radiogranada.es
Rechazada la comisión de investigación sobre el servicio de seguridad pedida por PP
El pleno de la Diputación de Granada ha rechazado hoy, con los votos en contra del equipo de gobierno (PSOE e IU) y a favor del PP, una moción de este grupo que solicitaba la creación de una comisión de investigación y el inicio del expediente para la rescisión del contrato a Segurisa, la empresa de seguridad. El PP ha elevado a pleno esta petición después de que un juzgado de lo Social declarara nulo el despido de la jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de la institución.
Con la comisión de investigación, el PP pretende que se analicen presuntas irregularidades en el proceso previo a la adjudicación del servicio de vigilancia y supuestos incumplimientos de la empresa, como la no elaboración de los planes de formación y de seguridad integral, ha explicado el diputado Antonio Granados, para quien se trata de un caso de "mobbing institucional" ejercido por una persona -el coordinador de seguridad, ya cesado- contratada por Diputación.
El PSOE ha argumentado su rechazo en que ya ha tomado la decisión de contratar una auditoría externa para analizar los supuestos incumplimientos de Segurisa, a la que se rescindirá el contrato si del informe que emita la auditora se evidencian irregularidades.
"Abrir un expediente para rescindir el contrato sin criterios técnicos y jurídicos sería una irresponsabilidad", según el portavoz del grupo socialista, José María Aponte, quien ha precisado que el equipo de gobierno ya abrió un expediente informativo a la empresa que está paralizado al haberse adoptado la decisión de contratar la auditoría externa, en la que participarán los tres grupos.
En cuanto a la petición de una comisión de investigación, Aponte, que ha acusado al PP de hacer un "uso político" de este asunto, ha sostenido que la adjudicación del contrato cumplió "todos los requisitos legales" y se aprobó sin informes desfavorables y con el beneplácito de la mesa de contratación, en la que estaba el PP, que no alegó nada en contra para su revocación, según el socialista.
Por su parte, la portavoz de IU, Asunción Pérez Cotarelo, ha negado trato de favor en la adjudicación del servicio, ha dicho que fue su grupo el primero en pedir la readmisión de la trabajadora y en investigar las irregularidades de la empresa y que lo único que cabe ya es que concluya el proceso para que se rescinda el contrato.
"Es la tercera vez que el PP utiliza este charquito en el que quieren seguir revolcándose", ha indicado Pérez Cotarelo tras considerar que "ya está bien de pedir comisiones de investigación".
Los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno son "vagos e imprecisos", a juicio del diputado del PP, para quien la auditoría externa anunciada por el PSOE ya debía estar en marcha.
Granados, para quien el PSOE ha demostrado "insolvencia en la gestión" del servicio de seguridad, ha considerado además que, "aunque sea por imagen", la Diputación debió haber instado a la empresa a que no recurriera la sentencia.
El debate sobre la empresa de seguridad y vigilancia ha derivado en un intercambio de descalificaciones entre Granados (PP) y Cotarelo (IU), que recriminó a aquel que calificara su intervención en el pleno como propia de quien sufre un "delirium tremens", cuando ese tipo de delirio lo padecen quienes han tenido "alguna adicción", según la diputada, que lo único que padece, dijo, es un resfriado.
Cotarelo sacó además a colación unas críticas de Granados sobre su reciente viaje a Cuba para cerrar proyectos culturales por las que la diputada de IU le ha llamado en el pleno "mezquino y ruin".
Ha recriminado a Granados que hiciera esas críticas después de que ella le enviara desde La Habana, en viaje institucional, un mensaje telefónico -que exhibió- felicitándole por su cumpleaños.
Publicada el Martes, 25 de Noviembre de 2008 por Redaccion
Rechazada la comisión de investigación sobre el servicio de seguridad pedida por PP
El pleno de la Diputación de Granada ha rechazado hoy, con los votos en contra del equipo de gobierno (PSOE e IU) y a favor del PP, una moción de este grupo que solicitaba la creación de una comisión de investigación y el inicio del expediente para la rescisión del contrato a Segurisa, la empresa de seguridad. El PP ha elevado a pleno esta petición después de que un juzgado de lo Social declarara nulo el despido de la jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de la institución.
Con la comisión de investigación, el PP pretende que se analicen presuntas irregularidades en el proceso previo a la adjudicación del servicio de vigilancia y supuestos incumplimientos de la empresa, como la no elaboración de los planes de formación y de seguridad integral, ha explicado el diputado Antonio Granados, para quien se trata de un caso de "mobbing institucional" ejercido por una persona -el coordinador de seguridad, ya cesado- contratada por Diputación.
El PSOE ha argumentado su rechazo en que ya ha tomado la decisión de contratar una auditoría externa para analizar los supuestos incumplimientos de Segurisa, a la que se rescindirá el contrato si del informe que emita la auditora se evidencian irregularidades.
"Abrir un expediente para rescindir el contrato sin criterios técnicos y jurídicos sería una irresponsabilidad", según el portavoz del grupo socialista, José María Aponte, quien ha precisado que el equipo de gobierno ya abrió un expediente informativo a la empresa que está paralizado al haberse adoptado la decisión de contratar la auditoría externa, en la que participarán los tres grupos.
En cuanto a la petición de una comisión de investigación, Aponte, que ha acusado al PP de hacer un "uso político" de este asunto, ha sostenido que la adjudicación del contrato cumplió "todos los requisitos legales" y se aprobó sin informes desfavorables y con el beneplácito de la mesa de contratación, en la que estaba el PP, que no alegó nada en contra para su revocación, según el socialista.
Por su parte, la portavoz de IU, Asunción Pérez Cotarelo, ha negado trato de favor en la adjudicación del servicio, ha dicho que fue su grupo el primero en pedir la readmisión de la trabajadora y en investigar las irregularidades de la empresa y que lo único que cabe ya es que concluya el proceso para que se rescinda el contrato.
"Es la tercera vez que el PP utiliza este charquito en el que quieren seguir revolcándose", ha indicado Pérez Cotarelo tras considerar que "ya está bien de pedir comisiones de investigación".
Los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno son "vagos e imprecisos", a juicio del diputado del PP, para quien la auditoría externa anunciada por el PSOE ya debía estar en marcha.
Granados, para quien el PSOE ha demostrado "insolvencia en la gestión" del servicio de seguridad, ha considerado además que, "aunque sea por imagen", la Diputación debió haber instado a la empresa a que no recurriera la sentencia.
El debate sobre la empresa de seguridad y vigilancia ha derivado en un intercambio de descalificaciones entre Granados (PP) y Cotarelo (IU), que recriminó a aquel que calificara su intervención en el pleno como propia de quien sufre un "delirium tremens", cuando ese tipo de delirio lo padecen quienes han tenido "alguna adicción", según la diputada, que lo único que padece, dijo, es un resfriado.
Cotarelo sacó además a colación unas críticas de Granados sobre su reciente viaje a Cuba para cerrar proyectos culturales por las que la diputada de IU le ha llamado en el pleno "mezquino y ruin".
Ha recriminado a Granados que hiciera esas críticas después de que ella le enviara desde La Habana, en viaje institucional, un mensaje telefónico -que exhibió- felicitándole por su cumpleaños.
Publicada el Martes, 25 de Noviembre de 2008 por Redaccion
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