Los niños pijos también roban

Los niños pijos también roban
La mayoría de los chavales que pasan por el Juzgado de Menores ni tienen padres delincuentes ni pertenecen a una familia desestructurada y acuden tanto a colegios públicos como privados • Solo un 25% de ellos reincide tras ser juzgado
La idea que se hacen muchos ciudadanos del menor que delinque es el de un joven malvado, sin valores morales, generalmente procedente de familias desestructuradas con alguno o los dos miembros en la cárcel o que ha pasado por ella. El estereotipo que habita en el imaginario colectivo alude a chavales sin escrúpulos que cometen una fechoría tras otra, que generalmente no muestran ningún arrepentimiento y que viven en hogares con pocos recursos y bajo nivel cultural.
Efectivamente, entre los jóvenes entre 14 y 18 años que pasan por el Juzgado de Menores los hay que cumplen fielmente con esta descripción, pero son una minoría. La mayor parte de los chicos y chicas que cometen faltas o delitos en esas edades proceden de familias de clase media, alta, cuyos padres ni están separados ni son alcohólicos y en muchos casos cuentan con buenos trabajos y con carrera universitaria. Estudian en colegios públicos y en privados, no proceden de ambientes favorecidos. De hecho, entre los que frecuentan el juzgado, afirma la juez de Menores, Blanca Subiñas, hay muchos que pertenecen a Resaca Castellana, «y muchos de ellos estudian en privados y sus familias son acomodadas».
Lo que ocurre, explica Subiñas, es que la adolescencia les ha colocado ante conflictos que no saben cómo resolver y muchas veces toman decisiones equivocadas. Las acciones por las que son denunciados, a la postre, se convierten en meras anécdotas cuando pasan los años, porque la mayoría no reincide. Menos de un 25% de ellos acaba cometiendo otro delito.
Lo que ha detectado la Fiscalía, según José Fernández, uno de los fiscales delegados de menores, es que los chavales de familias desestructuradas empiezan antes a delinquir y son más reincidentes.
Sin embargo, las acciones por las que son juzgados tienen su gravedad. Robos con intimidación. «Es un caso muy frecuente el del chico de 16 ó 17 que roba a compañeros pequeños de colegio con la amenaza de una paliza; les quitan el dinero o el móvil», explica la juez. Y el robo con intimidación o con fuerza no es una falta menor. Más de un 15% de los casos que llegaron al juzgado en 2007 fueron por este motivo.
Las peleas generan una buena parte de las denuncias en el juzgado de Menores. «Es que me miró mal y le pegué, es una expresión muy escuchada en los interrogatorios que hacemos aquí», explica la magistrada. Y es que «en la adolescencia muchos de los conflictos que se presentan ante los chavales los resuelven de forma violenta con la fuerza». Hasta un 37% de los hechos juzgados en 2007 estaban relacionados con delitos de agresiones y amenazas.
Los grafitis y los actos contra el mobiliario público también copan buena parte de los delitos. Un 25% del total. Pero la falta o el delito a esta edad es común a todas las clases sociales y todos los niveles culturales.
Así lo demuestran también las estadísticas del equipo técnico -compuesto por dos psicólogas, dos educadoras y dos trabajadoras sociales- que trabaja en el juzgado. En 2007, estudiaron los expedientes de 388 menores denunciados por diferentes actos. Analizaron el ambiente familiar en el que vivían, el centro educativo y elaboraron un perfil de los mismos. Pues bien, en 288 casos la situación familiar es descrita como «normalizada». Solo en 90 casos es calificada como conflictiva o en dificultad social.
En cuanto a la situación laboral de los padres, 158 tenían trabajos fijos; 37, contratos temporales; 57 eran autónomos y tan solo 15 estaban paradas. En cuanto a las madres solo ocho estaban en el paro. En 119 casos tenían contrato fijo y en 70 eran eventuales. Y solo los padres de ocho niños estaban o habían estado en prisión. En el caso de las madres, ninguna.
Sobre el lugar de residencia, la mayoría de los menores de la capital vivía en el centro histórico (40) y en Gamonal (49). Pero no le van muy a la zaga barrios como San Julián (30), San Pedro de la Fuente (24) o la zona de Río Vena (34).
Al ser acciones cometidas en una edad tan conflictiva no se imponen penas, se imponen medidas sancionadoras, que tienen por objetivo castigar pero también reeducar. Con el fin de adaptar las medidas a las circunstancias que presenta cada joven, el equipo técnico del juzgado realiza un examen exhaustivo sobre sus carencias con el fin de que las ‘penas’ contribuyan a corregirlas. Así, en la mayor parte de los casos -cuando el delito no es grave- las medidas que se imponen suelen ser de trabajos a la comunidad, convivencia en grupo educacional, libertad vigilada, etc. Si bien, cuando el joven es reincidente o los hechos son graves se imponen medidas de internamiento en distintos regímenes.

ejemplos. En todo caso el componente educacional es muy importante. Así, «sin un chaval no sabe ni leer ni escribir debe hacer un curso para aprender». Si un joven ha dejado los estudios y no tiene trabajo, «orientamos las medidas hacia la realización de cursos para aprender un oficio, albañilería, jardinería», indica la juez.
Pueden ser también ‘condenados’ a cuidar personas mayores, ayudar a su transporte, limpieza de piscinas, etc. Lo importante, según indica Ana Rivas, de la Unidad de Intervención Educativa de la Junta -encargada de hacer cumplir las medidas- es que los chavales lo «tomen como una oportunidad». Al igual que los terminan con medidas de internamiento. «Algunos aprovechan para retomar los estudios, toman conciencia de lo que han hecho y el enfrentarse a un proceso judicial les sirve para enderezar su camino», afirma. Otros no, otros vuelven a las andadas y hay poco que hacer.
Los trabajos a la comunidad se realizan en las horas de ocio de los chavales, para que no pierdan estudios. «Es importante que ocupe las horas de ocio del menor», afirma Rivas. La Unidad que dirige se encarga de supervisar todo el plan de intervención e informa al juzgado de cuándo empieza y cuando termina. Incluso puede sugerir el cambio de medida, «si se constata que puede resultar más beneficioso en el aspecto educativo para el menor».
Hay ocasiones en que los menores no pasan ni por el juzgado. Por una parte, el fiscal puede instar al sobreseimiento del caso si observa que «el reproche que supone la misma instrucción del caso es suficiente o si sabe a ciencia cierta de que va a tener un castigo contundente en el ámbito familiar». Esto siempre en caso de faltas leves.
Y es que en muchas ocasiones, las semanas o el mes que pasa entre la denuncia y la instrucción «se convierte en un auténtico calvario para muchos chavales y muchas familias», afirma José Fernández, uno de los fiscales delegados de Menores. De hecho, es a veces el fiscal el que tiene que «reducir la tensión en los interrogatorios».
También puede ocurrir que se resuelva mediante el proceso de mediación. Hasta un 10% de los casos terminan en esta vía. Para empezar los actos cometidos por el menor no han de ser graves. Después debe aceptar tanto el chaval como la víctima. En un 80% de las veces ésta acepta. En la mediación directa, el delincuente muestra su arrepentimiento, pide disculpas presenciales a su víctima y en muchos casos la resarce económicamente cuando el delito ha sido un robo o un hurto.
Se trata de un proceso que presenta muchas ventajas. «Es más rápido, evita los gastos legales derivados de la contratación de un abogado y además el componente educativo es a veces más potente que si se impusiera cualquier otra medida», afirman desde el equipo técnico. Y para la víctima también resulta beneficioso, porque se siente parte del proceso. Además, le ayuda a superar «esa imagen que se ha hecho de su agresor, como un delincuente habitual, malvado y sin sentimientos». De esta manera ven que «ha sido una vez, un error, que se trata de un chico normal, de una familia normal».