El Estado de Derecho y el Orden Público
¿De qué seguridad hablan?
J. Asens y G. Pisarello
Diagonal
La demanda de seguridad ciudadana suele ser una de las consignas
preferidas del populismo punitivo. En su nombre, se exigen medidas como
el endurecimiento de penas o la mayor contundencia policial frente a
las protestas sociales. Sin embargo, hay sucesos que permiten
cuestionar este planteamiento.
Uno de los más impactantes fue seguramente el que tuvo lugar durante los disturbios posteriores a la
victoria de la selección española en la Eurocopa. Entonces, un “objeto
volador” impactó en el abdomen del jefe de la Guardia Urbana de
Barcelona, Xavier Vilaró. A consecuencia de ello, el mando policial fue
ingresado en la UCI y sometido a una complicada operación en la que le
extirparon el bazo. Durante cinco días, el Ayuntamiento ocultó el
incidente y dio pie a todo tipo de conjeturas. Al final se supo que el
misterioso “objeto volador” había sido un proyectil de goma disparado
por la propia Policía catalana. O sea, una bala perdida entre fuego
amigo. Llaman mucho la atención las razones aducidas por las
instituciones responsables para explicar el ocultamiento de los hechos.
El mando policial, sin subterfugios, justificó su actitud como un acto
de “lealtad al sistema”. La portavoz municipal, en cambio, aludió al
respeto a la “intimidad” del afectado.
Este tipo de argumentos son recurrentes y obedecen a una vieja tentación predemocrática que
pretende excluir las actuaciones policiales de la crítica y el debate
político. El derecho a la información y a la verdad demasiado a menudo
se sacrifica a un discutible sentido de la “razón de Estado”. En el
caso Vilaró esa ocultación resulta aún más grave cuando la propia
identidad de la víctima –el mando que codirigía el dispositivo
policial– despeja cualquier duda sobre la arbitrariedad y el descontrol
que rigieron la actuación. ¿No debería el debate centrarse en la
legalidad del uso de unos proyectiles que pueden superar los 250
kilómetros y que amenazan seriamente la integridad física, no ya del
jefe de policía, sino de cualquier persona?
Debate sobre las armas
Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate
sobre el uso de ésta y otras armas policiales. En 2005, el uso no
autorizado de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte
de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar. Dos
años más tarde, algunas unidades policiales adquirieron unas temibles
pistolas Taser que han causado víctimas mortales en los EE UU. El mismo
año, entró en escena el celebre punzón llamado kubotán, utilizado sin
autorización por antidisturbios catalanes en una manifestación en
Barcelona. En el caso de las escopetas antidisturbios y las balas de
goma, el balance del último año en el Estado es preocupante: 60
personas hospitalizadas y cuatro que han perdido un ojo. En otras
ocasiones sus efectos incluso han sido letales. En la mayoría de países
europeos, muchos de estos instrumentos de represión están prohibidos y
han dado paso a métodos a priori menos contundentes.
En el Estado español, en cambio, todavía hoy forman parte del equipo
reglamentario de las unidades antidisturbios de las policías estatales
y autonómicas. Nada de esto tiene que ver con el ideal normativo de un
Estado de derecho en el que la gestión del orden público exige un uso
puntillosamente regulado y controlado de la fuerza. Además del
despliegue de medios o técnicas disuasorios lo menos lesivos posible.
La “lealtad al sistema”, o a los principios que las fuerzas de
seguridad aseguran defender, exigen no cerrar en falso sucesos como el
de Vilaró. Si un jefe de la Policía puede ser víctima de la
arbitrariedad policial, ¿qué puede esperar cualquier persona que
pretenda ejercer en las calles sus legítimos derechos de manifestación
y de protesta? ¿De qué seguridad hablan quienes dicen velar por la
seguridad ciudadana?
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¿De qué seguridad hablan?
J. Asens y G. Pisarello
Diagonal
Jaume Asens, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reclaman más control en el uso de la fuerza policial. |
La demanda de seguridad ciudadana suele ser una de las consignas
preferidas del populismo punitivo. En su nombre, se exigen medidas como
el endurecimiento de penas o la mayor contundencia policial frente a
las protestas sociales. Sin embargo, hay sucesos que permiten
cuestionar este planteamiento.
Uno de los más impactantes fue seguramente el que tuvo lugar durante los disturbios posteriores a la
victoria de la selección española en la Eurocopa. Entonces, un “objeto
volador” impactó en el abdomen del jefe de la Guardia Urbana de
Barcelona, Xavier Vilaró. A consecuencia de ello, el mando policial fue
ingresado en la UCI y sometido a una complicada operación en la que le
extirparon el bazo. Durante cinco días, el Ayuntamiento ocultó el
incidente y dio pie a todo tipo de conjeturas. Al final se supo que el
misterioso “objeto volador” había sido un proyectil de goma disparado
por la propia Policía catalana. O sea, una bala perdida entre fuego
amigo. Llaman mucho la atención las razones aducidas por las
instituciones responsables para explicar el ocultamiento de los hechos.
El mando policial, sin subterfugios, justificó su actitud como un acto
de “lealtad al sistema”. La portavoz municipal, en cambio, aludió al
respeto a la “intimidad” del afectado.
Este tipo de argumentos son recurrentes y obedecen a una vieja tentación predemocrática que
pretende excluir las actuaciones policiales de la crítica y el debate
político. El derecho a la información y a la verdad demasiado a menudo
se sacrifica a un discutible sentido de la “razón de Estado”. En el
caso Vilaró esa ocultación resulta aún más grave cuando la propia
identidad de la víctima –el mando que codirigía el dispositivo
policial– despeja cualquier duda sobre la arbitrariedad y el descontrol
que rigieron la actuación. ¿No debería el debate centrarse en la
legalidad del uso de unos proyectiles que pueden superar los 250
kilómetros y que amenazan seriamente la integridad física, no ya del
jefe de policía, sino de cualquier persona?
Debate sobre las armas
Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate
sobre el uso de ésta y otras armas policiales. En 2005, el uso no
autorizado de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte
de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar. Dos
años más tarde, algunas unidades policiales adquirieron unas temibles
pistolas Taser que han causado víctimas mortales en los EE UU. El mismo
año, entró en escena el celebre punzón llamado kubotán, utilizado sin
autorización por antidisturbios catalanes en una manifestación en
Barcelona. En el caso de las escopetas antidisturbios y las balas de
goma, el balance del último año en el Estado es preocupante: 60
personas hospitalizadas y cuatro que han perdido un ojo. En otras
ocasiones sus efectos incluso han sido letales. En la mayoría de países
europeos, muchos de estos instrumentos de represión están prohibidos y
han dado paso a métodos a priori menos contundentes.
En el Estado español, en cambio, todavía hoy forman parte del equipo
reglamentario de las unidades antidisturbios de las policías estatales
y autonómicas. Nada de esto tiene que ver con el ideal normativo de un
Estado de derecho en el que la gestión del orden público exige un uso
puntillosamente regulado y controlado de la fuerza. Además del
despliegue de medios o técnicas disuasorios lo menos lesivos posible.
La “lealtad al sistema”, o a los principios que las fuerzas de
seguridad aseguran defender, exigen no cerrar en falso sucesos como el
de Vilaró. Si un jefe de la Policía puede ser víctima de la
arbitrariedad policial, ¿qué puede esperar cualquier persona que
pretenda ejercer en las calles sus legítimos derechos de manifestación
y de protesta? ¿De qué seguridad hablan quienes dicen velar por la
seguridad ciudadana?
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