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Las denuncias de médicos a pacientes se triplican en tres años en Asturias
Una juez condena a un año y medio de cárcel a un celador de un centro de salud de Gijón que agredió a un psiquiatra por negarse a darle la baja
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Las denuncias de médicos a pacientes aumentan en el Principado a un ritmo muy considerable. Las cifras se han triplicado en los tres últimos años, según los datos del Colegio de Médicos de Asturias. De las nueve contabilizadas en 2005 (año de apertura del registro colegial), se ha pasado a 12, en 2006; a 19, en 2007, y a 21, en lo que va de 2008, un ejercicio que podría cerrarse con cerca de una treintena de denuncias. Cuarenta de estos casos han llegado a la vía judicial. De ellos, 19 se han resuelto con una sentencia condenatoria y los restantes están en fase de tramitación.
Todos los casos tramitados por el Colegio de Médicos consisten en agresiones verbales, básicamente, amenazas, insultos o coacciones, según explicaron fuentes de la asesoría jurídica de la corporación médica. Sin embargo, algunos de estos episodios -no incluidos en el citado registro- han llegado a la violencia física. De hecho, ayer se conoció la segunda sentencia dictada en la región que califica de delito de atentado la agresión del usuario al facultativo, en este caso al psiquiatra Guillermo Rendueles.
Un caso que presenta una característica muy singular: el agresor y el agredido eran compañeros de trabajo, celador aquél y psiquiatra éste. El atacante ha sido condenado a un año de prisión por dicho delito y a otra de seis meses por una falta de lesiones (aunque no ingresará en la cárcel, al carecer de antecedentes penales). Asimismo, deberá indemnizar al médico con 4.731 euros.
El suceso acaeció en mayo de 2007. Tuvo como escenario el centro de salud de Pumarín, de Gijón. El agresor había amenazado al médico con matarlo si no le concedía la baja laboral. Asimismo, le ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica y tardaron 75 días en curar.
La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo penal número 3 de Gijón. Cuenta con un solo antecedente en Asturias: el pasado mes de abril, otra resolución judicial condenó a un año de prisión a una mujer que insultó y propinó un puñetazo en la mandíbula a su médica de cabecera -en un centro de salud de la cuenca del Nalón- por no extenderle todas las recetas que le había solicitado.
La sentencia difundida ayer por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) -que se ha hecho cargo de la representación y defensa de ambos profesionales- impone al acusado una pena de un año de prisión como responsable de un delito de atentado y otra de seis meses por una falta de lesiones. A esta sanción se le suma una falta de amenazas (que tuvieron como destinataria a la secretaria del centro de salud), a la que corresponde una multa de 20 días con cuota diaria de seis euros y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del médico y de comunicarse con él durante dos años y medio. Además, en concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar al médico con 4.731 euros. Contra la sentencia cabe apelación ante la Audiencia Provincial.
«La juez ha tenido en cuenta en su calificación la condición de funcionario público del médico agredido», indica el comunicado del Sespa, en alusión a la doctrina establecida tiempo atrás por el Tribunal Supremo, según la cual un ataque de particulares a quienes desempeñen funciones públicas puede ser constitutivo de atentado.
El Colegio de Médicos de Asturias había solicitado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región un tratamiento de estas características para las agresiones a facultativos. El Principado fue la tercera autonomía que logró esta calificación, que hoy constituye ya una práctica generalizada.
La sentencia considera probado que el condenado acudió al servicio de Urgencias del centro de salud de Pumarín. Al entrar en el despacho del doctor Rendueles, lo amenazó con matarlo si no le concedía la baja laboral. Abalanzándose sobre él, le ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica y que tardaron en curar 75 días, quedándole secuelas en la mano izquierda.
El comunicado del Sespa -que omite datos personales- señala: «Ha quedado acreditado que el acusado, que carecía de antecedentes penales, padecía un trastorno mixto límite de personalidad y que el día de autos había ingerido alcohol, por lo que sus facultades volitivas se hallaban ligeramente afectadas».
La nota del Sespa concluye indicando que la Administración sanitaria «dispone de un plan para prevenir y atender las situaciones conflictivas en los centros sanitarios».
Las denuncias de médicos a pacientes se triplican en tres años en Asturias
Una juez condena a un año y medio de cárcel a un celador de un centro de salud de Gijón que agredió a un psiquiatra por negarse a darle la baja
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Las denuncias de médicos a pacientes aumentan en el Principado a un ritmo muy considerable. Las cifras se han triplicado en los tres últimos años, según los datos del Colegio de Médicos de Asturias. De las nueve contabilizadas en 2005 (año de apertura del registro colegial), se ha pasado a 12, en 2006; a 19, en 2007, y a 21, en lo que va de 2008, un ejercicio que podría cerrarse con cerca de una treintena de denuncias. Cuarenta de estos casos han llegado a la vía judicial. De ellos, 19 se han resuelto con una sentencia condenatoria y los restantes están en fase de tramitación.
Todos los casos tramitados por el Colegio de Médicos consisten en agresiones verbales, básicamente, amenazas, insultos o coacciones, según explicaron fuentes de la asesoría jurídica de la corporación médica. Sin embargo, algunos de estos episodios -no incluidos en el citado registro- han llegado a la violencia física. De hecho, ayer se conoció la segunda sentencia dictada en la región que califica de delito de atentado la agresión del usuario al facultativo, en este caso al psiquiatra Guillermo Rendueles.
Un caso que presenta una característica muy singular: el agresor y el agredido eran compañeros de trabajo, celador aquél y psiquiatra éste. El atacante ha sido condenado a un año de prisión por dicho delito y a otra de seis meses por una falta de lesiones (aunque no ingresará en la cárcel, al carecer de antecedentes penales). Asimismo, deberá indemnizar al médico con 4.731 euros.
El suceso acaeció en mayo de 2007. Tuvo como escenario el centro de salud de Pumarín, de Gijón. El agresor había amenazado al médico con matarlo si no le concedía la baja laboral. Asimismo, le ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica y tardaron 75 días en curar.
La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo penal número 3 de Gijón. Cuenta con un solo antecedente en Asturias: el pasado mes de abril, otra resolución judicial condenó a un año de prisión a una mujer que insultó y propinó un puñetazo en la mandíbula a su médica de cabecera -en un centro de salud de la cuenca del Nalón- por no extenderle todas las recetas que le había solicitado.
La sentencia difundida ayer por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) -que se ha hecho cargo de la representación y defensa de ambos profesionales- impone al acusado una pena de un año de prisión como responsable de un delito de atentado y otra de seis meses por una falta de lesiones. A esta sanción se le suma una falta de amenazas (que tuvieron como destinataria a la secretaria del centro de salud), a la que corresponde una multa de 20 días con cuota diaria de seis euros y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del médico y de comunicarse con él durante dos años y medio. Además, en concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar al médico con 4.731 euros. Contra la sentencia cabe apelación ante la Audiencia Provincial.
«La juez ha tenido en cuenta en su calificación la condición de funcionario público del médico agredido», indica el comunicado del Sespa, en alusión a la doctrina establecida tiempo atrás por el Tribunal Supremo, según la cual un ataque de particulares a quienes desempeñen funciones públicas puede ser constitutivo de atentado.
El Colegio de Médicos de Asturias había solicitado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región un tratamiento de estas características para las agresiones a facultativos. El Principado fue la tercera autonomía que logró esta calificación, que hoy constituye ya una práctica generalizada.
La sentencia considera probado que el condenado acudió al servicio de Urgencias del centro de salud de Pumarín. Al entrar en el despacho del doctor Rendueles, lo amenazó con matarlo si no le concedía la baja laboral. Abalanzándose sobre él, le ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica y que tardaron en curar 75 días, quedándole secuelas en la mano izquierda.
El comunicado del Sespa -que omite datos personales- señala: «Ha quedado acreditado que el acusado, que carecía de antecedentes penales, padecía un trastorno mixto límite de personalidad y que el día de autos había ingerido alcohol, por lo que sus facultades volitivas se hallaban ligeramente afectadas».
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