La Guardia Civil expedienta al responsable de una asociación por un reportaje de ABC

La Guardia Civil expedienta al responsable de una asociación por un reportaje de ABC

La Guardia Civil ha abierto dos expedientes por faltas graves al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Madrid, Joaquín Cánovas. El Instituto Armado le acusa de violar el secreto profesional y hacer reclamaciones o peticiones a través de los medios de comunicación social (artículos 8.8 y 8.22 de la Ley de Régimen Disciplinario).

En concreto, la apertura de estos expedientes -comunicados ayer al propio Cánovas- se producen después de que el pasado 30 de agosto ABC publicara un reportaje sobre el mal estado de las instalaciones desde donde tienen que vigilar los guardias civiles la prisión Madrid II (Alcalá-Meco). En la información «Garitas tercermundistas en la cárcel», Cánovas denunciaba que estos habitáculos, de un metro cuadrado, sufrían todo tipo de carencias desde el punto de vista material e higiénico-sanitario, con ratas, salamandras y cucarachas pululando por las dependencias.

Las declaraciones de Cánovas a través de este periódico no cayeron en saco roto. A los dos días de la publicación del reportaje, el director y el administrador de Madrid II dieron orden de que se cambiaran los sillones de las garitas por unos nuevos y de que la limpieza en ellas se realizara dos veces en semana.

Esta actitud de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias nada tuvo que ver con la posterior de los mandos de la Uprose (Unidad de Protección y Seguridad) de la Guardia Civil, de quien dependen los agentes destinados a Alcalá-Meco. Ayer, el teniente coronel instructor Jesús Eladio Martín García firmaba la orden de apertura de los dos expedientes contra Cánovas.

El secretario de AUGC Madrid se mostró indignado: «Una vez más, la Guardia Civil abre a un secretario general y representante de una asociación profesional un expediente. La cuestión es que no hay un reglamento para tratar todos

estos problemas. Si a nosotros no se nos permite hablar ni defender a los asociados, difícilmente se puede desarrollar esa ley», indicó Cánovas, en referencia al texto legal aprobado por el Gobierno de Zapatero de derechos de la Guardia Civil. «Matar al mensajero» «Se opta -indicó Joaquín Cánovas- por matar al mensajero. Hoy [por ayer] se ha dado inicio a los expedientes. Una vez sean instruidos, el servicio jurídico decidirá si van hacia adelante. Tratan de quitarnos la voz, que las leyes entren en vigor».

Y esto lo dice Cánovas, quien ya fue expedientado por la manifestación de enero de 2007 en la Plaza Mayor y por la más reciente del 18 de octubre pasado por la Castellana. «Estamos pendientes de que nos puedan abrir expedientes también por esa manifestación», añadió.

La cuestión que quiere dejar también clara el secretario general de AUGC Madrid es que no se trata de expedientes políticos; es decir, que no los entiende como represalias desde Interior por la lucha sindical y asociativa que mantienen policías y guardias civiles con ese Ministerio. Entre otras cosas, porque no es el momento idóneo para echar más leña al fuego. Se trata, explicó el expedientado, de decisiones tomadas en el seno de la Guardia Civil, concretamente, de la Uprose.
Las dos faltas graves de las que se le acusa pueden acarrear la suspensión de empleo y sueldo por un total de seis meses, sumadas ambas imputaciones.

Arropado por los sindicatos

En su presentación ayer en el acuartelamiento de la Primera Zona de Madrid, en la calle de la Batalla del Salado, Joaquín Cánovas no estuvo solo. Le acompañaron los secretarios generales en Madrid de los sindicatos policiales SUP, UFP y