La Justicia anula el contrato entre Diputación y Eulen Seguridad

El equipo de Gobierno de la Institución Provincial aseguró que «el 9 de febrero Presidencia firmó una resolución declarando nula la adjudicación, acantando la sentencia».
El Partido Popular explicó que el juzgado competente acusa a la Diputación Provincial de fijar, unilateral y sin previo aviso, criterios nuevos de adjudicación del servicio de seguridad
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Albacete ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación que realizó la Diputación Provincial de Albacete a la empresa Eulen Seguridad S.A. por un valor de 940.000 euros.
El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, Constantino Berruga, dio cuenta ayer del resultado de esta sentencia. Según Berruga, «en la misma existen una serie de circunstancias especialmente llamativas y graves para una Institución pública como es la Diputación».
El diputado provincial explicó que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo acusa a la Diputación de «fijar unilateral y sin previo aviso un criterio nuevo de adjudicación llegando a romper sus propias normas».
Según Constantino Berruga, la sentencia señala además que «se ha producido la más absoluta indefensión de Fénix Seguridad Privada, S.A.», empresa que impugna esa adjudicación. El PP explica que la sentencia les parece «grave, perjudicial para los intereses de la provincia y un flaco favor a los ayuntamientos de la provincia ya que debería dar ejemplo». Además aseguran que «la Diputación ha actuado de manera arbitraria y que a ciertas empresas les genera una situación de indefensión».
Por esto, el PP acusa a la Diputación Provincial de arbitrariedad y también de «oscurantismo porque el contenido de la sentencia no se dio a conocer al representante del PP en la mesa de negociación, y por no facilitar el documento a los miembros populares».
Por todo ello, el Partido Popular anunció que pedirán explicaciones y responsabilidades en el próximo Pleno que celebre la Institución Provincial.

respuesta. En relación a la rueda de prensa ofrecida por el PP, el equipo de Gobierno quiso dejar constancia de que en la misma fecha en la que la sentencia fue firme (9 de febrero de 2009) se ejecutó. Según el PSOE esto significa que Presidencia firmó una resolución declarando nula de pleno derecho la adjudicación del contrato del servicio y la convocatoria de un nuevo concurso, acatando así la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo.
En estos momentos el nuevo proceso de licitación está en trámite administrativo, según los socialistas. El equipo de Gobierno quiere desmentir las acusaciones del Grupo Popular en el sentido de que se ha actuado con arbitrariedad y oscurantismo, ya que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la sentencia se optó por su ejecución, lo que evidencia que no se ha querido causar perjuicio alguno a las empresas que concurrieron al concurso. El PSOE quiere dejar claro que la adjudicación del contrato se hizo mediante un concurso al que se presentaron 12 empresas, y que la propuesta de adjudicación respondía a la valoración de las distintas ofertas realizada por los técnicos de la institución.
Por último, el equipo de Gobierno ha explicado que el recurso interpuesto por una de las empresas obedece a que, una vez notificada la resolución de la adjudicación, no pudo consultar la documentación debido a que ya había sido devuelta a las empresas.