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El fiscal pide cárcel para los policías que detuvieron al guarda del centro de inmigrantes de la Cruz Roja
Les acusa de detención ilegal, falsificación de documentos oficiales y lesiones
M. Reyes
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Fachada del centro de inmigrantes de Cruz Roja en el que
ocurrieron los hechos
La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita entre nueve y doce años de prisión para cuatro policías nacionales a los que acusa de detención ilegal, falsificación de documento oficial y lesiones. Según relata el ministerio público en el escrito de acusación, los agentes irrumpieron sin autorización judicial en el centro de inmigrantes de Miller Bajo que gestiona Cruz Roja, detuvieron sin ningún motivo al vigilante de seguridad y uno de los policías le agredió en el rostro con los grilletes, causándole dos heridas de varios centímetros que requirieron intervención médica y puntos de sutura.
El único que golpeó al vigilante fue Sergio R. C., un oficial que esa mañana del 25 de enero de 2007 estaba al mando del grupo policial. De ahí que el fiscal Miguel Pallarés reclame para él 12 años y seis meses de cárcel, en concreto seis por la detención ilegal, tres por las lesiones y otros tres años y medio por denuncia falsa.
A los otros tres agentes no se les acusa de golpear al vigilante, pero sí de los otros dos delitos. La pena solicitada para José Antonio A. G., Luis Javier B. P. y José Antonio M. C. es de nueve años y medio, esto es, la misma que para el oficial si se excluye el delito de lesiones. Y es que, según el fiscal, sabían "que no concurría ninguna causa legítima para practicar la detención", pues el guarda no había "ejercido violencia ni agresión alguna sobre el oficial".
Sin embargo, los acusados elaboraron al día siguiente un atestado para falsear la realidad de lo ocurrido. Según ellos, el vigilante les obstaculizó la entrada al centro, les llamó "hijos de puta" y agarró al oficial por la pechera para tratar de tirarlo al suelo. El atestado imputaba un delito contra la autoridad al detenido, que fue puesto en libertad a las cuatro horas y citado al día siguiente en el juzgado de guardia. Pero el juez acordó el sobreseimiento a petición de la fiscalía, pues no se apreció "hecho punible alguno".
El fiscal pide cárcel para los policías que detuvieron al guarda del centro de inmigrantes de la Cruz Roja
Les acusa de detención ilegal, falsificación de documentos oficiales y lesiones
M. Reyes
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Fachada del centro de inmigrantes de Cruz Roja en el que
ocurrieron los hechos
La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita entre nueve y doce años de prisión para cuatro policías nacionales a los que acusa de detención ilegal, falsificación de documento oficial y lesiones. Según relata el ministerio público en el escrito de acusación, los agentes irrumpieron sin autorización judicial en el centro de inmigrantes de Miller Bajo que gestiona Cruz Roja, detuvieron sin ningún motivo al vigilante de seguridad y uno de los policías le agredió en el rostro con los grilletes, causándole dos heridas de varios centímetros que requirieron intervención médica y puntos de sutura.
El único que golpeó al vigilante fue Sergio R. C., un oficial que esa mañana del 25 de enero de 2007 estaba al mando del grupo policial. De ahí que el fiscal Miguel Pallarés reclame para él 12 años y seis meses de cárcel, en concreto seis por la detención ilegal, tres por las lesiones y otros tres años y medio por denuncia falsa.
A los otros tres agentes no se les acusa de golpear al vigilante, pero sí de los otros dos delitos. La pena solicitada para José Antonio A. G., Luis Javier B. P. y José Antonio M. C. es de nueve años y medio, esto es, la misma que para el oficial si se excluye el delito de lesiones. Y es que, según el fiscal, sabían "que no concurría ninguna causa legítima para practicar la detención", pues el guarda no había "ejercido violencia ni agresión alguna sobre el oficial".
Sin embargo, los acusados elaboraron al día siguiente un atestado para falsear la realidad de lo ocurrido. Según ellos, el vigilante les obstaculizó la entrada al centro, les llamó "hijos de puta" y agarró al oficial por la pechera para tratar de tirarlo al suelo. El atestado imputaba un delito contra la autoridad al detenido, que fue puesto en libertad a las cuatro horas y citado al día siguiente en el juzgado de guardia. Pero el juez acordó el sobreseimiento a petición de la fiscalía, pues no se apreció "hecho punible alguno".
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