Industria se plantea dar cupones de descuento para subvencionar la luz
La ayuda la pagarían las empresas eléctricas y protegería a las rentas más bajas de la liberalización de los precios
El Ministerio de Industria negocia con las empresas eléctricas la entrega de un bono social para proteger a las rentas bajas de la liberalización del precio de la electricidad y de las previsibles subidas que se aplicarán a partir del próximo año.
La propuesta está incluida en las negociaciones que mantienen desde hace un mes el Ministerio y las eléctricas para intentar atajar el famoso déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes). En principio, parece que hay acuerdo entre las dos partes.
La medida imitaría el modelo del Reino Unido, pionero en la liberalización de los precios que impone la Unión Europea (UE). El baremo que se tendría en cuenta es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), equivalente al antiguo salario mínimo interprofesional, aunque el umbral de ingresos está por definir.
La medida, que Industria no comenta, podría ir acompañada de una ampliación de la tarifa social, lanzada en julio pasado con escaso éxito (sólo ha habido 40.000 peticiones).
Tampoco hay estimaciones sobre el coste de estos bonos de descuento, que se entregarían a los clientes como ayuda para pagar su recibo mensual. Lo que sí está acordado con las empresas eléctricas es que, de implantarse, lo pagarían ellas. Sería una parte del “esfuerzo” que Miguel Sebastián, responsable de Industria, ha pedido en repetidas ocasiones a las empresas del sector, para atajar el déficit de tarifa, que este año rondará los 15.000 millones de euros.
En cualquier caso, lo que las eléctricas perdieran por un lado lo ganarían por otro. Fuentes de la negociación apuntan que el rediseño del sistema de tarifas que prepara el Ministerio para que los precios recojan los costes reales podría incluir tres escalones.
El primero, con precios reducidos, sería para las rentas más bajas. En el segundo, que podría incluir al 35% de los clientes, los precios recogerían los costes reales de forma progresiva, lo que implicaría importantes subidas de precios a medio plazo. Y un tercer escalón sería para quienes consuman más energía, que incluirá penalizaciones sobre el tramo anterior por incurrir en derroche, en aras de la eficiencia energética.
Cambio de discurso
La posibilidad de tomar como referencia el Iprem para fijar el precio de la luz en las rentas más bajas ya ha sido sugerida por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), hasta ahora, sin éxito. En julio pasado, Sebastián, consideró “más justo” fijar la llamada tarifa social a partir de la potencia contratada que teniendo en cuenta la renta, ya que la opción del Iprem podría conducir al “fraude”.
La ayuda la pagarían las empresas eléctricas y protegería a las rentas más bajas de la liberalización de los precios
El Ministerio de Industria negocia con las empresas eléctricas la entrega de un bono social para proteger a las rentas bajas de la liberalización del precio de la electricidad y de las previsibles subidas que se aplicarán a partir del próximo año.
La propuesta está incluida en las negociaciones que mantienen desde hace un mes el Ministerio y las eléctricas para intentar atajar el famoso déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes). En principio, parece que hay acuerdo entre las dos partes.
La medida imitaría el modelo del Reino Unido, pionero en la liberalización de los precios que impone la Unión Europea (UE). El baremo que se tendría en cuenta es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), equivalente al antiguo salario mínimo interprofesional, aunque el umbral de ingresos está por definir.
La medida, que Industria no comenta, podría ir acompañada de una ampliación de la tarifa social, lanzada en julio pasado con escaso éxito (sólo ha habido 40.000 peticiones).
Tampoco hay estimaciones sobre el coste de estos bonos de descuento, que se entregarían a los clientes como ayuda para pagar su recibo mensual. Lo que sí está acordado con las empresas eléctricas es que, de implantarse, lo pagarían ellas. Sería una parte del “esfuerzo” que Miguel Sebastián, responsable de Industria, ha pedido en repetidas ocasiones a las empresas del sector, para atajar el déficit de tarifa, que este año rondará los 15.000 millones de euros.
En cualquier caso, lo que las eléctricas perdieran por un lado lo ganarían por otro. Fuentes de la negociación apuntan que el rediseño del sistema de tarifas que prepara el Ministerio para que los precios recojan los costes reales podría incluir tres escalones.
El primero, con precios reducidos, sería para las rentas más bajas. En el segundo, que podría incluir al 35% de los clientes, los precios recogerían los costes reales de forma progresiva, lo que implicaría importantes subidas de precios a medio plazo. Y un tercer escalón sería para quienes consuman más energía, que incluirá penalizaciones sobre el tramo anterior por incurrir en derroche, en aras de la eficiencia energética.
Cambio de discurso
La posibilidad de tomar como referencia el Iprem para fijar el precio de la luz en las rentas más bajas ya ha sido sugerida por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), hasta ahora, sin éxito. En julio pasado, Sebastián, consideró “más justo” fijar la llamada tarifa social a partir de la potencia contratada que teniendo en cuenta la renta, ya que la opción del Iprem podría conducir al “fraude”.
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