TERESA NICOLÁS | ARONA La Delegación del Gobierno ha sancionado con 3.000 euros a cada uno a los dos policías locales de Adeje implicados en la trama de las escoltas ilegales denunciadas en su momento por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Se trata del agente R. A. P. y O. F. .
Los hechos se remontan al año 2006 y fueron denunciados por agentes de la Policía Nacional y motivaron la apertura de un expediente disciplinario, suspensión de empleo y sueldo por parte del Ayuntamiento de Adeje que intentó que lo sucedido con los funcionarios no trascendiera más allá de las propias dependencias municipales, debido a la implicación de uno de ellos en asuntos presuntamente ilícitos, en la actualidad pendiente de resolución judicial.
Los implicados en la trama de las escoltas ilegales, con fines lucrativos, han recibido hace escasos días la notificación de la sanción, considerada por Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Local de Adeje, "razonable en función de lo sucedido".
El 26 de abril de 2006 la Alcaldía, al frente de José Miguel Rodríguez Fraga, comunicó a los afectados la apertura de expedientes disciplinarios, a raíz del informe realizado por el jefe de la Policía Local y la denuncia que realizó en su momento sobre el asunto, ante la Subdelegación del Gobierno, la propia Policía Nacional.
Los expedientes en cuestión se abren al entender que los agentes han cometido dos faltas "muy graves"y una "grave", según se denunció la Policía Nacional ante la Subdelegación del Gobierno, "al prestar sin el debido permiso del Ministerio del Interior, un servicio de escolta, con fines lucrativos, a la esposa de un alto mandatario africano que se alojaba en un conocido hotel de Costa Adeje". La trama de las escoltas ilegales fue duramente criticada por la oposición municipal, especialmente por CC y PP.
Unos hechos considerados sólo "graves"
La implicación del agente reincidente de la Local de Adeje, R.A.P. , en
la trama de las escoltas ilegales, se saldó por parte del Ayuntamiento
con una sanción de 30
días de suspensión de funciones, que llevó aparejada la pérdida
de los derechos inherentes a la
condiciones laborales. El Ayuntamiento consideró que el implicado -que negó parte de los hechos imputados- cometió una "falta grave". Resolución
que no convenció para nada a la oposición y tampoco al sindicato mayoritario de la Policía Local en Adeje, Comisiones Obreras, que calificó los hechos no como graves, sino "como muy graves". El portavoz del PP, Andrés Montiel, fue uno de los más críticos de la oposición y reprochó a la responsable de Seguridad Ciudadana, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, el no haber actuado con mayor diligencia, en un asunto, a su entender "de extrema gravedad", ya que los implicados, uno de ellos reincidente en presuntos hechos ilícitos, además de todo, cuando actuaban en privado portaban las armas de Policía Local de Adeje, algo completame prohibido y penado.
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Los hechos se remontan al año 2006 y fueron denunciados por agentes de la Policía Nacional y motivaron la apertura de un expediente disciplinario, suspensión de empleo y sueldo por parte del Ayuntamiento de Adeje que intentó que lo sucedido con los funcionarios no trascendiera más allá de las propias dependencias municipales, debido a la implicación de uno de ellos en asuntos presuntamente ilícitos, en la actualidad pendiente de resolución judicial.
Los implicados en la trama de las escoltas ilegales, con fines lucrativos, han recibido hace escasos días la notificación de la sanción, considerada por Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Local de Adeje, "razonable en función de lo sucedido".
El 26 de abril de 2006 la Alcaldía, al frente de José Miguel Rodríguez Fraga, comunicó a los afectados la apertura de expedientes disciplinarios, a raíz del informe realizado por el jefe de la Policía Local y la denuncia que realizó en su momento sobre el asunto, ante la Subdelegación del Gobierno, la propia Policía Nacional.
Los expedientes en cuestión se abren al entender que los agentes han cometido dos faltas "muy graves"y una "grave", según se denunció la Policía Nacional ante la Subdelegación del Gobierno, "al prestar sin el debido permiso del Ministerio del Interior, un servicio de escolta, con fines lucrativos, a la esposa de un alto mandatario africano que se alojaba en un conocido hotel de Costa Adeje". La trama de las escoltas ilegales fue duramente criticada por la oposición municipal, especialmente por CC y PP.
Unos hechos considerados sólo "graves"
La implicación del agente reincidente de la Local de Adeje, R.A.P. , en
la trama de las escoltas ilegales, se saldó por parte del Ayuntamiento
con una sanción de 30
días de suspensión de funciones, que llevó aparejada la pérdida
de los derechos inherentes a la
condiciones laborales. El Ayuntamiento consideró que el implicado -que negó parte de los hechos imputados- cometió una "falta grave". Resolución
que no convenció para nada a la oposición y tampoco al sindicato mayoritario de la Policía Local en Adeje, Comisiones Obreras, que calificó los hechos no como graves, sino "como muy graves". El portavoz del PP, Andrés Montiel, fue uno de los más críticos de la oposición y reprochó a la responsable de Seguridad Ciudadana, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, el no haber actuado con mayor diligencia, en un asunto, a su entender "de extrema gravedad", ya que los implicados, uno de ellos reincidente en presuntos hechos ilícitos, además de todo, cuando actuaban en privado portaban las armas de Policía Local de Adeje, algo completame prohibido y penado.
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