Cabildo de Gran Canaria destina 5,7 millones al servicio de vigilancia y seguridad en dependencias insulares hasta 2011

Cabildo de Gran Canaria destina 5,7 millones al servicio de vigilancia y seguridad en dependencias insulares hasta 2011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a concurso el servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias e inmuebles de la institución insular con un presupuesto de licitación de 5.716.734 euros y 285.836 euros de Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). El servicio tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del año 2011, contado a partir del siguiente de la firma del contrato.

En concreto el objeto del contrato se realizará por tramitación ordinaria y el procedimiento será abierto con varios criterios, según información hoy del Boletín Oficial de la Provincia recogida por Europa Press.

Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía provisional.

Los interesados podrán presentar sus propuestas en los próximos quince días naturales en el Edificio Insular I, en la capital grancanaria. La documentación a presentar se encuentra en la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base a esta licitación y se encuentra publicado en el Perfil del Contratante de la página web '[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Gran Canaria
06/08/2009 Actualizada el 06/08 a las 23:45
El Cabildo revisa su seguridad con Cecapyme en alerta

Canarias7 | Las Palmas de Gran Canaria
Al Cabildo de Gran Canaria le está costando más de lo previsto adjudicar el concurso de seguridad y vigilancia de sus instalaciones. Dos veces se ha reunido la Mesa de Contratación y otras tantas ha quedado el expediente sobre la mesa. La patronal Cecapyme detecta irregularidades en el informe de evaluación.

La Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria ha sido convocada hoy nuevamente para analizar el procedimiento de adjudicación del Contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Dependencias e Inmuebles de la Corporación, un expediente al que se presentaron cinco empresas -Seguridad Integral Canaria, Securitas, Serramar, Prosegur y Segur Ibérica- y que mueve un importe de cinco millones de euros. En la actualidad, el servicio es prestado por Seguridad Integral Canaria.

En dos sesiones anteriores de la Mesa de Contratación se dejó sobre la mesa la adjudicación, ante las dudas de los grupos de gobierno respecto al informe de evaluación emitido por el Servicio de Régimen Interior de la Consejería de Presidencia, con la firma de su jefe accidental, Rafael Martínez Campos. En dicho informe, la propuesta mejor valorada es la de Serramar, una empresa con sede social en la Península.

A las dudas de los grupos cabildicios se suma la advertencia por escrito remitida desde la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), con fecha del pasado 31 de julio y firmada por su vicepresidente, Domingo Gutiérrez Hernández. En el texto, Cecapyme recuerda que en el pliego de prescripciones técnicas se recoge expresamente que «las empresas licitadoras deberán tener abierta y operativa en Gran Canaria, bien su sede principal, una delegación o sucursal, debidamente autorizada por el Ministerio del Interior». A renglón seguido, Cecapyme muestra su extrañeza por el hecho de que Serramar SL «licitó al concurso sin tener una ‘delegación en Gran Canaria homologada’ por el Ministerio del Interior y se le tuvo en cuenta como el resto de empresas que sí la tenían. No es justo que a una empresa se le permita licitar cuando hay empresas de seguridad canarias que no se han podido presentar por no tener el requisito de ‘delegación homologada’ en Gran Canaria por el Ministerio del Interior y saber que estarían excluidas del concurso. En Tenerife existen empresas de ámbito autonómico e incluso estatal que no han podido presentarse por no tener el requisito de delegación homologada en Gran Canaria». Asimismo, Cecapyme destaca que Serramar «incumple» también la normativa en materia de certificaciones, regulada por la Entidad Nacional de Acreditación. En el escrito, el vicepresidente de Cecapyme subraya que en el caso de Serramar «la única delegación que está certificada es la de Monforte de Lemos (Lugo). El resto de delegaciones no están certificadas, con lo cual la puntuación en este apartado debería de ser 0.»

Según su página web, Serramar dispondría de delegaciones en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria cuyo teléfono de contacto es, curiosamente, el mismo: un móvil.

laprovincia.es » Gran Canaria

El Cabildo adjudica a Serramar su servicio de vigilancia
El certificado ambiental de la ganadora "se ajusta a los pliegos del contrato"

ANÍBAL RAMÍREZ
La Mesa Permanente de Contratación del Cabildo de Gran Canaria propuso ayer la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad en sus inmuebles y dependencias a la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad con el aval del informe jurídico que señala que el certificado de gestión ambiental presentado por esta entidad "se ajusta a los pliegos del contrato".


Esta resolución, que se elevará a la Consejería de Presidencia insular para su ratificación, contó con el voto en contra del PP. La oferta ganadora establece un presupuesto de 4.987.500 euros por la prestación de este servicio desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011. En segunda lugar, queda la actual concesionaria de la vigilancia insular, Seguridad Integral Canaria. Le siguen Segur Ibérica, Securitas y Prosegur.


La tercera reunión de la mesa de contratación del Cabildo para abordar este polémico concurso decidió emitir por fin su veredicto con la presentación del solicitado informe jurídico. El documento del Servicio de Asesoría Jurídica indica que en el pliego nada se dice que el certificado medioambiental deba especificar que su ámbito territorial comprende la isla de Gran Canaria.


"Lo que pretenden las entidades que han presentado alegaciones (Seguridad Integral Canaria y Cecapyme) en contra del certificado aportado por la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad es, simplemente, que el Cabildo en este momento introduzca un criterio nuevo de adjudicación que no contempla el pliego de cláusulas administrativas", se expone en el informe jurídico. Además, se aclara que la Entidad Nacional de Acreditación, a la que se acogen las entidades reclamantes, es un organismo designado por la administración "carente de cualquier potestad normativa".


El Grupo Socialista justificó su voto afirmativo en base a los informes de Intervención y la Asesoría Jurídica. El consejero de Hacienda y Contratación, Luis Ibarra, apuntó a título personal que no hay nada que objetar a los criterios objetivos (oferta económica y certificado ambiental), si bien indicó "ciertas discrepancias" en la valoración de los criterios subjetivos, relativos a horas adicionales, mejoras, instalación de aparatos, mantenimiento y centro de control.


La portavoz de NC, Inés Jiménez, justificó su apoyo ante los informes de Intervención y la Asesoría Jurídica y consideró "inmaculada" la valoración realizada por los técnicos del Servicio de Régimen Interior de la Consejería de Presidencia.


Por su parte, el representante del PP, Carlos Sánchez indicó que después de las tres reuniones no tiene "absolutamente claro" que la propuesta hecha por el Servicio de Régimen Interior fuese la mejor oferta. El popular señaló que los criterios subjetivos deberían tener un "carácter menos interpretativo".