Desarticulada una red que explotaba trabajadores rumanos en Tomelloso
Díaz-Cano dio a conocer los detalles de una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta denominada ‘Magno-Libertad’, una organización dedicada a la explotación laboral de personas que, mediante engaños, eran trasladadas desde Rumanía hasta la comarca de Tomelloso, donde se les obligaba a trabajar por un escaso sueldo tras serles retenida toda su documentación.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, fue el encargado de dar a conocer ayer en Ciudad Real los detalles de esta operación, que se ha saldado con la detención de 44 personas, diez de ellas de nacionalidad rumana y los 34 restantes agricultores españoles que aceptaban la contratación irregular de las víctimas de la explotación. A uno de los detenidos se le imputan además los delitos de amenazas, coacciones y agresión sexual.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Tomelloso es el que lleva a cabo las diligencias de lo sucedido, y ha decidido por el momento mantener en prisión a siete de los detenidos, mientras el resto se encuentra en situación de libertad con cargos.
Según la explicación ofrecida por Díaz-Cano, la captación de las víctimas tenía lugar en Rumanía, donde a través de anuncios en prensa, internet y por las calles, se ofrecía trabajo agrícola en España por un sueldo aproximado de 2.000 euros al mes. Posteriormente, a quienes aceptaban el trabajo se les trasladaba en autobús hasta España cobrándoles por el viaje 400 euros. Una vez en la comarca de Tomelloso, se les retiraba toda la documentación y vivían hacinados en pisos por los que pagaba cada uno entre 50 y 100 euros mensuales, y en los que llegaron a vivir hasta treinta personas.
Cuando los trabajadores querían volver a sus países sufrían coacciones, amenazas e incluso agresiones. La denuncia de una de estas personas el pasado mes de abril unida a otra investigación iniciada en 2005 permitió llegar hasta la desarticulación de esta red que contaba con la colaboración de agricultores locales que mantenían como trabajadores a las víctimas de esta explotación laboral. El sueldo que pagaban por ellos era de 45 euros al día, de los que sólo les llegaban entre 10 y 15 euros. El resto se lo quedaban los miembros de la organización, que además les vigilaban permanentemente en sus lugares de trabajo y en su vida diaria para garantizar su fidelidad.
En el transcurso de la investigación se produjeron cuatro registros domiciliarios, dos en Tomelloso y otros dos en Argamasilla de Alba. Se calcula que durante los últimos cuatro años esta organización habría explotado a unos doscientos trabajadores rumanos por este procedimiento, muy similar al de otras redes desarticuladas en la zona con anterioridad.
Máximo Díaz-Cano lamentó que aún haya agricultores en la región que acepten la contratación irregular de trabajadores, aunque aseguró que el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil está consiguiendo que cada vez sea mayor el número de contrataciones legales en las diferentes campañas agrícolas. En este sentido, destacó el gran volumen de contratos de temporeros que se han producido durante el pasado periodo de vendimia.
‘Operación Harry’
Por otro lado, el delegado del Gobierno indicó que también se ha desarticulado un grupo que se dedicaba al robo y venta de perros de caza, concretamente galgos. Han sido 33 las personas detenidas y se han practicado 48 registros que han dado como resultado la recuperación de un total de 188 perros entre nueve provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.
En la operación, que ha sido dirigida por la Guardia Civil de Cuenca, los agentes se han incautado de armas y otros animales, principalmente gallos de pelea. Los beneficios económicos que conseguía este grupo delictivo eran enormes, dado que el precio de un solo galgo podía alcanzar los 30.000 euros.
Finalmente, Díaz-Cano explicó que, durante un control rutinario en la A-4 durante la noche del jueves, fueron hallados 280 kilos de hachís en el interior de un vehículo cuyos ocupantes lograron huir.
Díaz-Cano dio a conocer los detalles de una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta denominada ‘Magno-Libertad’, una organización dedicada a la explotación laboral de personas que, mediante engaños, eran trasladadas desde Rumanía hasta la comarca de Tomelloso, donde se les obligaba a trabajar por un escaso sueldo tras serles retenida toda su documentación.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, fue el encargado de dar a conocer ayer en Ciudad Real los detalles de esta operación, que se ha saldado con la detención de 44 personas, diez de ellas de nacionalidad rumana y los 34 restantes agricultores españoles que aceptaban la contratación irregular de las víctimas de la explotación. A uno de los detenidos se le imputan además los delitos de amenazas, coacciones y agresión sexual.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Tomelloso es el que lleva a cabo las diligencias de lo sucedido, y ha decidido por el momento mantener en prisión a siete de los detenidos, mientras el resto se encuentra en situación de libertad con cargos.
Según la explicación ofrecida por Díaz-Cano, la captación de las víctimas tenía lugar en Rumanía, donde a través de anuncios en prensa, internet y por las calles, se ofrecía trabajo agrícola en España por un sueldo aproximado de 2.000 euros al mes. Posteriormente, a quienes aceptaban el trabajo se les trasladaba en autobús hasta España cobrándoles por el viaje 400 euros. Una vez en la comarca de Tomelloso, se les retiraba toda la documentación y vivían hacinados en pisos por los que pagaba cada uno entre 50 y 100 euros mensuales, y en los que llegaron a vivir hasta treinta personas.
Cuando los trabajadores querían volver a sus países sufrían coacciones, amenazas e incluso agresiones. La denuncia de una de estas personas el pasado mes de abril unida a otra investigación iniciada en 2005 permitió llegar hasta la desarticulación de esta red que contaba con la colaboración de agricultores locales que mantenían como trabajadores a las víctimas de esta explotación laboral. El sueldo que pagaban por ellos era de 45 euros al día, de los que sólo les llegaban entre 10 y 15 euros. El resto se lo quedaban los miembros de la organización, que además les vigilaban permanentemente en sus lugares de trabajo y en su vida diaria para garantizar su fidelidad.
En el transcurso de la investigación se produjeron cuatro registros domiciliarios, dos en Tomelloso y otros dos en Argamasilla de Alba. Se calcula que durante los últimos cuatro años esta organización habría explotado a unos doscientos trabajadores rumanos por este procedimiento, muy similar al de otras redes desarticuladas en la zona con anterioridad.
Máximo Díaz-Cano lamentó que aún haya agricultores en la región que acepten la contratación irregular de trabajadores, aunque aseguró que el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil está consiguiendo que cada vez sea mayor el número de contrataciones legales en las diferentes campañas agrícolas. En este sentido, destacó el gran volumen de contratos de temporeros que se han producido durante el pasado periodo de vendimia.
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Por otro lado, el delegado del Gobierno indicó que también se ha desarticulado un grupo que se dedicaba al robo y venta de perros de caza, concretamente galgos. Han sido 33 las personas detenidas y se han practicado 48 registros que han dado como resultado la recuperación de un total de 188 perros entre nueve provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.
En la operación, que ha sido dirigida por la Guardia Civil de Cuenca, los agentes se han incautado de armas y otros animales, principalmente gallos de pelea. Los beneficios económicos que conseguía este grupo delictivo eran enormes, dado que el precio de un solo galgo podía alcanzar los 30.000 euros.
Finalmente, Díaz-Cano explicó que, durante un control rutinario en la A-4 durante la noche del jueves, fueron hallados 280 kilos de hachís en el interior de un vehículo cuyos ocupantes lograron huir.
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