El Congreso obliga al Gobierno a publicar el patrimonio de los ministros en cuatro meses

El Congreso obliga al Gobierno a publicar el patrimonio de los ministros en cuatro meses
MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una moción que da un plazo de cuatro meses al Gobierno para aprobar el reglamento que permita hacer públicos los bienes de los ministros y secretarios de Estado, conforme a la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos de 2006.

Aquella norma, que reformó el régimen de incompatibilidades, estableció que los miembros del Gobierno deberán hacer pública la relación de sus bienes en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, esa novedad, surgida del programa electoral socialista de 2004, no se ha llegado a cumplir porque estaba supeditada a un reglamento que el Ministerio no ha llegado a alumbrar, pese a que tenía un plazo de cuatro meses que acabó hace dos años.

El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, interpeló por esta cuestión a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien indicó hace una semana que ese reglamento no ha sido prioritario y que su aprobación está condicionada a la anunciada supresión del impuesto de Patrimonio, hoy se ha aprobado en la Comisión de Economía del Congreso.

En la moción consecuencia de aquella interpelación, el grupo de ERC-IU-ICV señalaba que no le servían esos argumentos ya que, con o sin Impuesto de Patrimonio, "el Gobierno continúa teniendo la obligación de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley" y su obligación es garantizar que los mecanismos legalmente establecidos sean eficaces.

Por ello, Herrera había planteado sólo tres meses para aprobar "las normas de desarrollo reglamentario necesarias para regular la forma en que han de efectuarse las diferentes declaraciones" de los altos cargos. El PSOE intentó condicionar ese plazo a la definitiva supresión del Impuesto de Patrimonio y propuso en una enmienda dejar ese plazo en cuatro meses, lo que finalmente fue aceptado por ERC-IU-ICV.
Un reglamento en un cajón

En el debate de la moción, el diputado de ICV ha denunciado la falta de "voluntad política" del Gobierno para aplicarla. Incluso, dio a entender que la labor ya está hecha por los antecesores de Elena Salgado. Es más, mostró a la Cámara el reglamento que en su día preparó el entonces ministro Jordi Sevilla y que todavía duerme "en un cajón".

. La socialista Meritxell Batet quiso dejar claro que, con independencia de la publicación o no de los bienes de los ministros, "lo más relevante" es que la Ley de Conflictos de Intereses se cumple y que los altos cargos siguen presentando sus declaraciones de bienes y actividades en la oficina correspondiente del Ministerio de Administraciones Públicas.

En todo caso, admitió que habrá reglamento y que se mantiene el compromiso de aprobarlo en cuatro meses. "Y será un reglamento de un Gobierno socialista, al igual que fue la ley de 2006, que modificó la ley de 1995 que había sido interpretada de forma laxa por los Gobierno del PP", sentenció.

El representante de CiU, Jordi Jané, mostró sus dudas sobre si publicar los bienes de los ministros ayuda al objetivo que se pretende. "Publicitar determinados datos no es el buen camino —aseveró—. Nos tememos que no va a tener las consecuencias finales que algunos pretendían".
El hermano de la vicepresidenta

Desde el PP, el portavoz de Administraciones Públicas, Rafael Merino, se ha preguntado por qué los socialistas aprueban leyes "a bombo y platillo" para incumplirlas y ha tachado de "desfachatez" que hoy admitan un nuevo plazo de cuatro meses para el reglamento de incompatibilidades cuando no lo han hecho en dos años.

En nombre del PP, Merino ha anunciado que su grupo suscribe íntegramente el discurso de Herrera, algo que a su juicio prueba la "ineficacia" y "maldad política" del Gobierno.

Además, aprovechó para criticar el nombramiento del hermano de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como director gerente de la Fundación Repsol YPF, un cargo al que finalmente ha renunciado para no perjudicar a su familia, según se ha conocido este martes.

Merino sugirió que Jesús Fernández de la Vega podría haberse quedado "disfrutando de su pensión de jubilación" y haber cedido su puesto en Repsol a uno de los españoles que se están quedando en paro por la gestión del Gobierno socialista. Y mezcló este caso de Repsol con otras polémicas que han salpicado a miembros del Gobierno como el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a cuenta de sus respectivas residencias.