riqueza y empleo».
¿El Gobierno hace su trabajo para reactivar la actividad?
Todos tenemos que asumir esa tarea en primera persona, el Gobierno, las comunidades autónomas y los empresarios. Por nuestra parte, estamos haciendo el trabajo de forma ejemplar, como prueba la labor del presidente Zapatero promoviendo la primera reunión en la que las instituciones europeas han dado una respuesta concertada a la crisis. Los empresarios deben estar a la altura de la situación, como está ocurriendo en la banca española, y deben recuperar esa ética originaria del capitalismo que postulaba que el trabajo es la única fuente de creación de riqueza. Por ello, les animo a que busquen fórmulas de flexibilidad que les permitan que los ajustes que tenemos que acometer, sin duda importantes, no se traduzcan en la expulsión sistemática de las personas del mercado de trabajo.
El Congreso ha dado esta semana el respaldo mayoritario a los planes de ayuda del Gobierno al sistema financiero. ¿Es hora de plantearse un pacto de Estado?
Sería conveniente. Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, decía recientemente que sería muy razonable que hubiera un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, un tiempo muerto para tomar decisiones imprescindibles en materia económica, aunque matizaba que eso en este país es como «cantarle a la Luna». Esta reflexión me dejó un poco de amargura, porque realmente es muy duro pensar que en este país no exista, después de 30 años de democracia consolidada, la suficiente responsabilidad como para solicitar un acuerdo.
¿Cómo lo plantearía usted...?
El pacto político es imprescindible para que todas las administraciones trabajen en la misma dirección. Sin ese acuerdo, determinadas políticas son imposibles. El Gobierno puede crear un entorno ecológico en el cual las políticas de empleo, vivienda o sanidad puedan ser eficientes, pero sin haber acordado entre las comunidades y el Estado un hilo conductor común nos vamos a encontrar con un enorme riesgo de inutilidad política.
¿Primero un pacto autonómico y después uno de Estado?
No, estaríamos en un pacto político por el cual los partidos asumen su responsabilidad en todas las administraciones públicas que gobiernan sus correligionarios y que las pondrían a trabajar en la misma dirección.
¿Es viable este planteamiento hoy por hoy?
Yo creo que daremos pasos y al final encontraremos acuerdos.
¿La crisis pone en entredicho la solidez de la Seguridad Social?
Tenemos menos cotizantes y menos ingresos, y esto es una realidad ante la que no cabe ningún disimulo ni camuflaje. La Seguridad Social está en la mejor situación de su historia. Ahora mismo tenemos un número de afiliados muy superior al que todas las estimaciones de ejercicios precedentes nos indicaban. Hay un colchón de afiliación muy importante que, evidentemente, no es eterno. De prolongarse esta situación, nos obligará a adoptar medidas, algunas de las cuales ya hemos tomado para mayor austeridad, rigor y control del gasto. Tenemos que mantener con mucha firmeza los ejes de lo que han sido las políticas que han permitido consolidar a la Seguridad Social. España tiene un riesgo demográfico evidente: este país va a tener más personas mayores que van a cobrar más y mejores pensiones en el futuro. Ante esto, necesitamos hacer una elección: o preferimos prejubilar antes a la gente y pagar peores pensiones, o jubilarla a una edad cercana a los 65 años y pagar mejores pensiones. La elección del Pacto de Toledo y de todas las fuerzas políticas ha sido la de jubilar a la gente a los 65 años porque es el momento en el que podemos garantizar pensiones dignas.
¿Una previsión de aumento del paro hasta el 14% en un año obligará a ajustes radicales?
Afortunadamente, el desempleo se financia, bien con cargo a los presupuestos del Estado o a las cotizaciones a la Seguridad Social de los desempleados contributivos, lo que hace que no se resientan las cuentas de la Seguridad Social.
¿Qué está fallando en el mercado laboral español?
Nuestro mercado de trabajo utiliza normalmente el despido o la prejubilación para resolver todos sus problemas. Si una persona tiene una disminución de su capacidad por pequeña que sea, intenta buscar una pensión de incapacidad. Si una empresa tiene que modificar sus plantillas, la solución es el despido. La primera rigidez de nuestro mercado de trabajo no es el coste del despido, sino su incapacidad para solucionar sus problemas sin recurrir a él.
¿Un trabajador de 48 años puede ser carne de prejubilación?
Un trabajador de 48 años está en el mejor momento de su vida. Me parece aberrante y una necedad que se piense que está en decadencia. Es una política irresponsable y socialmente descabellada la llevada a cabo por una empresa [Telefónica] que tiene una gran responsabilidad social. Les pediría que llevaran esta política de responsabilidad social corporativa al tratamiento de sus problemas laborales. En España tenemos un problema específico: la gente de menos de 30 años tiene estándares educativos muy similares al resto de Europa, y es verdad que los mayores de 50 no tuvieron las mismas oportunidades educativas y tienen más dificultades de formación. Tenemos que hacer esfuerzos suplementarios para mantenerles en activo en un mercado tan cambiante como el nuestro. Hemos hecho público nuestro abierto desagrado a estas prejubilaciones, que son -insisto- una aberración social cuando somos el país del mundo que tiene la mayor esperanza de vida y donde la gente entra a trabajar cada vez más tarde. Al final, nos encontraremos con la figura del becario prejubilado, alguien que no consolida nunca una situación laboral porque en los primeros años entra en el mercado como becario y cuando va a consolidar esa posición es tan mayor que necesita salir del mercado. Además, estamos ante una enorme ineficiencia económica porque el coste que tiene esta prejubilación para esa empresa es aproximadamente de entre 150.000 y 200.000 euros por persona, un coste que multiplica por 2 ó por 3 el que tendría una política inteligente de recolocación. Gastando 50.000 ó 60.000 euros por persona, a esos prejubilados se les podría buscar otra ocupación o ayudarles a generar negocios y riqueza.
También preocupa la temporalidad.
Tenemos millones de personas con trabajos estacionales: 2 de cada 3 personas que cotizan a la Seguridad Social, lo hacen todos los días. La otra tercera parte trabaja algunos meses y, sin embargo, tenemos mucho menos contratos de trabajo a tiempo parcial. La diferencia es que 4 millones de personas que trabajan 6 meses al año son, en términos estadísticos, 2 millones de parados al año. Si esos 4 millones de personas estuviesen a tiempo parcial, trabajarían las mismas horas al año, cobrarían las mismas prestaciones y estadísticamente no estarían en las listas del desempleo. La paradoja es que nos hemos acostumbrado al trabajo estacional, trabajando unos meses y cobrando prestaciones otros, en vez de buscar fórmulas más flexibles para trabajar y cobrar lo mismo teniendo una mayor estabilidad laboral.
Ahora que aumenta el paro, ¿es el momento de realizar ajustes en la legislación laboral?
Creo que tenemos que discutir en el marco de la interlocución social, con empresarios y trabajadores, cómo conseguir que la política de incentivos a la contratación juegue un papel positivo de cara a aumentar la eficiencia del mercado de trabajo.
¿Es razonable tal cantidad de expedientes de regulación de empleo (ERE) en la automoción?
Hay que estar vigilantes, porque es verdad que puede existir la tentación de sustituir pérdidas coyunturales por disminución de costes. Pienso que el hecho de que se vendan menos coches no quiere decir que se consuman menos ruedas y me imagino que el ERE de Bridgestone estará lo suficientemente fundado... Nuestro sector de la automoción está muy internacionalizado y nos ha llegado de golpetazo la caída de ventas en España, en Europa y el resto del mundo, salvo algunos países emergentes. En este sentido, son sin duda ERE justificados y tienen que ayudar a resolver coyunturalmente la cuestión. No obstante, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy notable para continuar inyectando dosis de competitividad a las empresas y que nuestra política de ayudas las haga crecientemente competitivas. No podemos pensar que por tener magníficos capitanes de empresa como tenemos en Burgos, el trabajo de la competitividad les corresponda a ellos en solitario.
Los empresarios consideran las cuotas de la Seguridad Social un impuesto sobre el empleo.
Las cuotas no son un factor que disminuya nuestra capacidad de competencia internacional. Hemos intentado aplicar una política razonable de reducción de costes en aquellas materias en las que hemos podido hacerlo sin comprometer los equilibrios del sistema. Por ejemplo, es el tercer año que se reduce la tarifa de accidentes de trabajo. En el marco del Pacto de Toledo tenemos que abordar la financiación de la Seguridad y ya anticipo que es importante que los trabajadores mantengan una vinculación entre lo que cotizan y la pensión. El principal logro de este Pacto es conseguir que los trabajadores españoles entiendan que su pensión va a depender de lo que ellos coticen y no de lo que diga el gobierno de turno. Sustituir cotizaciones para pensiones por impuestos sería retroceder a la situación anterior, en la cual no importaba que tú cotizases porque al final vendrá papá Estado con sus impuestos a pagarte la pensión.
También les preocupan las vacaciones fiscales vascas y la rebaja del Impuesto de Sociedades en Portugal.
No es el Impuesto de Sociedades el que determina las grandes decisiones económicas. A mí me preocupan ahora más las empresas con pérdidas que las que tienen beneficios, y mucho más las familias en las que alguno de sus miembros o todos no tienen empleo y no pagan impuestos directos. En estos momentos hay que incentivar políticas de cohesión social, es decir, que los que tengamos empleo y beneficios seamos solidarios con los que no lo tienen. Ahora son menos importantes las rebajas fiscales e importa más cómo conseguimos una política eficiente de ayudas para los paganos de la crisis.
¿La crisis les obligará a tocar el Fondo de Reserva?
En estos momentos, con 56.000 millones de euros (empezó con 600), somos el quinto Fondo de Reserva de Europa y creo que podemos llegar a ser los segundos tras los noruegos. En 2023 alcanzará el 6,5% del PIB nacional, lo que permitirá compensar el desfase previsto para ese año entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. El Fondo necesita una reforma, porque la regulación actual está pensada para unas dimensiones menores y requiere de una gestión más fluida que permita mejores rendimientos. Pensamos que una pequeña parte del Fondo se abra a otro tipo de activos financieros.
Entiendo que las caídas bursátiles no afectan a este dinero.
Nosotros nunca hablamos de la bolsa, ni de comprar acciones, pero si ahora mismo hubiésemos podido sacar unas emisiones del Fondo de Reserva dirigidas a las cajas de ahorros, podríamos haber colocado 6.000 millones a una rentabilidad muy superior que la que nos dan los títulos de la deuda. Habríamos hecho un ‘favor’ al país, porque habríamos dado una fuente de financiación a entidades con dificultades y habríamos obtenido mejores rendimientos para la Seguridad Social.
¿Se plantean utilizar el Fondo para generar liquidez?
No vamos a hacer nada que no cuente con el apoyo del PP. El Fondo de Reserva está pensado para garantizar las pensiones de los españoles y toda las reformas que se hagan serán para mejorar su gestión, su seguridad y rentabilidad.
¿Se están adaptando los inmigrantes a la situación económica?
La aportación de los inmigrantes a nuestra renta y a la sostenibilidad de nuestro estilo de vida es fundamental. Nuestro modelo de inmigración se basa en la vinculación al mercado de trabajo. Aquí la gente viene a trabajar y luego trae a sus familias. Cuando no hay trabajo para los que están aquí, sean españoles o extranjeros, pues evidentemente los flujos de inmigración son mucho menores.
¿Siguen llegando?
Sí, aunque en los últimos meses se percibe un retorno.
Entonces empieza a dar frutos el decreto de retorno...
No es un decreto aprobado para que una persona regrese a su país si no quiere volver. Las medidas administrativas no modifican tanto la voluntad de las personas. El decreto de retorno está pensado para que una persona que quiera volver lo haga en mejores condiciones, que no tenga que esperar hasta a acabar con la última prestación para volver a su país.
El deterioro del sector de la construcción es palpable y parece no tener fin por la pérdida de empleo y la desaparición de empresas. ¿Dónde está la solución?
Este país no va a volver a tener en mucho tiempo 2,5 millones de personas trabajando en la construcción. Hay cierta exageración en lo que se está diciendo: Cuando hablamos de las 900.000 viviendas que sobran, más de la mitad están en zonas turísticas, por lo que la dimensión del problema de la construcción hay que evaluarla en cada uno de los territorios. Probablemente, si queremos que el ahorro público financie la inversión en la industria, será razonable que en el stock de viviendas haya más vivienda en alquiler que en propiedad. Vamos a salir de este bache pese a tener unos años muy malos, seguiremos facilitando viviendas a jubilados europeos y tendremos que moderar el tamaño del sector y los costes de la vivienda para garantizar que las familias no se endeuden tanto tiempo en financiarla.
El PP de Castilla y León analiza en su congreso este fin de semana un documento en que apuesta decididamente por la unión de las cajas. ¿Cuál es la postura del PSOE en este tema?
Es un tema de cierta complejidad y los pronunciamientos públicos deben ser moderados. Yo no conozco cuál es la situación económica de las cajas y cooperativas de crédito de Castilla y León y no tengo ningún motivo para pensar que existen dificultades. No hay recetas únicas. Los criterios de voluntariedad, acuerdo económico y social y la utilidad social son fundamentales. Es cierto que en una situación de constricción del crédito, las entidades mayores tienen mayor facilidad y accesibilidad al crédito que las pequeñas. No obstante, también hay que tener en cuenta que estas entidades nacen del arraigo a la tierra. Todos sabemos cómo se crearon Caja de Burgos y Cajacírculo y, probablemente, si este arraigo disminuye y la sede se traslada a centenares de kilómetros, el depositario pierda los elementos diferenciales y la seña de identidad que le hacía apostar por una caja. Todo tiene que valorarse y estoy convencido de que el diálogo entre el PSOE y PP de Castilla y León va a producir la mejor de las decisiones.