Una empresa vinculada a la ultraderecha vigilará monumentos de la Generalitat

Una empresa vinculada a la ultraderecha vigilará monumentos de la Generalitat
La empresa del líder de España 2000 controlará el castillo de Miravet
MIQUEL NOGUER / LYDIA GARRIDO - Barcelona / Valencia - 01/02/2009


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Una empresa de seguridad propiedad del político ultraderechista
valenciano José Luis Roberto será, desde mañana, la encargada de
vigilar varios recintos dependientes del Departamento de Cultura de la
Generalitat en Tarragona. Levantina de Seguridad, una compañía con
varios trabajadores condenados por agresiones en Valencia y Castellón,
y cuyo propietario es fundador del partido ultraderechista España 2000,
desplegará a sus agentes de seguridad en monumentos emblemáticos como
el castillo de Miravet, la cartuja de Scaladei y el castillo de
Escornalbou.

Cultura asegura que Levantina de Seguridad cumple la normativa

El Departamento de Cultura de la Generalitat, en manos del
republicano Joan Manuel Tresserras, justifica la contratación de esta
empresa porque, según un portavoz, "cumple todos los requisitos
legales" y, añade, "fue la única que se presentó al concurso de proceso
negociado".La concesión del servicio a esta compañía ha causado
gran malestar en varios colectivos de Tarragona conocedores del estilo
que utilizan los guardas de Levantina de Seguridad en la Comunidad
Valenciana, donde está la sede de la compañía. Los agentes de Levantina
de Seguridad, en muchos casos ex policías nacionales y ex guardias
civiles, están especializados en la vigilancia y control de acceso en
locales nocturnos y han estado en el epicentro de numerosísimas
polémicas en la Comunidad Valenciana por la agresividad de algunos de
sus agentes. Varios de ellos han sido condenados.La estética de
los vigilantes, más próxima a un grupo paramilitar que a un guarda de
seguridad, caracteriza a los agentes de Levantina de Seguridad. También
sus tatuajes y la simbología que lucen en sus atuendos, que en algunos
casos recuerda a motivos neonazis.Preguntado por EL PAÍS, el
Departamento de Cultura quitó hierro a la contrata. Un portavoz explicó
que este departamento no ha hecho más que seguir el protocolo. Éste
consiste en que, cuando necesitan empresas de seguridad, acuden al
registro de empresas homologadas por la Generalitat y por Economía. "En
este caso había cuatro posibles empresas en la provincia de Tarragona
que podían optar al concurso, pero sólo lo hizo Levantina de
Seguridad", aseguró. El mismo portavoz dijo desconocer si Levantina de
Seguridad o sus agentes tienen condenas por agresiones.Cultura
también recordó que la filiación partidista de los propietarios de las
empresas contratistas no influye en los concursos. El portavoz no pudo
concretar si es impedimento para formar parte del registro de la
Generalitat el hecho de tener condenas por agresión. Levantina de
Servicios, recordó, también forma parte de las empresas homologadas por
el Ministerio de Interior para ejercer tareas de seguridad privada.España
2000, fundado por el propietario de Levantina de Seguridad, tiene
contactos en Cataluña con el partido ultramontano de Josep Anglada,
Plataforma per Catalunya. España 2000 logró en las últimas elecciones
municipales dos concejales en las provincias de Castellón y Valencia y
un total de 5.893 sufragios.


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......

Saludos

Y O Y I

ERC lamenta que la Generalitat contrate a la empresa de un ultra
Reus también usó los servicios de Levantina de Seguridad

Los sectores críticos de Esquerra Republicana han iniciado una campaña
contra el consejero de Cultura, el también republicano Joan Manuel
Tresserras, por haber contratado a una empresa de seguridad valenciana
vinculada a movimientos de extrema derecha para controlar monumentos
como el castillo de Miravet. Reagrupament.cat, el sector de ERC
liderado por el ex consejero Joan Carretero, llama desde su página en
Internet a enviar correos de protesta al consejero para expresar su
disconformidad con la adjudicación a Levantina de Seguridad del control
de los accesos al castillo de Miravet, a la cartuja de Scaladei y al
castillo de Escornalbou, todos en la provincia de Tarragona, tal como
avanzó este diario el domingo.

"Los antecedentes violentos que tiene esta empresa no son
compatibles con los valores que pretenden transmitir estos monumentos y
el propio Gobierno", dice la web de Reagrupament.cat., que
recuerda las vinculaciones con la extrema derecha de José Luis Roberto,
el propietario de Levantina de Seguridad. En la web de
Reagrupament se facilita, incluso, el correo electrónico personal del
consejero. La dirección de ERC salió ayer al paso de las críticas
asegurando que la contratación de Levantina de Seguridad se hizo
cumpliendo la normativa interna de la Generalitat, que requiere la
autorización previa del Departamento de Economía. Con todo, el
secretario general de ERC, Joan Ridao, admitió que contratar a la
empresa del fundador del partido ultraderechista España 2000 hace "daño
a la vista" por los antecedentes violentos de algunos de sus
trabajadores.La Generalitat insistió ayer en que no puede
derogar el contrato con Levantina de Seguridad porque, afirma, cumple
todos los requisitos. Además, no sólo Cultura los ha contratado. En
2005, el Ayuntamiento de Reus -gobernado por el PSC, ERC e Iniciativa-
dejó en manos de esta empresa la seguridad de eventos comerciales,
turísticos y culturales. Entre otros, el mercado de Navidad, la Festa
de l'Oli y un concierto popular. Una asamblea ciudadana, que agrupó a
colectivos alternativos de Reus, envió cartas al Consistorio para
frenar la presencia de Levantina en la ciudad. "Sabemos cómo las
gastan. Son peligrosos", dijo ayer uno de los miembros de la asamblea,
que pidió el anonimato, informa Pilar Encuentra. Los colectivos
creen que aquella presión fue clave. Un portavoz municipal precisó que
el contrato con Levantina cesó "cuando dejó de ser la mejor oferta".Levantina
de Seguridad está homologada por el Ministerio del Interior desde 1980.
La única vía para retirar, temporalmente, la habilitación a una empresa
de seguridad es que cometa una infracción muy grave; o sea, que
contrate a vigilantes sin habilitación, siempre y cuando la empresa
conozca esa irregularidad.

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